Apenas dos días después de la visita del Papa a España y de su denuncia contra el laicismo radical que se vive en nuestro país, la guerra contra los crucifijos en los espacios públicos volvió ayer a ser noticia, después de que la Junta de Extremadura ordenara a un colegio público de Almendralejo, el Ortega y Gasset, la retirada de este símbolo religioso en dos de sus aulas.
«La Junta, viendo que iba a perder el asunto porque iba claramente contra la legalidad, ha decidido actuar, lo que no hizo antes porque quiso mirar para otro lado», aclaró ayer el militante socialista Lorenzo Losada, padre de dos alumnos del citado colegio y quien interpuso la denuncia. «El ser militante del PSOE, partido al que seguiré votando, no excluye renunciar a mis derechos civiles», aseguró.
En 2008, el matrimonio puso en conocimiento de la Dirección del Ortega y Gasset que la presencia de simbología religiosa en un colegio público y la participación en celebraciones cristianas —«la inauguración del curso consistía en llevar a los niños a la Iglesia de La Purificación, además de celebrar el Miércoles de Ceniza, «Las flores a María» en mayo o rezar el Ángelus en clase», dice Losada— contraviene el espíritu aconfesional del Estado recogido en la Constitución.
Ante esta situación, pidieron al Consejo Escolar que «se mojara» tras su demanda, «como es su competencia, pero no lo hizo», añade Losada. La pelota pasó al tejado de la Dirección Provincial de Educación, pero tampoco hubo noticias. «Hemos sido siempre prudentes, comedidos y discretos pero no nos ha quedado más remedio que llegar a la vía judicial», señaló ayer este padre.
El 10 de junio, puso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Mérida. «La letrada de la Junta nos intentó paralizar el proceso pero no lo logró porque nuestro caso tiene que ver con los derechos fundamentales». Por eso pasó al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que no ha llegado a decidir. Un día antes de su pronunciamiento (6 de septiembre), Educación mandó al colegio almendralejense retirar los crucifijos. Entonces, el mencionado Tribunal procedió a archivar la causa.
«Queremos para nuestros hijos una educación en tolerancia, de respeto a las creencias de todo el mundo, aconfesional y no que recuerde a la España de 1950. La libertad de conciencia y religiosa debe garantizar nuestros derechos. Y es lo que hemos hecho, aunque nos puedan llamar comecuras o cosas peores. Sabemos que muchos padres están con nosotros pero que no nos han seguido porque hay un miedo escénico alucinante», añadió Losada.
Pese a haber conseguido su objetivo, Losada confesó estar satisfecho «sólo al 50 por ciento» con esa medida, puesto que hay crucifijos en otras aulas y otros aspectos que demuestran claramente el «carácter confesional» del centro. Criticó la existencia de «publicidad o propaganda, como lo quieras llamar», de la campaña de cuestación católica del «Domund», por lo que no ha descartado tomar futuras medidas para evitar que se siga produciendo este hecho.
La consejera de Educación, Eva María Pérez, defendió ayer que el Estado «debería regular una situación que puede provocar una cierta disfunción jurídica o un cierto conflicto de orden jurídico», al chocar la libertad religiosa con lo que establece la normativa vigente. A su juicio, la Ley de Libertad Religiosa «hubiera sido quizás una buena ocasión para regular estas cuestiones».