John L. Kane, juez federal del tribunal de distrito de Colorado, le ha dado la razón al presidente de Hercules Industries (una empresa que trabaja en el ámbito de la eficiencia energética y las energías renovables), William Newland, en su demanda contra el "mandato" anticonceptivo y abortista de la Administración norteamericana.

El magistrado, nombrado en tiempos de Jimmy Carter, ha suspendido la aplicación de la orden ministerial HHS (Health and Human Services [Servicios Humanos y de Salud]), también conocido como "mandato anticonceptivo", en el caso de Hercules Industries, atendiendo a que dicha disposición legal viola la libertad religiosa de los dueños de la empresa, que son católicos y presentaron en su momento la correspondiente demanda.

El "mandato" de Barack Obama, que ha provocado la mayor reacción colectiva de los católicos norteamericanos en la historia del país (culminada con una Quincena por la Libertad que terminó el 4 de Julio), pretende obligar a todas las empresas e instituciones religiosas a asegurar a sus empleados con seguros médicos que incluyan planes anticonceptivos y en algún caso abortivos.

Según Kane, si esto se aplicara en Hercules Industries se produciría a sus propietarios un "daño irreparable" desde el punto de vista de su libertad religiosa, derecho fundamental reconocido en la Constitución como clave fundacional de Estados Unidos.

Los dueños de Hercules Industries (William Newland, Paul Newland, James Newland y Christine Ketterhagen), una empresa familiar, contrataron los servicios de Matt Bowman, abogado de Alliance Defence Fund [Fondo para la Defensa de la Alianza], un despacho que defiende este tipo de causas. La demanda pretendía conseguir "que los burócratas de Washington no puedan forzar a las familias a abandonar su fe para ganarse la vida", explica Bowman: "Los americanos no quieren que los políticos y los burócratas decidan quién, dónde y cómo puede vivir su fe".

El juez les da la razón: los demandantes sólo "buscan dirigir Hercules en una forma que refleje sus sinceras creencias religiosas". Y alega la jurisprudencia en el sentido de que "es de gran interés público el libre ejercicio de la religión incluso si ese interés puede entrar en conflicto con otros".

La decisión judicial permite a Hercules Industries sustraerse temporalmente -hasta que instancias superiores decidan sobre la constitucionalidad del mandato- a las cuantiosas multas que afrontarían os Newland por no asegurar a sus 265 empleados para planes anticonceptivos (incluida la píldora abortiva) o esterilizaciones.

La multa se eleva a 100 dólares por empleado y día sin asegurar, lo que elevaría la sanción a 10 millones de dólares al año. Son cifras que, como han señalado los opositores al "mandato", apuntan a la voluntad del gobierno de Barack Obama de cerrar todo tipo de instituciones y empresas de la Iglesia o dirigidas por católicos.

Actualmente, 56 instituciones católicas acumulan un total de 23 demandas en todo el país, que auguran un futuro legal muy problemático y una campaña electoral donde esta cuestión pueden tener un peso decisivo. En 2008, el 54% de los católicos votaron por el actual inquilino de la Casa Blanca.