"El prior de la comunidad benedictina de la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no puede otorgar su preceptiva autorización para exhumar los restos de un católico que yace en lugar sagrado -en el presente caso, por expresa disposición de SM Juan Carlos I, que entregó tales restos a esta comunidad para su cuidado y custodia- sin el indispensable consentimiento de los familiares del finado".
El prior del Valle de los Caídos, fray Santiago Cantera, expresó así el pasado 26 de diciembre, en carta dirigida a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "la postura que desde esta comunidad y desde otros ámbitos de la Iglesia católica se ha mantenido desde un principio" sobre la pretensión del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco (1892-1975). Actualmente, bajo una lápida escuetamente labrada con su nombre, se encuentran tras el altar mayor de la basílica. Allí reposan, no por decisión propia (pues no se conoce disposición suya al respecto), sino del monarca y del Gobierno actuantes en el momento de su fallecimiento.
La ministra había remitido a la abadía el 11 de diciembre una solicitud de exhumación, mero trámite para dar vida a un proceso que, según decidió el 17 de diciembre la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, decidirá en todo caso dicho tribunal. Los magistrados deberán pronunciarse, por un lado, sobre la legalidad de una pretensión del ejecutivo de Pedro Sánchez, que choca contra la exigencia por parte de la legislación civil de una iniciativa familiar para la exhumación de restos; y, por otro lado, sobre la legalidad de las normas "de caso único" con las que La Moncloa pretende solventar cualquier obstáculo a sus planes. Las disposiciones con las que el Gobierno intenta disfrazar su objetivo único, que es Franco, son tan insólitas que obligarían a exhumar a los 19 monjes benedictinos enterrados en su propia abadía.
El Gobierno quiere incluso prohibir, caso de que los restos sean exhumados, que la familia los entierre donde desea, que es el panteón familiar en la cripta de la céntrica catedral de La Almudena de Madrid.
Según recuerda el padre Cantera al Gobierno, la basílica donde se encuentra la tumba de Franco es un "lugar de culto que goza del privilegio de inviolabilidad", teniendo la Iglesia la "exclusiva competencia" sobre él, en virtud del artículo I.5 de los acuerdos vigentes entre el Estado español y la Santa Sede: "Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes".
Como es "pública y notoria la oposición de los familiares a la exhumación", explica el prior del Valle, no puede otorgar la autorización solicitada: "Incumpliríamos principios religiosos y morales que no podemos desconocer, y podríamos afectar a derechos fundamentales de los familiares del difunto produciéndoles un perjuicio irreparable".
En cualquier caso, fray Santiago Cantera afirma que, "como no podía ser de otra manera, esta comunidad está sujeta a lo que decidan en su día las autoridades competentes que, dado el carácter conflictivo de la cuestión, no pueden ser otras que las judiciales".