"Nuestro programa funcionaba bien en el campo específico, pero no suficientemente bien para los lejanos administradores que promueven la agenda del aborto y de la contracepción; para aquellos que se escandalizan por el hecho que, en conformidad con las enseñanzas de la Iglesia, la Conferencia Episcopal no promueve la supresión de vidas inocentes, la esterilización y la fecundación asistida".

Son palabras de Sor Mary Ann Walsh, portavoz del Office of Migrations and Refugee Services, el organismo no gubernamental de atención a migrantes y refugiados más importante de los Estados Unidos. Impulsado por los obispos estadounidenses desde 2006, atienden al 26% del total de inmigrantes llegados a la Unión Americana, cubriendo un campo que el Estado no alcanza a resguardar, incluso en aspectos como el combate de la prostitución de mujeres inmigrantes y el comercio de órganos.

Precisamente por esa labor el Office of Migrations and Refugee Services había recibido apoyo económico del Departamento de Salud y Servicios Humanitarios de los Estados Unidos. Pero ahora los fondos irán a la US Committee for Refugees and Immigrants y a la Heartland eTapestry que, de suyo, no se ocupan de la inmigración clandestina sino de multiculturalismo.

La razón del retiro de fondos, no explícitamente reconocida por la administración de Obama, es que el Office of Migrations and Refugee Services rechazaba ofrecer servicios como el aborto. Los obispos estadounidenses han protestado enérgicamente declarando que "parece que existe una nueva regla no escrita del Departamento de Salud. Es la regla del ABC: Anybody But Catholics [Todos, excepto los católicos])".
 
De acuerdo a informaciones publicadas por el periódico italiano La Bussola Quotidiana (1411-2011), detrás de este cambio de cara se esconde el ACLU, que es quizá la asociación por los derechos civiles más poderosa de Estados Unidos, laicísima y con olor a lobby. Estos señores han pensado querellarse contra el gobierno americano por no haber obligado a la Conferencia Episcopal a adecuarse al protocolo ético sobre la reproducción firmado por el gobierno americano.

Ese protocolo obliga a toda clínica que reciba fondos del Estado a practicar abortos y esterilizaciones. En todo esto se adivina una doble injusticia: la que se hace contra el Office of Migrations and Refugee Services y, en definitiva, contra los inmigrantes.

Por poner un ejemplo, según algunas estadísticas reportadas por L´Osservatore Romano ("Nuove esigenze pastorali negli Stati Uniti", 1210-2011), el número de hispanos en los Estados Unidos se triplicará para el 2025: de 22 millones en 1990 a 66. De estos los hispanos católicos serán unos 40 millones más respecto a los 13 millones de 1990.