El sistema educativo español padece una crisis desde hace años que la última reforma del gobierno socialista no hizo más que agravar. La razón, entiendo, es muy simple: procede del hecho de haber intentado adaptar la realidad docente a los esquemas teóricos de pedagogías acordes con la ideología del partido. De los países europeos esto solo ocurre en España. Este principio de acción se fundamenta en un idealismo que prioriza la idea abstracta sobre la realidad, las teorías pedagógicas de laboratorio sobre la realidad concreta, el sistema sobre la persona, y el Estado sobre los individuos.
Es, precisamente, la orientación contraria a los ejemplos puestos al inicio. En esos ejemplos la prioridad descansaba sobre las personas y sus circunstancias concretas (esos profesores no se limitaban a cumplir su tarea de funcionario sino que respondieron a las exigencias concretas de unos alumnos a los que trataron con afecto); en las derivaciones del idealismo, en cambio, la prioridad reside en las abstracciones en detrimento de las personas.
La ideología, sea de izquierdas o de derechas, es la puesta en práctica del Idealismo. La ideología sustituye con sus construcciones conceptuales la ausencia de una vivencia realmente profunda. Hay un idealismo panteísta, como el de algunos filósofos alemanes del XIX, un idealismo ateo, como el característico de los dirigentes del gobierno socialista de estos años, y un idealismo religioso que podemos llamar integrismo y que no se encuentra solo en el Islam sino en algunas formas de “cristianismo” no reconocidas por la Iglesia. A pesar de su diversidad todos coinciden en hacer prevalecer un proyecto abstracto sobre la realidad y sobre las personas. Precisamente la grandeza del personalismo comunitario en el s. XX fue la reivindicación de esta prioridad inalienable de la persona sobre los sistemas ideológicos que amenazaban asfixiar el mundo. El filósofo existencial Gabriel Marcel presentaba su obra como “una lucha tenaz librada sin cesar contra el espíritu de abstracción” (Los hombres contra lo humano, Hachette, Buenos Aires, 1955, p.7) pues, decía, no puede haber fraternidad en la abstracción (íd. p. 125): “el espíritu de abstracción no es separable de una falta de amor que consiste en la incapacidad de tratar a un ser como ser, y en el hecho de sustituir ese ser individual por una idea, una designación abstracta” (La Dignité humaine. Aubier, 1964, p.160).
Por eso un proyecto educativo debe centrarse en la prioridad de las personas sobra las ideologías: no son los padres los que colaboran con el Estado en la educación de “los ciudadanos”-sus hijos–, sino que es el Estado el que debe ayudar a los padres en la educación de estos. La aberración de Educación para la ciudadanía se basaba en este principio totalitario así como en un modo de revancha a la antigua imposición doctrinal del franquismo. En cierta ocasión el autor de un libro de Educación para la ciudadanía que fue recurrido por adoctrinador (y la sentencia del TSJ de Andalucía así lo reconoció) me contestó en los pasillos de la sala “si eso ya lo hacía Franco y no pasaba nada” (!).
Un proyecto educativo debe dejar a un lado los intereses políticos. Las primeras medidas que adoptó el gobierno de Zapatero cuando llegó al poder en marzo de 2004, fueron la retirada de las tropas de Irak y la paralización inmediata de la reforma educativa iniciada por el gobierno de Aznar. En la nueva reforma de Zapatero el Estado se arrogó el papel de educador decidiendo qué es lo moral y cómo ha de enseñarse a los menores. El mismo artículo 17 c de la LOE deja clara esta intención: «Debe proporcionarse a los alumnos las habilidades necesarias para desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar”. En el ámbito del idealismo religioso, el integrismo comete el mismo atropello cuando intenta afiliar a menores ocultándoselo a los padres con la excusa de que van a hacer “cosas estupendas”.
Pero un proyecto educativo no debe ser jamás instrumentalizado como alternativa a la revolución política tal y como ha intentado el gobierno de Zapatero siguiendo el modelo de Gramsci. El pacto educativo en España es entonces urgente y necesario para preservar la libertad ideológica y de conciencia: ni Franco desde la dictadura, ni Zapatero desde la democracia la respetaron.
Un proyecto educativo debe, en definitiva, primar el esfuerzo y buscar también la excelencia (sin descuidar tampoco a los alumnos con necesidades educativas) pues la abstracción de la ideología desprecia falazmente la excelencia como contraria a la justicia, y sustituye el autoritarismo por el igualitarismo nivelador (Domingo Moratalla), tirando por la borda el fundamento de la autoridad del docente. En las dos reformas socialistas, la LOGSE y la LOE, una construcción abstracta –el Constructivismo pedagógico– pisoteó la realidad y el sentido común pretendiendo arrancar del alumno la fuente de la sabiduría. Del mismo modo impuso a golpe de decreto la burocracia pedagógica sobre la experiencia docente misma: la inspección nos ha exigido a los docentes una mayor atención a las competencias o a los indicadores de evaluación que a los alumnos. El resultado de estos años de servidumbre ideológica son penosos: una masa de alumnos desmotivados obligados por ley a permanecer en las aulas hasta los dieciséis años a costa de otros alumnos que a duras penas pueden plantearse una preparación seria para su futuro. ¿A quién le sorprende que España tenga una de las tasas más altas de fracaso escolar?
Y la respuesta no se reduce a los necesarios medios económicos, sino que requiere de manera esencial la dedicación personal y convencida de unos profesionales que hagan de su trabajo un lugar de afecto a las personas. Ciertamente esto incluye también el que se dignifique sus condiciones laborales evitando políticas poco dialogadas o precipitadas. Pero de ningún modo están legitimados para invocar la calidad de educación quienes solo han luchado por sus propias condiciones laborales. Siempre he echado en falta en mis colegas durante los últimos años una protesta más enérgica contra las deficiencias educativas del sistema. Si ahora protestan razonablemente por el aumento de la carga de trabajo ¿por qué no lo hicieron cuando la LOGSE y la LOE nos obligaba a rellenar incontables informes que nos entorpecía sustancialmente la preparación de las clases?