La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado una declaración sobre el proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida en la que reconocen la "intención laudable" de la normativa pero advierten que podría suponer "una legalización encubierta de prácticas eutanásicas".

Durante la celebración de su CCXX reunión que ha tenido lugar el miércoles y el jueves en Madrid, los obispos españoles han aprobado una declaración sobre el proyecto de ley de muerte digna, cuyo contenido íntegro se hará público el próximo lunes, en la que reiteran que "la vida de cada persona es sagrada, también cuando es débil, sufriente o se encuentra al final de su tiempo en la tierra" y que "las leyes han de proteger siempre su dignidad y garantizar su cuidado".

Por ello, la Conferencia Episcopal admite en el documento la "intención laudable" del proyecto al pretender proteger la dignidad de las personas en el final de su vida sin despenalizar la eutanasia. Sin embargo, los obispos señalan que "una concepción de la autonomía de la persona, como prácticamente absoluta, y el peso que se le da a tal autonomía en el desarrollo de la ley acaban por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia".

En este sentido, la CEE recuerda que el propio concepto de dignidad humana queda negativamente afectado en el proyecto "puesto que parece sostenerse implícitamente que una vida humana podría carecer de dignidad tutelable en el momento en el que así lo dispusiera autónomamente la parte interesada e incluso eventualmente un tercero".

El texto aprobado por los obispos señala también que el Proyecto de Ley emplea una definición reductiva del concepto de eutanasia, con la que se deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración. Se señalan algunas conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal como, por ejemplo, la posible sedación inadecuada, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos.

La Declaración episcopal se muestra crítica con el trato que recibe en la Ley el derecho humano fundamental de libertad religiosa, con el hecho de que los profesionales de la sanidad queden prácticamente reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes y con que no les sea reconocido el derecho a la objeción de conciencia.

Por último, el texto vuelve a proponer un modelo de Testamento Vital, acorde con la Doctrina Católica, que es una redacción actualizada del que ya ofreció en su momento la Conferencia Episcopal Española.