Las clarisas rebeldes de Belorado han empezado procesos legales en una comisaría de la Policía Nacional en Logroño contra el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.

Lo han hecho al día siguiente de que Iceta anunciara que el Papa le ha designado como encargado pontificio para encauzar la situación de Belorado y de que explicara que obraría con paciencia, tiempo, prudencia y tratando de hablar con cada religiosa.

La respuesta ha sido una rápida denuncia en comisaría, aunque al darse en otra comunidad autónoma (La Rioja, y no Castilla y León) sus efectos legales pueden demorarse algo.

El actual portavoz de las clarisas de Belorado es José Ceacero, que viste de sacerdote y es el colaborador del pseudo-obispo Pablo de Rojas. Juntos integran una controvertida asociación llamada Pía Unión de San Pablo Apóstol que viene a enseñar, básicamente, que los 1.300 millones de católicos están equivocados y que ellos dos y algunos seguidores más son la "verdadera" iglesia católica.

Ceacero se explayó con declaraciones a los medios de comunicación este jueves, en la verja de entrada del monasterio, asegurando que ni Roma ni Iceta pueden intervenir en las clarisas y los bienes de su monasterio porque ellas ya se han declarado fuera de la Iglesia.

Así, la denuncia que ellas han presentado en Logroño acusa al arzobispo Iceta de "violación del derecho de libre asociación y principio de libre separación" y de "abuso de poder y usurpación de la representación legal".

"En el momento en que ellas se separan, quedan fuera de su jurisdicción. Ni el señor Iceta, ni Roma, ni nadie, puede imponer el Derecho Canónico, porque en España el Derecho Canónico no puede estar por encima del Derecho Civil", declaraba Ceacero.

"No nos atendían, Logroño pilló más cerca"

Ceacero, Sor Isabel (cuyo mandato como abadesa terminó esta semana, según la Iglesia) y otras dos religiosas salieron del convento, acudieron a la comisaría más cercana, "pero no nos atendían y Logroño nos pilló más cerca", dice el portavoz del cisma.

Sor Isabel firmó como "representante legal legítima de las entidades de Belorado y Derio", acompañando la denuncia de un documento de más de cien páginas.

Insistió Ceacero en que las religiosas se han "separado voluntariamente" de la Iglesia Católica y en que "nadie puede oponerse a que se separen voluntariamente. El mismo Iceta ha reconocido la separación voluntaria. No pueden imponer el derecho canónico, porque no están ya bajo su jurisdicción".

Añadió además que en el registro de la propiedad "pone que el cien por cien de la propiedad pertenece a la comunidad", en referencia a los monasterios de Belorado y de Derio, cuya “representante legal” es sor Isabel, por lo que la decisión vaticana de designar a Iceta como administrador de esos bienes "no tiene valor ninguno".

Ceacero aseguró que él y Pablo de Rojas permanecerán en el monasterio de Belorado (Burgos) “mientras la madre abadesa requiera de sus servicios” y “quiera” que estén allí.

José Ceacero anuncia a la prensa que las monjas de Belorado empiezan procesos judiciales contra el obispo Iceta.

Un truco legal: obtener personalidad jurídica

Fuentes policiales consultadas por el diario ABC consideran que la denuncia en comisaría tiene un objetivo jurídico: "obtener personalidad jurídica" a la hora de enfrentarse en tribunales con Iceta, que como comisario pontificio representa a la Iglesia.

Según el derecho eclesial y civil, es cierto que la comunidad de clarisas es una institución 'sui iuris', es decir de derecho propio, y que por encima de la abadesa, que actuaba como superior mayor, sólo estaba la autoridad del Papa. Rompiendo con Roma, quieren poder administrar sus bienes sin límites, por ejemplo, vendiendo propiedades (y quizá dando ese dinero a "amigos", como Rojas y Ceacero).

Pero una cosa es que la abadesa figure en el registro de la propiedad y otra cosa es que pueda hacer lo que quiera con los bienes. Miguel Campo Ibáñez, profesor de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Comillas, especialista en administración de bienes eclesiásticos, detalló a ABC: "Es cierto que los bienes pertenecen a la persona jurídica del monasterio de Santa Clara, pero no a esas 16 religiosas en particular".

Ante un intento de vender una propiedad valiosa, el notario, habiendo sospecha de estafa, bloquearía el proceso. Otra cosa es que las monjas empiecen a vender, más o menos bajo mano, objetos de arte o antigüedades. Por eso, una de las primeras intenciones de Iceta como comisario pontificio era realizar un inventario de objetos y bienes.

El obispado teme que cierren la puerta al diálogo

Ante la noticia de la denuncia en comisaría, el arzobispado de Burgos ha contestado con un comunicado en el que lamenta "esta posición de la comunidad". El obispado entiende que las monjas "han cerrado la puerta a cualquier diálogo", por lo «no nos queda otra vía que actuar en consecuencia».

Cuando el obispado reciba la "supuesta denuncia", afirma, "será estudiada por nuestros servicios jurídicos". Desde el obispado detallan que "en el documento que [Ceacero] ha mostrado a los medios, se puede leer el nombre de tres monjas: Laura García de Viedma Serrano (Sor Isabel), Susana Mateo Cruz (Sor Sión) y María Teresa Roca Peinado (Sor Paz), junto con el de José Ceacero".

El telediario de La 8 Burgos abre con este tema y las declaraciones del portavoz Ceacero: