Pincha aquí para leer íntegra la traducción de la homilía de Paul Scalia.
La muerte de Scalia ha dejado en un equilibrio muy precario la composición ideológica del máximo órgano judicial del país, compuesto desde 1869 por nueve miembros vitalicios designados por el presidente y que deben ser confirmados por el Senado. De esta forma, el inquilino de la Casa Blanca durante cuyo mandato se producen vacantes por muerte o renuncia dispone de un instrumento muy poderoso para perpetuar su impronta.
Barack Obama, quien ya ha designado dos miembros (Sonia Sotomayor en 2009 y Elena Kagan en 2010), se apresuró a nominar un tercero, Merrick Garland. El nombramiento lo frenó el Senado, controlado por los republicanos, quienes consideraron que no debía ser un presidente en su último año, sino su sucesor, quien cubriese tal vacante.
"En el momento de la muerte del juez Scalia", explica el abogado Nathaniel Bruno, especializado en defensa de la libertad religiosa, en The Public Discourse, "el Tribunal Supremo estaba compuesto por cuatro jueces normalmente adscritos a la filosofía judicial conservadora que reflejan sus opiniones y votos (Scalia, Clarence Thomas [George Bush padre], y John Roberts y Samuel Alito [George Bush hijo]), cuatro jueces sistemáticamente adscritos a una filosofía judicial radical y que votan habitualmente como un bloque progresista (Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer [Bill Clinton] y Sotomayor y Kagan) y un juez flotante con un historial doctrinal y de voto muy específico según qué asuntos (Anthony Kennedy [Reagan])".
A pesar de algunas sentencias, como la que admitió como matrimonio la unión entre personas del mismo sexo (aprobada gracias al "católico" juez Kennedy), la leve ventaja conservadora ha conseguido impedir durante años una reinterpretación sistemática de la Constitución en beneficio de las causas ideológicas de la izquierda radical.
De ahí la importancia del próximo nombramiento: Donald Trump se ha comprometido a nombrar un juez provida, y ha hecho público el listado de nombres entre los que decidirá, afirmando que tendrá a Scalia como modelo; Hillary Clinton se ha comprometido a nombrar un juez que proteja la práctica del aborto libre, incluso a término (esto es, hasta el día antes del parto), como especificó ella misma durante su tercer y último debate.
Donald Trump y Hillary Clinton expusieron con absoluta claridad sus contrapuestas posiciones respectivas sobre el aborto durante el tercero de sus debates, el 19 de octubre. La multinacional del aborto Planned Parenthood, cuya presidenta, Cecile Richards, es amiga personal de Clinton, financia generosamente su campaña. Al inicio de su intervención, Trump anuncia que nombrará jueces provida para el Tribunal Supremo. En la parte final, Hillary reitera su apoyo al aborto incluso en el noveno mes.
Además, es posible que durante el próximo mandato presidencial (y muy probable durante el mandato siguiente de un hipotético presidente reelegido) haya tres nuevas vacantes, siendo o llegando a octogenarios Ginsburg, Breyer y Kennedy.
En consecuencia, el próximo ocupante del Despacho Oval va a determinar cuál será la orientación ideológica del Tribunal Supremo (con mayor o menos facilidad, dependiendo de la mayoría con la que coincida en el Senado) durante una generación.
Es mucho, pues, y a largo plazo, lo que se juega en las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre. En su análisis, Nathaniel Bruno cita 13 casos "de profunda trascendencia cultural" que se resolvieron por 5-4, votando el juez Scalia con la mayoría. Casos, por tanto, cuyos análogos futuros empezarían presumiblemente a fallarse en un sentido contrario si una hipotética victoria de Hillary consolidase una mayoría judicial radical, laicista y abortista.
Dos de esos 13 casos se refieren al derecho a llevar armas, dos a la libertad comercial, y nueve a puntos donde está directamente concernido un interés cristiano:
1. Las empresas privadas podrían verse forzadas a incluir en los seguros que pagan a sus empleados fármacos abortivos, independientemente de las convicciones de sus dueños: sentencia Burwell (secretario de Estado de Salud) vs. Almacenes Hobby Lobby, 2014.
Las Hermanitas de los Pobres han tenido que defenderse en los tribunales de la pretensión de Barack Obama de que el seguro que pagan a sus empleados cubra abortos. Hasta ahora han podido mantener su posición, pero las resoluciones en su favor son frágiles. La orientación ideológica de los próximos jueces del Tribunal Supremo será decisiva en el futuro.
2. La oración en las instituciones legislativas sería severamente regulada en términos de contenido (limitándose a invocaciones genéricas e indistintas) y de oradores (miembros de religiones distintas según un sistema de cuota a determinar), en perjuicio de la tradición que asigna contenidos y oradores cristianos a esos momentos, conforme a la abrumadora mayoría cristiana en el país: sentencia Ciudad de Greece (Nueva York) vs. Galloway, 2014.
Durante 70 años, en la ceremonia de graduación de este instituto público de East Liverpool (Ohio) se ha rezado un Padrenuestro. Este año, las amenazas de una organización atea llevaron a la dirección a suprimirlo. Ésta fue la reacción de los alumnos (a partir del minuto 2').
3. Se podria negar a los ciudadanos la posibilidad de desgravar de sus impuestos las contribuciones a instituciones que patrocinan la escolarización en colegios cristianos: sentencia Arizona Christian School Tuition Organization vs. Winn, 2011.
4. Una cruz (o cualquier otro símbolo o monumento cristiano) en honor a los soldados estadounidenses caídos en combate situada en un espacio público de titularidad federal podría retirarse solo con que lo pidiese una única persona, incluso si está situada dentro de una zona privada del terreno público: sentencia Salazar (secretario de Interior) vs. Buono, 2010.
La Cruz de los caídos en el Memorial de Veteranos del Monte Soledad (La Jolla, San Diego, California). El monumento, que nació en 1913, se ubica en un terreno público. Los laicistas quieren quitarla y hay jueces que apoyan esa iniciativa por considerar que viola la neutralidad confesional del estado.
5. El aborto por nacimiento parcial, que consiste en un parto del bebé completamente formado aspirando el interior de su cerebro y aplastándole el cráneo para facilitar su salida, se podría practicar libremente en todo el territorio estadounidensee sin restricción alguna: sentencia Gonzales (fiscal general) vs. Carhart, 2007.
6. Los monumentos donde figuran los Diez Mandamientos podrían quitarse de cualquier lugar de titularidad pública solo por la objeción de una única persona, incluso si dicho monumento lleva décadas en su sitio, si está situado entre otros de contenido no religioso o si no fue erigido como resultado de ninguna iniciativa pública para promover la religión: sentencia Van Orden vs. Perry (gobernador de Texas), 2005.
7. Los Boy Scouts no podrían decidir su propia política de no admitir monitores homosexuales, y otras organizaciones sin ánimo de lucro podrían verse forzadas a admitir miembros cuya presencia perjudica significativamente la capacidad de dichas organizaciones para defender sus convicciones: sentencia Boy Scouts of America vs. Dale, 2000.
8. A los niños discapacitados que asisten a colegios privados religiosos se les podrían negar servicios educativos de refuerzo sufragados con el presupuesto federal: sentencia Agostini vs. Felton, 1997.
9. Los discursos de contenido religioso serían discriminados y reprobados en el ámbito universitario, y a los grupos de estudiantes cristianos, precisamente por razón de sus convicciones, se les podría negar el acceso a los fondos universitarios para actividades estudiantiles que sí están disponibles para grupos no religiosos: Rosenberger vs. Universidad de Virginia, 1995.
Cuando el próximo 8 de noviembre los estadounidenses voten a su presidente, estarán pues votando algo más que las políticas de los próximos cuatro años. Dado que podrían ser hasta cuatro los nombramientos judiciales en dos o incluso un solo mandato, se votará también hacia qué lado de la balanza se inclinarán durante cerca de medio siglo las decisiones del Tribunal Supremo sobre aborto, matrimonio, familia, oración pública y libertad religiosa.
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