La pregunta fundamental ante estas medidas, obligadas por la crisis económica que padecemos, es si se resiente la calidad de la enseñanza. En mi opinión, esta es la cuestión principal que hay que analizar. A esa cuestión, por supuesto, sindicatos, partido socialista y CEAPA, han dado una respuesta clara y amenazadora. Dicen que volveremos a la escuela de nuestros padres, que el gobierno se quiere “cargar” la enseñanza pública y que no lo van a consentir; amenazan con huelgas, algaradas y concentraciones de dimensiones apocalípticas; desean poner la sociedad en pie de guerra, con lo cual los demás nos deberíamos sentir temerosamente acongojados por el futuro despliegue de músculo social que al parecer van a exhibir. Vienen a decir “¡cómo se atreven éstos a semejante fechoría!”. Parece que la respuesta está dada de antemano. El análisis sobra. La simple duda es signo de traición. Pero veamos.
Empecemos por las dos medidas que afectan directamente al trabajo del docente que no depende de la organización interna de los recursos educativos. Me refiero a la imposibilidad de nuevos complementos económicos en su nómina y el aumento de horas lectivas. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la primera de esas dos medidas no supone menoscabo alguno a la calidad educativa; afecta sólo a la nómina de profesor y se refiere no a lo que gana, sino a lo que podría ganar. En general los complementos están perfectamente fijados y la incidencia de esta medida es irrelevante para la mayoría de los docentes. Sobre el aumento horario hasta el número que la ley fija, ya se están haciendo en varias autonomías. Por más que chillen los sindicatos, los profesores hacen lo de siempre, aunque con dos horas más de lo que trabajaban años anteriores. No hay menos calidad, sino mayor trabajo del profesor. Por lo demás, cualquiera comprende que trabajar dos horas más –subida horaria que es legal- no supone un trabajo excesivo. Pregúntese a un alumno de Madrid o de Castilla-La mancha si nota una bajada de “nivel” en las clases de sus profesores por el hecho de que éstos trabajan algo más que el año pasado: la respuesta será negativa.
La medida del retraso de módulos de FP de 2000 horas de formación perjudica sin duda a aquellos centros que imparten esos módulos. Estoy convencido de que esos problemas concretos se tratarán concretamente por las consejerías. En cualquier caso, es un problema que afecta a un tipo de centros y no podemos considerarlo como un asunto de relieve general. Sin duda, habrá que solucionar de algún modo las situaciones que se derivan para no perjudicar a los alumnos y los centros.
El resto de las medidas son de organización interna. Son las que más polémica han despertado. La primera es que los centros podrían ofrecer sólo una modalidad de bachillerato y no dos. Preveo que afectará a pocos centros, todos ellos de capital de provincias o de localidades donde haya más de un instituto. La razón es clara: en algunos centros no hay muchos alumnos de alguna modalidad. Éstos se derivarían a otro centro cercano de la misma localidad. No veo en esa medida ningún perjuicio para el alumno y sí una racionalización de los recursos. El servicio público educativo se seguiría dando, pero en un instituto diferente. El número de alumnos necesarios para que se imparta una modalidad de bachillerato lo determinarán las consejerías y no el ministerio.
Respecto de que no se cubran las bajas de diez o menos días, hay que decir que eso ya sucede desde hace tiempo. Nada nuevo. Lo que hace el ministerio es garantizar legalmente una situación de hecho que supongo se da en la mayoría de las autonomías.
Lo que ha provocado airados comentarios es la primera medida de todas, que se refiere al número de alumnos por aula. Me gustaría detenerme brevemente en este punto.
Uno de los dogmas más extendidos entre los pedagogos y la izquierda educativa es que la calidad educativa está directamente relacionada con un escaso número de alumnos en las aulas. El aumento de la ratio, entonces, sería causa evidente de la próxima degradación de nuestra enseñanza. El problema de este dogma es que no se corresponde con la experiencia. No hay un solo estudio empírico que demuestre la relación entre calidad de enseñanza y una ratio baja. Más bien lo que hay son estudios que afirman que la ratio es una variable muy poco significativa en cuanto a la calidad de enseñanza en los centros. Vemos que España, que tiene una ratio de las más bajas de Europa, tiene una muy mediocre educación; sin embargo Finlandia, por ejemplo, que tiene una ratio mayor que la española, tiene un sistema educativo envidiable. En los países asiáticos como Japón, China o Corea del Sur, de magníficos resultados académicos, se llega a tener de 50 niños por aula en primaria.
Que la ratio baja es señal de calidad no lo demuestran los hechos. Es puro dogma ideológico. La ratio, según los estudios internacionales más recientes, no es elemento significativo para medir la calidad y el rendimiento educativo de centros y alumnos. Me remito al magnífico libro de Inger Enkvist, titulado La buena y la mala educación. Ejemplos internacionales.
Lo que sucede es que muchos están descubriendo algo nuevo que se resisten a admitir. La estafa educativa en la que hemos estado instalados desde no sólo es destructiva, sino que es tan costosa que ya no la podemos pagar. El modelo logseano se derrumba no sólo por su fracaso educativo; es que es nasumible para las arcas del Estado.
En conclusión, no veo que con las medidas propuestas por el ministro Wert supongan una disminución de la calidad educativa. Crearán malestar docente, sí. Más horas lectivas, más alumnos por clase, menos horas en algunos departamentos didácticos. Pero el malestar es un sentimiento individual y variable. Será cada profesor quien ante sus alumnos y su conciencia decida si su malestar personal es un obstáculo para cumplir con sus obligaciones profesionales. La demagogia intentará avivar artificialmente el rechazo de muchos docentes para hacer política. En fin, lo de siempre.