El subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Ricardo García García, y un sargento de la Guardia Civil –identificado bajo el número profesional U-91493-U– tendrán que declarar como imputados el próximo día 10 de febrero ante el juzgado de instrucción número 4 de San Lorenzo de El Escorial por un presunto delito contra la libertad de culto y religiosa. Los hechos que se les imputan ocurrieron en el Valle de los Caídos durante el cierre de la basílica que impidió a los feligreses asistir al servicio religioso durante días. El querellante, el sindicato Manos Limpias, ha logrado con esta actuación del juez un hito histórico, pues no se recuerdan aperturas de diligencias por un ataque a la libertad religiosa, que en este caso atañe además a la religión abrumadoramente mayoritaria en nuestro país: la católica.
“Es una victoria de la libertad”, explica a LA GACETA Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias. “La responsabilidad está clara. El subdelegado ordenó vallar el recinto pretextando que el desmontaje de la Piedad podía amenazar la seguridad de los transeúntes, pero mientras se prohibía el paso a los visitantes que se sabía que venían a misa, se permitía el paso a autobuses de japoneses”. Manos Limpias pedirá la pena máxima para ambos imputados, que varía entre los seis meses y los seis años de prisión. Previsiblemente, el sargento se escudará en la obediencia debida al subdelegado, quien a su vez insistirá en el argumento de la seguridad.