"¡El clericalismo es el enemigo!": tras la Comuna de París de 1870, en la que fueron asesinados varias decenas de monjes y religiosos, la Tercera República francesa hizo suya, a partir de 1880, esa famosa declaración de León Gambetta.

Las primeras víctimas fueron las congregaciones religiosas, sobre todo de enseñanza o atención sanitaria, y los establecimientos monásticos. Éric Letty ha recordado este proceso de descristianización de un país desde el Gobierno en un artículo publicado en el número fuera de serie nº 33 de Valeurs Actuelles:

En el punto de mira de la Tercera República

En la segunda mitad del siglo XIX, la Iglesia de Francia vivía bajo el Concordato, promulgado el 8 de abril de 1801 por Napoleón. A pesar de ciertas limitaciones impuestas al clero, se produjo un "extraordinario renacimiento religioso", favorable a las vocaciones: había 56.000 sacerdotes en 1870, 30.000 religiosos y 130.000 religiosas en 1878, escribe Jean Sévillia en su libro Cuando los católicos estaban fuera de la ley .

Las congregaciones poseían entonces 14.000 establecimientos -monasterios, escuelas u hospicios- y administraban una de cada diez escuelas públicas. En 1876, casi la mitad de los niños matriculados en la enseñanza primaria recibían clases de personal religioso.

A ojos de la izquierda republicana -que incluía a oportunistas, radicales y luego socialistas-, casi siempre en el poder a partir de 1876, esta situación era tanto más insoportable cuanto que la Iglesia católica encarnaba, según ellos, la reacción y el oscurantismo.

En 1883, Paul Bert, que tres meses más tarde se convirtió en ministro de Instrucción Pública y Cultos, declaró que "la educación religiosa se convierte fácil y casi inevitablemente en la escuela de la imbecilidad, la escuela del fanatismo, la escuela del antipatriotismo y la inmoralidad". Por el contrario, la escuela pública fue concebida como el lugar donde se inculcaban los principios republicanos. Los profesores, los "húsares negros de la República", formados en las escuelas normales, se convierten en los predicadores de la religión republicana; los manuales escolares, en su catecismo.

Pero el ataque a las congregaciones no solo estaba motivado por el deseo de controlar las mentes jóvenes. Herencia de la Ilustración y de la Revolución francesa, el anticlericalismo, explica Jean Sévillia, tiene tres dimensiones -política, social y filosófica- que se refieren a la relación entre el Estado y la religión, el lugar de esta última en la sociedad y su dominio sobre el individuo.

En La France radicale, Jean-Thomas Nordmann añade otra motivación estratégica: el anticlericalismo tiene una función "federativa" y "un vínculo ideológico singularmente eficaz" entre corrientes republicanas divergentes en otros temas. También contaba con el apoyo de una red que reunía a la Liga de la Enseñanza, las logias masónicas, la Liga de los Derechos del Hombre, el Libre Pensamiento y el protestantismo liberal.

En 1878 Léon Gambetta trazó el camino a seguir, ya desarrollado en 1869 en su programa de Belleville: dispersión de las congregaciones, secularización de la enseñanza, aplicación al clero de todas las leyes civiles, separación de la Iglesia y el Estado y ruptura con el Vaticano. "Este proyecto corresponde exactamente al que se realizaría, paso a paso, hasta 1905", escribe Jean Sévillia.

Expulsión de los jesuitas de la Rue de Sèvres, en París, el 30 de junio de 1880 (grabado de 'La Ilustración Española y Americana'. La propaganda anticlerical se inventó la cifra de "los mil millones de las congregaciones", es decir, el dinero que se obtendría "para el pueblo" tras apoderarse de sus bienes. Fue un eslogan inventado por el diputado radical Paul Bert en 1883, pero en realidad "se estaba preparando una astuta malversación", escribió el historiador Daniel Halévy en 'La República de los comités'. En una farsa similar a la desamortización española, al final se obtuvieron 35 millones de francos... pero no "para el pueblo": muchos millones más se quedaron en despachos de los intermediarios.

El asalto se llevó a cabo en tres oleadas sucesivas, bajo los gobiernos de Jules Ferry (1880-1881, 1883-1885), Pierre Waldeck-Rousseau (1899-1902) y Émile Combes.(1902-1905).

En julio de 1879, Ferry, Ministro de Instrucción Pública y Presidente del Consejo a partir de 1879, hizo votar en la Cámara de Diputados dos leyes que retiraban a los religiosos que pertenecían a una congregación "no autorizada" el derecho a dirigir un establecimiento escolar público o privado, e incluso a enseñar en él. En aquella época, cinco congregaciones masculinas y novecientas femeninas estaban legalmente autorizadas, pero cientos de otras caían bajo las prohibiciones.

El Senado se resistió, y en marzo de 1880 el gobierno de Charles Freycinet promulgó dos decretos, ordenando la expulsión de los jesuitas y exigiendo a las congregaciones no autorizadas que solicitaran autorización o correrían la misma suerte. Ante la negativa de los superiores de las órdenes implicadas, Ferry, que se había convertido en presidente del Consejo el 23 de septiembre, tomó medidas enérgicas: del 16 de octubre al 9 de noviembre, se cerraron 261 conventos y cerca de 6.000 religiosos se vieron obligados a dispersarse, sin otra opción que secularizarse o exiliarse.

Enfrentamientos entre católicos y policías

Estas expulsiones provocaron enfrentamientos entre las multitudes católicas y la policía. En muchos lugares, los prefectos llamaron al ejército contra la población, como en la abadía de Notre-Dame de Bellefontaine, en Mauges, donde 500 hombres del 135º regimiento de línea y seis brigadas de gendarmería fueron movilizados para evacuar a 70 trapenses; o en Saint-Michel de Frigolet, cerca de Tarascon, donde 2.000 soldados tardaron tres días en desalojar a 37 monjes...

Por otra parte, las congregaciones femeninas se salvaron temporalmente, debido a su popularidad y a la imposibilidad del Estado de sustituir a tantas maestras y enfermeras. Sin embargo, algunos municipios anticlericales tomaron medidas para expulsar a las monjas de los hospitales. En 1890 se secularizan todos los establecimientos sanitarios parisinos, a excepción del Hôtel-Dieu, el Hôpital Saint-Louis y la Quinze-Vingts.

Una segunda gran ofensiva fue lanzada, con el asunto Dreyfus como telón de fondo, por el gobierno de Pierre Waldeck-Rousseau, quien, en 1899, condenó a los "monjes de la liga" (como los asuncionistas, que dirigían el periódico anti-Dreyfus La Croix y fueron disueltos en enero de 1900) y a los "monjes de negocios", pertenecientes a las congregaciones supuestamente ricas. Waldeck-Rousseau denunció los "mil millones de congregaciones" y, sobre todo, aprobó en julio de 1901 la ley de asociaciones. Este texto, que concedía una gran libertad a otras formas de asociación, la restringía drásticamente para aquellas cuya sede estuviera en el extranjero o que impusieran al individuo una renuncia a los derechos humanos y civiles -lo que apuntaba a los votos monásticos-. En la práctica, solo afectaba a las comunidades religiosas católicas. Si no se autorizaban, 154 órdenes masculinas y más de 1.500 congregaciones femeninas se veían amenazadas de nuevo por la prohibición. Educaban a dos millones de niños, acogían a más de 100.000 ancianos, ayudaban a 250.000 indigentes y, sobre todo en el campo, suplieron a menudo la insuficiencia de los servicios estatales.

Esta vez, muchos de ellos solicitaron autorización; mientras tanto, Émile Combes sucedió a Waldeck-Rousseau como presidente del Consejo. Este ex seminarista era un anticatólico obsesivo. Masón, se jactaba de que solo había llegado al poder para luchar contra las congregaciones.

Émile Combes ingresó en la masonería en 1869, apenas diez años después de haber abandonado la idea de ser sacerdote.

En julio de 1902 ordenó el cierre de 3.000 escuelas, la mayoría de ellas dirigidas por monjas. En 1903, la comisión de la Cámara encargada de estudiar las solicitudes de autorización, presidida por el radical Ferdinand Buisson y compuesta exclusivamente por diputados anticlericales, las rechazó en masa. Al final, 430 congregaciones -incluidas las que no quisieron solicitar autorización- vieron prohibida no solo la enseñanza, sino también la "predicación": decenas de miles de religiosos y religiosas se vieron afectados. Los monjes cartujos fueron los únicos que se dispersaron como congregación "comercial".

Monjes y monjas condenados al exilio

Una vez más, los católicos reaccionaron violentamente ante el cierre de escuelas y monasterios. En Bretaña, en particular, las reacciones a la política gubernamental adquirieron "una dimensión casi insurreccional", escribe Jean Sévillia. Para Émile Combes, sin embargo, fue insuficiente. Las congregaciones autorizadas podían seguir enseñando, como era el caso de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Con el apoyo del gobierno, Ferdinand Buisson hizo aprobar una ley que prohibía a los religiosos impartir clases en la enseñanza primaria, secundaria o superior. En julio de 1904 se cerraron otras 2.200 escuelas.

En septiembre, Combes podía presumir de haber suprimido ¡14.000 desde 1902! Entre 30.000 y 50.000 religiosos y religiosas, monjes y monjas, se exiliaron y otras decenas de miles se "secularizaron", a riesgo de perder su vocación.

La siguiente etapa de la lucha anticlerical contra el catolicismo, dirigida por Aristide Briand, fue la separación de la Iglesia y el Estado en 1905. 

Traducido por Verbum Caro.