Sin embargo ese mismo gran jurado sí considera que hay elementos para investigar a David Daleiden y una de sus colaboradoras, Sandra Merritt, por falsificar un documento oficial durante su investigación y por un cargo menor de compraventa de órganos.
El gran jurado, una institución peculiar del sistema jurídico norteamericano distinta a los tribunales pero que puede ordenar y dirigir una investigación, ha sido apoyada en ambas decisiones por la fiscal del condado de Harris, Devon Anderson. En su equipo trabaja un abogado, Lauren Reeder, que fue directivo de la delegación de Planned Parenthood investigada. Por su parte, Anderson dice que sus convicciones son provida, pero que debe hacer cumplir la ley.
Según la abogada Katie Short, que forma parte de la defensa jurídica de David Daleiden, la imputación por falsificación en documento se refiere a las falsas identidades adoptadas por los miembros del equipo para conseguir captar las imágenes, algo habitual en el periodismo de investigación.
En favor de los acusados estaría que la falsificación no se realizó para cometer un delito, pero en su contra obraría que, según la ley de Texas, cuando esa falsificación redunde en perjuicio de otros la pena puede estar entre 2 y 20 años de cárcel.
"Los cargos contra Daleide y Merritt en modo alguno disminuyen la abrumadora evidencia obtenida por el Center for Medical Progress para demostrar que Planned Parenthood está implicada y se beneficia en la venta de órganos fetales", recuerda Short.
Pese a ello, al mismo tiempo que el gran jurado y la fiscal exoneran de responsabilidad a Planned Parenthood por vender órganos de bebés abortados, imputan a Daleiden y a Merritt por intentar comprarlos (sin intención real de hacerlo).
Como es conocido, Daleiden se hizo pasar por representante de una compañía de productos biológicos interesada en adquirir trozos de niños para investigación. Buscaba demostrar (y lo logró con hasta ahora once vídeos grabados con cámara oculta) la existencia de ese negocio paralelo por parte de los aborteros, tanto a título individual como formando parte del entramado de Planned Parenthood.
Los vídeos, difundidos a partir de julio del año pasado, son concluyentes en demostrar la existencia del negocio. De hecho, Planned Parenthood se comprometió poco después a no volver a cobrar por los órganos de fetos abortados que entrega para investigación. Las imágenes exhiben además la extrema inhumanidad de los aborteros al hablar con una llamativa indiferencia, o con bromas gruesas, sobre los cuerpos de los niños asesinados.
Éste fue el primer vídeo de la serie. Pincha aquí para leer la traducción de las apreciaciones de la doctora Deborah Nucatola sobre los órganos que venden mientras se prepara tranquilamente un bocado de ensalada.
Los abogados de Daleiden aducirán en su favor la Primera Enmienda de la constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión. Daleiden y Merritt actuaron, dice otro de sus abogados, Charles LiMandri, "como periodistas investigación utilizando técnicas de investigación oculta habituales y legales". No todos los especialistas, sin embargo, coinciden en si será aplicable a este caso el amparo legal.
A pesar de la importancia informativa de la investigación, los grandes medios de comunicación, y en particular las televisiones (salvo la FOX), ignoraron la noticia y los vídeos. En los últimos años, Planned Parenthood ha premiado de diversas maneras a 257 medios de comunicación y periodistas y ha financiado las campañas electorales de Barack Obama y Hillary Clinton, en cuyo equipo trabaja una hija de Cecile Richards, presidenta de Planned Parenthood.
A raíz de la investigación de Daleiden, once estados decidieron cortar toda subvención pública a Planned Parenthood, y un númeo similar iniciaron una investigación sobre la multinacional abortera. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado, gracias a la mayoría republicana en ellos, aprobaron una ley para que Planned Parenthood deje de recibir fondos estatales, pero Barack Obama ejerció su derecho de veto para evitar que entre en vigor. Se va a intentar lograr la mayoría necesaria en el Congreso para revertir ese veto, aunque las cifras de votos necesarios lo hacen muy poco probable.