La nueva delegada del Gobierno, Dolores Carrión, ha señalado que no le corresponde al departamento que dirige dar el visto bueno o prohibir la blasfema “procesión atea” convocada para el próximo Jueves Santo en Lavapiés.
 
“Ese acto no es una manifestación. La Delegación del Gobierno no tiene competencia para autorizar las procesiones ni este tipo de manifestaciones festivas o de este tipo, que es como podríamos calificarlas. La Delegación se ha inhibido a favor del Ayuntamiento”, ha declarado Carrión a la prensa tras la presentación de su cargo el mediodía de este jueves.
 
Sin embargo, el Ayuntamiento dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón ha enviado un informe a la Delegación explicando que es ese organismo el que debe tomar la decisión. “La delegada considera que es un acto público, festivo; pero, cuando estudie en profundidad el informe, verá que no es así, sino que puede haber alteraciones del orden público. Pensar lo contrario sería una tomadura de pelo”, han dicho desde el Consistorio madrileño, según Ep.
 
Según sus convocantes, la procesión atea contará con los pasos de como “la congregación de la cruel inquisición, la Hermandad de la santa Pedofilia, de la cofradía del Papa del Santo Latrocinio y demás pasos ateos”.
 
Además, según explica en su web la Asociación de Ateos y Librepensadores (Amal), uno de los convocantes, se representará de manera crítica, diversos pasajes de la parafernalia católica. Por su parte, para la asociación vecinal ´La Playa de Lavapiés´ se tratará de una "fiesta de la primavera", en parte reivindicativa y en parte lúdica, "una intervención en el espacio público para poner de relieve la hipocresía social y moral que representa la Semana Santa católica".
 
Por tanto, siguiendo el informe elaborado por el Ayuntamiento y la Policía Municipal, en caso de autorizarse la ´procesión atea´, requeriría la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por ende, habría que replantearse de quién sería la competencia de prohibir o modificar su recorrido para evitar incidentes.
 
Por otra parte, unas 60.000 personas ya han firmado hasta este miércoles para pedir a la nueva delegada del Gobierno en Madrid que prohíba el acto blasfemo convocado para el Jueves Santo y que desfilará paralela a la tradicional católica, ha informado HazteOir.org, una de las entidades que ha impulsado la recogida de firmas.

HazteOir recuerda que la intención de los manifestantes es "castigar a la conciencia católica" y "hacer daño sin contemplaciones", una procesión "en la que previsiblemente, y por los datos que han trascendido, ridiculizará las creencias religiosas, en particular las de los católicos".