"Hay muy baja conciencia social acerca de lo que significa el derecho a la libertad de enseñanza para la vida de las personas y de las familias y de su importancia social y política para una democracia real", afirma Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz y director del XXI Congreso Católicos y Vida Pública, cuyo lema será precisamente Libertad para educar, libertad para elegir. El año pasado, la asamblea de la Asociación Católica de Propagandistas decidió que esta cuestión centraría su actividad formativa durante todo el curso, y llega el momento de abrir a toda la sociedad, y en particular a la comunidad educativa, dichas reflexiones.

El congreso tendrá lugar del 15 al 17 de noviembre, con gran expectativa por la presencia inaugural del cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Además, como novedad y para mayor comodidad de los asistentes, cambia su sede desde el Campus Montepríncipe donde venía celebrándose al centro de Madrid, en el Campus Moncloa de la Universidad CEU San Pablo.

"Hay una inquietud compartida por muchos católicos que vemos cómo se va recortando la libertad de educación -no solamente de la Iglesia sino del conjunto de los agentes sociales que intervienen en la educación- en beneficio exclusivo del Estado, que es tanto como decir de los partidos políticos", añade Sánchez Saus, con quien conversamos al respecto.

-Existe la idea de que una vez que has decidido llevar a tus hijos a un colegio, sobre todo si es público, todos tus derechos sobre lo que les enseñan desaparecen...

-Ese va a ser el motivo de uno de los talleres en torno a los que vamos a organizar la actividad del congreso: el papel de la familia en la educación. Muchas veces, cuando se habla de libertad de educación, parece que solo se hace referencia a la enseñanza concertada o a la privada. Pero la realidad es que el problema de la falta de libertad se acentúa en los centros públicos, donde parece que uno da una especie cheque en blanco a la política para determinar completamente la educación de los hijos.

-¿Qué margen de actuación cabe?

-La única alternativa a esa tendencia es la concienciación cada vez mayor de los padres y, a partir de cierta edad, de los alumnos: darles capacidad para hacerse oír, sobre todo en las actividades que van más allá del currículum escolar establecido y que complementan a veces de manera muy poderosa la enseñanza. Los padres se fijan mucho en si el aula tiene calefacción o suficientes adelantos tecnológicos, y todo eso es importante, pero se descuida extraordinariamente el contenido de lo que los hijos reciben. Deben tener cada vez más voz.

-¿Es el pin parental la solución?

-Lo más razonable sería que determinados aspectos de la ideología dominante no contaminasen ni perturbasen la vida de los niños en las clases. Pero ante el dominio de estas ideologías amparadas por el poder público, parece que el pin parental es un elemento que puede contribuir a la defensa de los padres y de los niños.

-¿Realmente es tan agobiante el dominio de esas ideologías?

-Se está interviniendo como nunca en el proceso educativo con factores absolutamente ideológicos que se introducen sin ningún tipo de debate previo en la sociedad y sin ningún tipo de escucha a voces autorizadas: si es sobre memoria histórica, a los historiadores; si es sobre ideología de género, a los formadores que alertan sobre sus peligros... Es como si hubiese una mayoría aplastante de la sociedad que quisiese eso: se hurta el debate y después se impone como si el debate ya se hubiese producido.

-¿A dónde quieren llegar?

-Que cada uno que saque su conclusión. Parece que lo que se desea es formar ideológicamente y de manera irreversible a los niños en principios que rompen con las ideas básicas que han sustentado hasta hace poco, e incluso ahora, la opinión sobre asuntos muy importantes, que tienen que ver no solo con la persona, sino con los equilibrios que dentro de la sociedad pueden establecerse.

-¿Está en peligro la enseñanza concertada?

-Justo antes de la última convocatoria electoral se anunció una ley que pone en riesgo el concierto, al menos tal como está concebido ahora. Se daban unas vueltas de tuerca más en esa limitación continuada que a lo largo de los años ha habido con los conciertos. La cuestión de fondo es que se está alterando la idea básica que rigió el acuerdo que llevó a los conciertos. Se partía de la base de que había un derecho por parte de los distintos agentes que intervienen en la educación (especialmente de la Iglesia, por su tradición a lo largo de los siglos en este asunto, pero también de otras iniciativas de tipo empresarial que quisieran plantear o introducirse en el campo de la enseñanza), un derecho natural que el Estado tenía que respetar y que el concierto venía a garantizar.

-¿Ya no se ve así?

-Ahora ese derecho se ve como una especie de concesión: el Estado es el titular y garante de todos los derechos sobre la educación, y en función de circunstancias que solamente él determina, y en función de criterios que solo los políticos dominantes en cada momento manejan, puede recortar, ampliar, limitar o eliminar los conciertos. Pero el peligro no es solo para los conciertos, sino para el conjunto de la educación. En España se ha erosionado de tal modo la conciencia en torno a la libertad de educación, que hoy nos creemos que el Estado puede actuar con esa discrecionalidad.

Isabel Celaá, ministra de Educación y portavoz del Gobierno socialista, criticó en julio de 2018 que la "demanda social" es "un eufemismo que ha servido para propiciar en algunos casos que la escuela pública sea subsidiaria de la concertada". Y anunció que "la red pública tendrá preeminencia, mientras que la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización".

-La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha dejado claro en más de una ocasión que considera la educación concertada y privada subsidiarias de la pública. Justo lo contrario de lo que establece la doctrina social de la Iglesia...

-Es el gravísimo problema con respecto a la libertad de educación que hay en la sociedad española, que lo ha admitido sin ningún tipo de debate como consecuencia de la tendencia consentida durante décadas a que el Estado le vaya expropiando la educación a los agentes sociales. Ante esta situación, nosotros hemos creído que, no porque haya ahora un ataque directísimo y feroz contra esa libertad, sino porque va penetrando esa mentalidad en la sociedad, había que dar la voz de alarma.

-¿Cómo es la situación en el ámbito universitario?

-Bastante confusa, como consecuencia de las competencias concedidas a las comunidades autónomas, de manera que el derecho de creación y promoción de centros universitarios están en manos de las autoridades regionales. En algunas comunidades autónomas, aunque no se promueva ni se aliente, se respeta, y cuando hay iniciativas, pueden plasmarse, en función de sus características y de los contactos de sus promotores con el poder político. Pero hay otras comunidades autónomas donde es poco menos que imposible crear un centro universitario de carácter privado: hay una cerrazón absoluta como consecuencia de la pinza entre los políticos (generalmente de la izquierda, allí donde es dominante) y los rectores de las universidades públicas, que ven las privadas como una competencia que no están dispuestos a tolerar. Esa unión es muy poderosa.

-En general, ¿se percibe una reacción a toda esta suma de imposiciones?

-Lo que sucede es que padres bastante indiferentes ante el derecho a la libertad de educación y de enseñanza reaccionan cuando se ven personalmente afectados en su deseo de llevar a sus hijos al colegio que creen mejor para la formación de sus hijos.

-Como ha sucedido en Andalucía cuando se ha pretendido suprimir líneas concertadas...

-Sí, pero lo que vemos es que esa reacción sucede en medio de la incomprensión de todos los demás. Hasta que no les toca a ellos, no lo consideran un problema. No se puede hablar de una reacción. Hay, sí, una conciencia por parte de muchos cuando se van dando cuenta de la realidad existente y de que esas cosas deberían cambiar. Pero no se traduce, no ya en una movilización, sino ni siquiera en una corriente de opinión.

-Es lo que va a intentar fomentar este congreso...

-Efectivamente, esto va a estar muy presente en los talleres, que hemos organizado de forma que no tengan un tono magisterial, sino que abran una vía más eficaz de participación. Las conclusiones, como otros años, se plasmarán en un manifiesto.

-Sarah, Contreras, Membrini... son ponentes con posicionamientos muy claros en todos estos aspectos...

-Sin duda. Francisco José Contreras es un activista de las libertades. Franco Membrini hará su aportación sobre los contenidos de la educación, porque, al fin y al cabo, ¿para qué queremos libertad de enseñanza si no es para ofrecer esos contenidos diferentes? En cuanto al cardenal Robert Sarah, conocido por su forma de hablar sencilla y clara, hay mucha expectación ante lo que pueda decir sobre la educación en la misión de la Iglesia: no sólo el valor teórico de la educación en los colegios católicos, sino cómo se está llevando a la práctica.

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