El número de matrimonios contraídos en 2010 descendió un 3,5 por ciento respecto al año anterior (6.329 uniones menos), frente al aumento en un 2,5 por ciento de las rupturas familiares (3.086). Así, por cada cuatro matrimonios que se produjeron el año pasado se registraron tres rupturas, según el Instituto de Planificación Familiar.

Concretamente, el IPF ha revelado que la tasa de ruptura de matrimonios ha crecido en un 60 por ciento en los últimos diez años, pasando de 47 rupturas por cada 100 matrimonios en el año 2000 a 75 rupturas por cada 100 uniones en el 2010, cuando ha alcanzado "su valor máximo", según el presidente del IPF, Eduardo Hertfelder. En este sentido, advierte de que, de seguir esta tendencia, "en los próximos años se producirán tantas rupturas como matrimonios".


Por comunidades, Canarias registra anualmente más rupturas que matrimonios -121 rupturas por cada 100 matrimonios--, seguida de la Comunidad Valenciana --89 rupturas por cada 100 matrimonios-- y Cataluña --83 rupturas por cada 100 matrimonios--.


Mientras, el País Vasco, con 57 rupturas por cada 100 matrimonios, junto a la Rioja y Navarra, ambas con 58 rupturas por cada 100 matrimonios respectivamente, son las comunidades autónomas con menos rupturas por cada 100 matrimonios.


Esta situación "crítica" se produce, según ha apuntado Hertfelder, porque el matrimonio en España sufre "una doble amenaza": la implementación de "leyes regresivas como la ley del divorcio exprés que están impulsando la ruptura familiar a pesar, incluso, de la crisis económica", y el hecho de que "cada vez se casan menos españoles".


Así, considera que existe una "necesidad urgente" de que las administraciones actúen "de inmediato" para "evitar o, al menos, amortiguar" este descenso del número de matrimonios, y les insta a preguntarse "si es un bien en sí mismo favorecer la reconciliación matrimonial y evitar, por tanto, la ruptura matrimonial".

"En caso afirmativo" -sigue Hertfelder- "es necesario ser consecuentes y desarrollar políticas públicas activas y preventivas, con perspectiva de familia que ayuden a los matrimonios en crisis a intentar superar las distintas conflictividades".

Por todo ello, el IPF anima a los distintos partidos políticos a que "aborden este problema sin dilación" y a que propongan soluciones y alternativas para reducir la ruptura familiar así como amortiguar "los efectos negativos que se producen tanto en los cónyuges como en los hijos" pues, a su juicio, mientras la estabilidad conyugal trae consigo "un mejor desarrollo personal e integral", la ruptura provoca "dramas, fracasos personales y familiares".