"Todo el que conoce a Kamala Harris sabe con qué pasión, corazón e inteligencia se entrega a la lucha por la justicia. Me enorgullezco de todos los que han trabajado tan duramente por su campaña": con este tuit, Cecile Richards, ex presidenta de la multinacional del aborto Planned Parenthood, consoló a la aspirante a la presidencia el 3 de diciembre de 2019. Harris acababa de retirarse de la carrera hacia la nominación demócrata a la Casa Blanca por no conseguir recaudar fondos suficientes y no haber suscitado ningún entusiasmo ni en los debates con los demás candidatos, ni en las encuestas.

Richards dirigía Planned Parenthood cuando en julio de 2015 un periodista católico, David Daleiden, empezó a difundir a través del Center for Medical Progress una serie de vídeos grabados con cámara oculta que mostraban a los aborteros explicando cómo y a qué precio venden los órganos de los fetos a los que matan.

Pocos han hecho nunca tanto daño a la causa abortista como Daleiden grabando a dirigentes de los abortorios poniendo precio a riñones o hígados mientras almorzaban tranquilamente, o valorando económicamente a los niños que salen "intactos", o bromeando con el Lamborghini que pensaban comprarse con el beneficio obtenido.

Cuando Planned Parenthood quiso reaccionar, ya era tarde. Aunque la investigación (que en cualquier otro ámbito habría encumbrado a su autor a la historia del periodismo: un David de la prensa frente a un Goliat financiero) fue cuidadosamente ocultada por los medios sistémicos, su difusión por parte de los medios libres y por internet fue eficaz y resultó letal para la imagen de la compañía.

Cuando Richards decidió emprender acciones legales, supo a quien tenía que acudir. A alguien desconocido entonces fuera de California, pero cuyo rostro es ahora conocido en todo el mundo como aspirante a una vicepresidencia que, por la edad y condiciones psicológicas de Joe Biden, puede transformarse en presidencia antes del término del mandato, en caso de que el ex vicepresidente de Barack Obama gane las elecciones al provida Donald Trump.

Madeline Osburn ha detallado en The Federalist las razones y el proceso de la connivencia entre Kamala Harris y el mega-lobby del aborto:

Cuatro años después, el denunciante de Planned Parenthood sigue entrampado en la persecución de Kamala Harris

La senadora Kamala Harris aceptó la nominación demócrata para la vicepresidencia la noche del miércoles, exactamente tres semanas después de que el periodista y activista provida David Daleiden compareciese ante el Tribunal Superior de San Francisco, luchando una vez más contra los cargos criminales que Harris promovió contra él cuatro años antes a petición de sus donantes políticos.

David Daleiden, en una de sus comparecencias ante los tribunales.

Mientras Harris apoya una campaña para luchar por “el alma de nuestra nación”, Daleiden continúa una batalla de años en defensa de innumerables no nacidos y de la Primera Enmienda [libertad de religión y expresión], causas ambas contra las que Harris tiene todo un historial.

En marzo de 2016, siendo fiscal general de California, Harris se reunió con seis directivos de Planned Parenthood en su oficina de Los Ángeles. Los correos electrónicos entre la oficina de Harris y los directivos de Planned Parenthood muestran que ambas partes actuaron en connivencia cuando orquestaban respuestas públicas, presentaban informes policiales e incluso redactaban leyes contra Daleiden por grabar con cámara oculta vídeos que demostraban las prácticas ilegales del gigante de la industria del aborto.

Dos de los seis ejecutivos que estuvieron en esa reunión fueron luego llamados como testigos en la investigación criminal de Harris.

Harris ha sido una defensora acérrima del aborto y a lo largo de su carrera política recibió de entidades vinculadas a Planned Parenthood decenas de miles de dólares de contribuciones políticas.

El 5 de abril de 2016, dos semanas después de esa reunión en Los Ángeles, Harris ordenó a los policías del estado que registrasen el domicilio de Daleiden, con el encargo de incautar su equipo de filmación y documentos y grabaciones de vídeo aún no difundidas. Los abogados de Daleiden alegaron que, según las leyes de garantías de California, la orden de registro de Harris nunca debió ser expedida, pues dichas leyes protegen explícitamente los materiales no publicados de los periodistas.

Sin embargo, un juez decidió que “había suficiente causa probable en el registro de que Daleiden estuviese involucrado en una actividad criminal, independientemente de su condición de periodista, y de que los objetos incautados guardaban relación con la actividad criminal”. No importa que dichos objetos incluyesen pruebas de la propia actividad criminal de Planned Parenthood, como el tráfico de órganos de feto abortados, que Harris nunca se tomó la molestia de perseguir ni investigar.

¿Hasta qué punto sorprende que Harris persiguiese a Daleiden, o su desprecio por los derechos que la Primera Enmienda reconoce a los periodistas? Para quien no lo sepa, Daleiden es la primera persona en la historia procesada en California por hacer un reportaje con cámara oculta. La propia fiscal del caso admitió luego en el juzgado que Daleiden estaba siendo perseguido exclusivamente por el contenido de sus vídeos.

La doble vara de medir de Harris va aún más lejos. En 2013, ella protegió a un grupo defensor de los derechos de los animales, Mercy for Animals [Piedad con los Animales], que utilizó cámaras ocultas para demostrar el supuesto abuso en una granja avícola. No solo no formuló acusaciones contra Mercy for Animals, sino que les respaldó apelando la decisión anterior de un juez.

“David tenía una convicción razonable de que encontraría pruebas de un delito criminal de violencia contra seres humanos, concretamente infanticidio, esto es, la muerte de bebés nacidos vivos a quienes late el corazón”, afirmó Thomas Brejcha, uno de los abogados de Daleiden: “Estos niños –a quienes los traficantes de tejido fetal se refieren como ‘fetos intactos’– son la fuente de donde se cogían órganos ‘frescos’ para ser ‘donados’. Estas ‘donaciones’ se vendían a comisión por un montante en dólares sin relación con los costes reales atribuibles a su ‘producción’”.

El historial de Harris como fiscal general muestra que hizo más para luchar contra los supuestos abusos contra pollos que contra el tráfico de fetos humanos con ánimo de lucro. Y muestra también su disposición a extender las protecciones de la Primera Enmienda solo sobre quien ella considere políticamente conveniente.

En cuanto a Daleiden, la batalla legal iniciada por Harris hace cuatro años continúa. En una vista del 28 de julio, los abogados de Daleiden pidieron a la juez Suzanne Ramos Bolanos que desestimara los diez cargos criminales contra él y su socia, Sandra Merritt. Bolaños desestimó un cargo por estar “duplicado”, pero mantuvo el resto, remitiendo los recursos de Daleiden y Merritt a otros tribunales. Él podría enfrentarse hasta a diez años de prisión si es condenado.

Pocas horas después del discurso de Harris en la convención demócrata, Daleiden dijo a The Federalist que los objetivos de la senadora por California más más allá de su propio caso: “El desprecio y el rechazo de Kamala Harris a la Primera Enmienda es una amenaza para las libertades civiles de todos los estadounidenses”, dijo.