La Ministra Pajín sigue con su cruzada de imponer a toda costa la hoja de ruta de la ingenería social más laicista, y para ello quiere aprobar en el Parlamento un anteproyecto de la Ley titulado: De Igualdad de Trato y la No Discriminación.

Si está ley viera luz verde, la educación separada en España estará condenada a desaparecer.

Para la ministra Pajín, la educación separada por sexos, algo muy extendido en Estados Unidos y los países escandinavos, deberá dejar de existir, y para ello se retirarán todas las subvenciones que reciben del Estado los colegios concertados o, sufriran multas de hasta 500.000 euros los centros privados que no son receptores de esas ayudas públicas.

El proyecto de ley supone un ataque frontal a los centros que educan a niños y a niñas de forma separada en las aulas, a los que el Gobierno amenza con suprimir las subvenciones.

La ministra Pajín hizo hincapié ayer en que quitar los conciertos a estas escuelas «no vulnera el derecho de los padres a la libre educación, ni tampoco a la creación de nuevos colegios. No se trata de que desaparezcan, sino de no financiar este tipo de centros».
En el artículo 44 del nuevo anteproyecto de Ley, el Gobierno reserva un amplio enunciado dedicado a las multas. Habrá tres tipos de infracciones. Leves (irregularidades formales), con multa de entre 150 y 10.000 euros. Graves (cualquier discriminación), con multa de entre 10.001 y 60.000 euros. Y muy graves (para reincidentes y los que practiquen acoso discriminatorio), con multas de hasta 500.000 euros.

De esta forma, las escuelas de iniciativa privada que no reciben subvenciones del Estado y que tengan una educación separada por sexos, estarían abocadas a cerrar ante la amenaza permanente de abordar multas de hasta 500.000 euros, algo que, hoy por hoy, ningún colegio de iniciativa social en España podría afrontar.

La patronal de los centros católicos, FERE-CECA, manifestó que la norma «resta elección a los padres» y la patronal de la privada, CECE, concluyó que el Gobierno están legislando en contra de la doctrina del Supremo que en todas sus sentencias da la razón a la educación diferenciada.

Por su parte, Concapa considera que «reduce la libertad de los españoles» y promueve una enseñanza «absolutamente sectaria».

La ley sí daría cobertura legal al uso del velo islámico en las aulas, ya que persigue acabar con cualquier tipo de desigualdad por razón de religión.

El texto recoge que «nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

El empleo y trabajo, la educación, la sanidad, las prestaciones sociales, el acceso a al vivienda, el acceso a los espacios públicos y los medios de comunicación serán objetos de la ley.