“Buenas tardes Hermanos y Hermanas. Gracias por acompañarnos hoy en este Templo de la Cultura que es el Ateneo de Madrid”. Así, en clave masónica, comenzó su intervención Santiago Castellà, patrón de la Fundación Ferrer i Guardia, en la tarde del martes en la presentación del primer Anuario de la Laicidad en España, recién editado por dicha Fundación.

La Fundación Ferrer i Guardia, que recibe generosas subvenciones a fondo perdido del erario público, es uno de los principales Lobby laicistas de España. Está presidida por el jurista y financiero Joan Francesc Pont, gran comendador del Supremo Consejo Masónico de España, y grado 33 de la masonería.

En esta primera intervención, Santiago Castellà se deleitó a sí mismo y a su entregado público, mayormente compuesto de “abueletes” republicanos de la tercera edad -seamos sinceros-, con un repaso de los principales hitos de la vida de la fundación desde sus inicios en los años 80 del pasado siglo.

Hizo especial énfasis en la “tarea educadora” de la fundación en los “valores” del librepensamiento y de la laicidad con la juventud. Actualmente, solo en Cataluña, la fundación regenta 130 clubs infantiles, 30 organizaciones scouts y 30 casas de juventud o ateneos laicos para adolescentes, donde se adoctrina a niños a partir de 8 años en librepensamiento, nacional-laicismo y “ética pública”.

En total, la Fundación llega a una red de 17.000 jóvenes sólo en Cataluña, según reconoció Castellà, alternando actividades de ocio con clases de adoctrinamiento. “Ahora estamos comenzando una red de guarderías para que niños de 0 a 3 años puedan iniciar ya de jovencitos su formación en valores del librepensamiento”, apuntó Castellá.

David Prujà, director de la Fundación, hizo un repaso a los principales capítulos del Anuario, que consta de 160 páginas. Apoyado en numerosos gráficos, el Anuario, parapetándose en una opción de conciencia laica, incide en todos los lugares comunes de los supuestos privilegios de la Iglesia Católica, de la ideología de género y de una cosmovisión donde Dios y su Providencia han sido expulsados del ser humano y de la sociedad o espacio público.

El Anuario señala que la sociedad española, especialmente la juventud, se aleja progresivamente de la práctica religiosa, lo que considera una evolución positiva. Se aporta numeroso material gráfico de variadas fuentes.

El número de matrimonios civiles ha superado recientemente el de matrimonios por la Iglesia. La sociedad española se seculariza. Aun así reconocen que un 60 por ciento de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años se consideran católicos.

Según el informe, las zonas más laicas de España son Cataluña, Madrid y el País Vasco, mientras que las zonas con mayor número de “adscritos” al catolicismo son Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Gran Canaria (con ratios superiores al 80%). Se trata de un análisis muy superficial y, por tanto, de dudosa validez científico. ¿No está acaso experimentando “el laico” Madrid un verdadero boom en vocaciones de jóvenes al Seminario y a las órdenes contemplativas? Se aborda la cantidad, se ignora la calidad.

Destacan varios capítulos en defensa de los supuestos derechos sexuales y reproductivos de la mujer (derecho al aborto, etc.) y del matrimonio entre homosexuales, considerando como fraude las terapias de cura de ciertas prácticas homosexuales.

No absoluto a la libertad de objeción en respeto de la vida. En fin, se trata de una ética pública opuesta a la “moral privada que la Iglesia quiere imponer al conjunto de la sociedad”, pero con sus dogmas ideológicos y una fuerte ración de intolerancia. También intenta establecer un vínculo entre violencia y religión. Veto absoluto a la escuela católica y a la enseñanza de la religión en la escuela pública.

Destaca un capítulo dedicado a las visitas del Papa en Santiago y Barcelona y la próxima Jornada Mundial de la Juventud en agosto de este año. Ya que la financiación de las actividades procede en su mayor parte de empresas privadas, a los autores del Anuario les parece insoportable que éstas puedan deducir fiscalmente los gastos incurridos.

En torno a las visitas del Papa, existe una verdadera obsesión economicista ¿Por qué aviones del ejército, a costa del erario público, tienen que escoltar por cortesía al Papa?, se quejan. Por supuesto, los beneficios para España de la visita de un millón largo de jóvenes extranjeros en la JMJ son pasados por alto.

Donde el Anuario carga las tintas es en su obsesión contra la Iglesia Católica y “sus privilegios”. Hay que abolir el Concordato. Confunden siempre Iglesia y Jerarquía, como si los millones de fieles movilizados no tuviéramos convicciones propias o fuésemos menores de edad.

La mayoría de la sociedad española, dicen, considera excesivo el poder de la Iglesia y su capacidad de influencia. La Iglesia debería dejar de influir en las votaciones del Parlamento o en las decisiones del gobierno, afirman. Da la impresión de que la Iglesia cuenta con varias divisiones militares para imponer su “moral privada”. Si Stalin resucitase…

Donde el acto alcanzó su mayor clímax y paroxismo fue durante el turno de preguntas. Se sucedieron intervenciones de público y oradores, que rivalizaban mutuamente por ver quién era más nacional-laicista, rozando en ocasiones el sentimiento de vergüenza ajena. Como aquel señor que afirmaba que financiar a la Iglesia Católica con 10.000 millones de euros anuales (¿?) era un crimen, un asesinato. Con ese dinero se podían arreglar todos los defectos de la educación y la sanidad pública.

¿10.000 millones de euros anuales para la Iglesia? Para David Prujà, director del informe, la Iglesia recibe del estado entre 7.000 y 10.000 millones de euros anuales, pero la cifra no se sabe con precisión escudándose en “la falta de transparencia reinante”.

Se llega a esa cifra (tan solo el 2,5% del PIB aproximadamente) al incluir no solamente la asignación tributaria voluntaria, sino el coste de los conciertos de educación y sanidad, las exenciones fiscales de los que donamos a ONGs de la Iglesia, las asignaciones tributarias a ONGs de la Iglesia (Manos Unidas, Caritas, etc.), deducciones fiscales de empresas privadas patrocinadoras de eventos, costo de la visitas del Papa, capellanías en hospitales y castrenses, más un largo etcétera.

Como se ve un “totum revolutum”. Por supuesto, no se contempla que la actividad educativa y sanitaria de la Iglesia genera valor para la sociedad amén de suponer un fuerte ahorro al estado, por no hablar de la labor de Caritas o Manos Unidas. Pero para el Anuario, nacional-laicismo es estado puro, la opinión de muchos ciudadanos que desean capellanes en hospitales o la enseñanza de la religión simplemente no cuenta.

Hay que denunciar la “industria educativa católica” y la “industria sanitaria católica”, afirmó Prujà, como si los colegios u hospitales concertados fueran negocio. Hay que dejar de financiar la conservación del Patrimonio de la Iglesia, mientras el estado no sea libre de decidir que uso se da a los lugares de culto. ¿Y la cantidad de turismo extranjero que genera el patrimonio de la Iglesia, en beneficio de la sociedad civil?

El nacional-laicismo ve fantasmas por todas partes. Hasta en el tripartito que ha gobernado Cataluña hasta las últimas elecciones autonómicas en esa autonomía. Catellà denunció lo que considera la “transversal monserratina” en Cataluña. Según él, hay vaticanistas en todos los partidos catalanes desde IC Izquierda Unida hasta Convergencia i Unió y el PPC, pasando por el Esquerra Republicana y el PSC. La Iglesia tiene demasiados partidarios en esos partidos (¿?).

Cómo si no, se pregunta Catellà, se explica que el anterior director de la TV pública catalana, durante el tripartito, fuera creyente y su “única obsesión era erradicar la pornografía de la TV” (sic).

Lo dicho, paroxismo extremo. Hilarante si no fuera por la capacidad de presión e influencia de la Fundación Ferrer i Guardia entre la sociedad y la clase política española, para imponer el nacional-laicismo. Una Fundación, no lo olvidemos, que no predica con el ejemplo, porque vive a costa del erario público, es decir, de los impuestos.