Apenas una semana después de la reelección de Barack Obama, y una semana antes de tomar posesión de su diócesis de Lincoln (Nebraska) tras cuatro años como auxliar de Denver (Colorado), James Conley ha insistido en que la Iglesia jamás transigirá con el "mandato" u orden ministerial que la obligaría a financiar fármacos abortivos en la cobertura del seguro de sus empleados. Los obispos norteamericanos consideran dicho mandato el mayor ataque a la libertad religiosa sufrido nunca en Estados Unidos, y contra él han convocado un importante número de iniciativas de oración y resistencia.

"La Iglesia católica no dará marcha atrás", dijo Conley: "Jamás comprometeremos nuestros principios. Desafiaremos el mandato y afrontaremos las consecuencias".

Actualmente hay doce demandas planteadas en todo el país contra la orden ministerial que incluye anticonceptivos, abortivos y fecundación in vitro entre los tratamientos que deben cubrir las pólizas laborales, incluso en organizaciones que rechazan esas prácticas.

Del mismo modo, el canciller de la archidiócesis de Omaha, Tim McNeill dijo que irán cubriendo los pasos en la resistencia contra ese asalto gubernamental cuyo principal destinatario es la Iglesia católica, principalmente en sus escuelas y hospitales: "Pleitos, leyes y, en el peor escenario, el dilema entre aceptar o rechazar algo que va contra las enseñanzas de la Iglesia", resumió McNeill ante el panorama que se presenta en agosto de 2013, cuando finalice la prórroga que concedió Obama a las instituciones católicas.

El obispo de Des Moines, Richard Pates, explicó también en pasadas fechas que las obras de caridad, educativas y de asistencia sanitaria "forman parte de nuestra fe tanto como rezar en el templo", y de ahí la gravedad del asalto.
Quien se niegue a abonar ese seguro a sus desempleados tendrá que pagar una multa de cien dólares al día por cada empleado, lo cual en la práctica implica la ruina a corto plazo de la mayor parte de las instituciones católicas, que tendrían que cerrar: una institución pequeña con 15 empleados, por ejemplo, tendría que hacer frente a una multa anual de casi 450.000 euros, cada año.

A principos de año, la conferencia episcopal ya dejó claro que llamará a la desobediencia civil contra esa medida que viola la libertad religiosa, como forma de respuesta ante leyes injustas. Distribuyeron en su apoyo una carta de Martin Luther King desde la cárcel de Birmingham, donde decía: "Estoy de acuerdo con San Agustín en que una ley injusta no es ley. Una ley justa es una norma humana acorde con la ley moral o la ley de Dios. Una ley injusta es una norma que no está en armonía con la ley moral".

"Algunas leyes injustas imponen tales injusticias a las personas y organizaciones que está justificado desobedecerlas", concluían los obispos.