El XXI Congreso Católicos y Vida Pública, que comienza este próximo viernes centrado en torno a la libertad de educación, no se convoca "a la defensiva" ni es "una respuesta a un gobierno dado", a pesar de que, en la conformación del actual ejecutivo en junio del año pasado se lanzaron "mensajes inquietantes" al respecto. Se trata más bien de "concienciar, formar e informar, y en su caso movilizar a los católicos en la idea de que la libertad de educación es un derecho básico". Así lo expresaron este lunes, durante un encuentro con los medios, Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Acción Católica de Propagandistas, y Rafael Sánchez Saus, director del congreso.
Lo cual no implica que en el evento se desatienda la situación concreta actual, y en ese sentido una mesa redonda sobre La libertad de educación en España contará con la presencia del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y de representantes del PP (Carlos Aragonés), Vox (Rocío Monasterio) y Ciudadanos (Marta Martín).
Según comentaron ambos responsables de la Universidad CEU San Pablo, organizadora del congreso, la expectación ha ido in crescendo, animada también por la presentación que hizo del mismo el pasado jueves el cardenal Robert Sarah, y hay ya inscritas en torno a quinientas personas para asistir a las ponencias y a los siete talleres de participación y debate. Las conclusiones y el manifiesto finales serán luego entregados personalmente a los grupos parlamentarios y a los distintos agentes sociales implicados en el ámbito educativo.
Una hiperregulación ideológica
Sánchez Saus valoró positivamente que la actual situación política "ofrece resquicios y áreas en los que la voz de los católicos puede hacerse sentir, de forma que se escuche la opinión del catolicismo social sobre un tema tan importante como la educación", que es "un ámbito social acaparado por la política". Otros sectores sociales, añadió, "no admitirían que políticos del poder y de la oposición hablasen con tanta libertad sobre lo que van a hacer o dejar de hacer sobre un ámbito cuyos agentes no deben ser solo espectadores, sino también protagonistas".
En su opinión, aparte de la cuestión de la libertad de creación de centros y su financiación, "hay ámbitos en los que se ha ido limitando la libertad de la comunidad educativa a través de la reglamentación". Esa "hiperregulación", añadió, "nunca es neutral, sino que responde a una ideología que impregna todo el sistema educativo".
Ambos insistieron en que no puede circunscribirse la libertad de educación a los colegios concertados o privados, "dejando fuera del foco a la enseñanza estatal", donde en ocasiones los padres se dejan arrastrar por la idea "de que tienen que aceptar todo lo que viene del Estado" o se preocupan exclusivamente por la dotación material de la enseñanza, "y no por los contenidos".
En cuanto a la educación concertada, Bullón de Mendoza y Sánchez Saus insistieron en que "la educación concertada responde a una libertad básica y no debe defenderse solamente por el ahorro económico que supone para el Estado". Un taller específico dará a conocer y debatirá diversas formas de garantizar legalmente la libertad de enseñanza y cómo se llevan a la práctica en otros países.