Guerra sin cuartel entre la jerarquía católica y la administración Obama; por lo menos en los tribunales. De hecho, 43 diócesis y organizaciones religiosas demandaron al Departament of Health and Human Services por la parte de la reforma sanitaria que exige que todos los empleadores paguen los anticonceptivos y la esterilización de sus empleados. Un choque frontal, que seguramente tendrá un impacto en las elecciones de noviembre.

La decisión del gobierno fue anunciada a inicios del año y provocó una reacción negativa bastante unánima por parte de la comunidad católica, que la considera una ingerencia en la propia fe. La norma eximía por razones de conciencia a las Iglesias, pero afectaba a todos los hospitales, escuelas y demás organizaciones de caracter religioso. Después de unos días, la administración de Obama retrocedió un poco y propuso un compromiso con el que asignaba a las aseguradoras el deber de pagar los anticonceptivos, y dejando abierta una puerta hasta el 19 de junio con la finalidad de discutir otras eventuales correcciones.

Los obispos han decidido que las ofertas de Obama les obligarían de cualquier forma a violar sus principios, y por ello han optado por la vía legal. La Conferencia episcopal no presentó la denuncia, pero entre los firmantes destaca el nombre de su presidente, el cardenal arzobispo de Nueva York, Dolan. A su lado se encuentran diócesis como la de Washington, universidades prestigiosas como Notre Dame, hospitales y grupos de asistencia como Catholic Charities. «No es una batalla que hayamos querido –dijo Dolan–, pero la combatiremos hasta el fondo. La administraciónnos estrangula, pretende decidir cuáles organizaciones pueden definirse religiosas y cuáles no. Seguiremos negociando, pero nunca antes de ahora se había visto un ataque semejante contra la libertad de religión, protegida por la Constitución».

El argumento de los obispos es que el gobierno ignora las objeciones de consciencia de los fieles y quiere imponer su punto de vista, al decidir cuáles son las organizaciones con un caracter suficientemente religioso como para no tener el deber de seguir la nueva normativa, y cuáles no. Según Mary Ann Glendon, de la Universidad de Harvard, presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y ex embajadora de los Estados Unidos ante la Santa Sede, «el objetivo del gobierno no es la salud de las mujeres, sino encajar a las organizaciones religiosas en una agenda política, obligándolas a facilitar y financiar servicios que violan su credo».

Las instituciones católicas más liberales no se han unido a la causa, y este es el cálculo político que hizo Obama. En 2008 obtuvo 54% de los votos católicos, porque los fieles menos conservadores no siguieron las recomendaciones de los obispos, pero ahora, según la Gallup, ha disminuido al 46%. El presidente sabe que ha empeorado su relación con la jerarquía con esta y con la decisión sobre los matrimonios entre las personas del mismo sexo, paro ha continuado porque considera que las mujeres y los homosexuales son un grupo de electores más importante para él. Los católicos conservadores los habría perdido de cualquier manera, pero espera que los liberales y moderados decidan otra vez no escuchar a los obispos.