La noticia el año pasado de que algunos centros sanitarios en Cataluña en los que tiene participación la Iglesia se practican abortos y se distribuyen en el servicio de urgencias  píldoras abortivas causó, y sigue causando, malestar en diversos sectores de la población, particularmente entre los feligreses y el clero.
 
Se trata de los hospitales Sant Pau (Barcelona), Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat), que pertenece a la Orden de San Juan de Dios, y el Hospital de Sant Celoni (Tarrasa), ubicados en los territorios de la archidiócesis de Barcelona y las diócesis de Sant Feliú y Tarrasa.
 
Tal malestar llevó en marzo pasado al sacerdote Ignasi Fuster a dimitir apelando a la “objeción de conciencia”, a título personal y pese a la disconformidad de su obispo José Ángel Saiz Meneses, no solo de su cargo de vicepresidente de la junta del patronato del Hospital de Sant Celoni sino también a poner a disposición su cargo de párroco de la parroquia de la misma localidad.

Pero Fuster no es el único que ha mostrado su disconformidad con la situación de la Iglesia en dichos centros de salud. El pasado 5 de abril, otro sacerdote, esta vez de la archidiócesis de Barcelona, Custodio Ballester, envió una carta al arzobispo de Barcelona, el cardenal Luis Martínez Sistach, expresándole su preocupación por los graves sucesos que estaban ocurriendo en los hospitales.
 
En la misiva, el sacerdote suplicaba que “se denuncie públicamente y se ponga fin  a esta escandalosa situación y a cualquier participación, representación y connivencia de la Iglesia Católica  en las juntas de gobierno de los Hospitales de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, del Hospital General de Granollers en Terrassa, del Hospital Comarcal de Sant Celoni (Terrassa) y del Hospital Materno-infantil de San Juan de Dios en la diócesis de Sant Feliu. Que así quede en evidencia la imposibilidad de colaborar de cualquier modo con un crimen abominable que clama justicia”. A fecha de hoy, el padre Ballester no ha recibido aún respuesta alguna de su arzobispo.
 
Movido por esta misma preocupación, Ballester, que es párroco de Inmaculada Concepción de Hospitalet de Llobregat, y aprovechando su visita a Roma para la beatificación de Juan Pablo II, hizo llegar una copia de la misiva, sellada con el acuse de recibo del arzobispado barcelonés, a diversos dicasterios vaticanos.
 
“La carta la presenté en la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Congregación para los Obispos, en la Pontificia Academia para la Vida, y en el Pontificio Consejo de para los Agentes Sanitarios. Ahora solo queda esperar a que todo llegue a buen puerto y se solucione”, comenta a Religión en Libertad.

 Uno de los oficiales vaticanos confirmó al padre Ballester que Roma no solo ya estaba al tanto del problema sino que, incluso, ya se había pronunciado. “El Vaticano ya era consciente de este escándalo”, dice a ReL el párroco. “El oficial me aseguró que el Vaticano ya había advertido a los prelados de Barcelona, Sant Feliu y Tarrasa que la Iglesia debía abandonar dichos hospitales pero que hasta ese momento no habían contestado a dicha indicación”.
 
Según le hicieron saber a Ballester a inicios de marzo pasado en Barcelona, la directiva de la Santa Sede ha sido cursada a los obispos hace, al menos, tres meses atrás.

El sacerdote admite que la situación es “escandalosa” y que hay muchos elementos en juego. “Se trata, entre otras cosas, de un tema de ‘posicionamiento social’. Los obispados temen perder relevancia en el ámbito social local y las ‘buenas y beneficiosas’ relaciones con la Generalitat”.