La delegada del Gobierno, María Dolores Carrión, anunció ayer que había solicitado un informe a la Abogacía del Estado para que hiciera una valoración si la anunciada "procesión atea" vulnera la Constitución.
Carrión, recientemente nombrada delegada del Gobierno, explicó que había pedido este estudio a la Abogacía del Estado "para mayor seguridad y con el fin de garantizar que se cumplan todos los derechos".
Respecto al anuncio del Ayuntamiento de Madrid de que prohibiría la marcha atea del Jueves Santo, que Carrión dijo no sentirse "presionada". "Estoy segura de que no habrá ningún problema y que se resolverá todo como debe ser en un Estado de Derecho, conforme a la Ley", dijo.
Entre tanto, y con la intención de obtener la aprobación de la marcha, la Asociación Madrileña de Librepensadores (Amal) y la Playa de Lavapiés, convocantes del acto, remitieron a la Delegación del Gobierno una nueva petición, ya no de una "procesión" (como inicialmente lo habían hecho) sino de "manifestación" ante la querella que interpuso la semana pasada la Asociación Estatal de Abogados Cristianos.
Sin embargo, Luis Vega, presidente de Amal, insistió en preservar el término "procesion" para el acto ya que ese término "no es exclusivo de católicos y no aceptamos que nosotros no podamos hacer lo mismo".
Asimismo, Vega dio a conocer que la asociación Ateos en Lucha ha sido excluida de la marcha por apoyar la quema de iglesias en la República, algo que pretendían subrayar pasando por la de las Escuelas Pías.
Vega aseguró que acatarán la decisión que tome la Delegación, una autorización que plantean como un reto para comprobar "el grado de aconfesionalidad" del Estado.