Cuenta Julio José Henche Morillas que la verdadera conquista de América no fue producto de grandes batallas como Tenochtitlán, Otumba o Cajamarca. Al menos, no solo. Para él, el verdadero motor de la hazaña que comenzó el 12 de octubre de 1492 fue “la valiente y heroica actitud de quienes se adentraron en América con apenas una Biblia, la fuerza de la fe y la confianza en la palabra del Evangelio”.

Solo así, explica, se podría desarrollar más adelante el cuerpo legal, político y administrativo que impregnó el Nuevo Mundo y que ensanchó hasta límites insospechados las posesiones del imperio.

Henche Morillas es abogado y residente en Hispanoamérica por profesión y especialista en Derecho Histórico en la América de habla española. Fruto de ambas dedicaciones, ha compilado una extensa batería de argumentos contra la leyenda negra de la América española, y que ahora publica bajo el título de “Las Leyes de Indias. Ordenamiento de protección de la monarquía hispana a los pobladores nativos de América” (Círculo Rojo).  

¿Se aplicaba la legislación hispánica en las Indias? ¿Impedía la distancia de los virreinatos con la Corte su implementación y supervisión? Las Leyes de Indias, ¿fueron meros programas propagandísticos o realmente configuraron el día a día de españoles peninsulares e indianos? ¿Qué destino corrían los que incumplían la ley?

De las muchas cuestiones que aborda, la del cumplimiento de la legislación vigente en la América española es uno de los temas centrales. "Algunos han tratado de desvirtuar la ingente obra normativa hispana en América durante tres siglos, con la argumentación de  que las leyes de indias en si mismas eran muy loables, pero no tuvieron aplicación efectiva". Desterrar este mito es solo uno de los grandes objetivos de Morillas.

Estrechamente relacionado se encuentra el objetivo de resaltar la importancia de la labor de la Iglesia en el cumplimiento de las leyes y la protección de los indios, intención que venía dada no solo por las más altas esferas del poder político, sino también del religioso.

"El Papa Paulo III apoyó con superlativo agrado las órdenes del emperador Carlos I contra la esclavitud en su Pastorale Officium, sancionando con la pena de expulsar de la Iglesia católica a quienes practicaran la esclavitud de los indios", recoge. 

"Las iglesias eran lugares de culto, pero no solo. Eran lugares de cobijo y seguridad para los indios, a los que se pretendía conducir a la fe católica de forma pacífica y persuasiva", explica Morillas, antes de aludir a la Ley IV que dictó Felipe II para atraer pacíficamente a los caciques a ceremonias religiosas si que puedan recibir daños, "pues todo lo que deseamos es su bien y conversión". 

De las decenas de ejemplos que destaca el autor en el libro, se recogen cuatro ocasiones de cómo la Corona buscó implementar y supervisar la legislación de protección a los indios, en especial relación con la Iglesia y las altas autoridades civiles. 

1º) La aplicación fue estricta desde el primer hombre que pisó América

La supervisión del cumplimiento de la ley comenzó “con el primer hombre que tiene relación con la historia de España en América”, Cristóbal Colón.

No eran pocos los informes que daban cuenta de que Colón no tenía las mismas dotes como navegante que como gobernador, destacaban sus excesos con los indígenas y el incumplimiento de los acuerdos de Santa Fe firmados con los Reyes Católicos.

“La imputación a Colón consistía en que se habían vendido como esclavos a los nativos, explotado un yacimiento de perlas sin pagar los impuestos reales y otras acciones como castigos excesivos, incluidos a los españoles peninsulares”.

La actitud de los Reyes no se hizo esperar, y fue tan inmediata como fulminante. “La consecuencia de estos desmanes fue el nombramiento de Nicolás de Obando como gobernador de La Española”.

Mientras, el militar Francisco de Bobadilla engrilletó a Colón, lo llevó preso a la España peninsular y devolvió a 14 indios esclavos por orden de la reina Isabel. “Los reyes no estaban dispuestos a consentir el incumplimiento de sus disposiciones, y el mismo Colón que gozó de inestimable afecto, mereció el corregimiento severo sin paliativos de la corona”.

2º) Fray Bernardino de Minaya, el monje que frenó los excesos de un ejército

Morillas recoge que, entre las obligaciones de los eclesiásticos en América, además de sus labores evangelizadoras, debían atender y velar por el correcto cumplimiento de la legislación vigente.

Uno de los más destacados valedores de la ley fue fray Bernardino de Minaya (c.1485 – c.1565), religioso que “dedicó su vida a la evangelización de América y a la defensa de los indios, incluso acudiendo en persona al Papa”, relata Morillas.

Minaya, que también acudió al bautizo de Felipe II, relató su enfrentamiento con Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador Francisco Pizarro, a causa de la venta ilegal de esclavos.

“Querían enviar en los navíos a los indios que habían recibido para servicio a vender a Panamá y dellos traer vino, vinagre y aceite. Les notifiqué que mandaba Su Majestad el Emperador que no pudieran hacer esclavos a los indios, aunque ellos fuesen sus agresores, y así lo pregonaron y cesó el venderlos”, relató Minaya.

Minaya, en esta ocasión, no estaba sino amenazando con cumplir una de las Leyes de Indias que obligaba a los eclesiásticos a informar de desobediencias en lo relativo al trato de los indígenas, que decía:

“Encargamos a los Prelados y Eclesiásticos, y mandamos a todos nuestros Ministros y personas Seculares de las Indias, que tengan a su cuidado avisar y advertir a los Protectores, Procuradores, Abogados y Defensores de Indios, si supieran que algunos están debajo de servidumbre de esclavos en las casas, estancias, minas, granjerías, haciendas y otras partes, sirviendo a españoles o indios”.

Esta es tan solo una más de las miles de disposiciones que muestran como “la Corona otorgaba a la Iglesia un papel principal en la labor de supervisión y seguimiento del cumplimiento de las Leyes de Indias, particularmente en lo referente tanto a la protección de indios como a negros que podían ser objeto de maltrato”.

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3º) Los juicios de residencia, el estricto sistema de control para supervisar a las autoridades

Otra de las medidas regias para el control del cumplimiento de las disposiciones legales fueron los juicios de residencia.

Mediante este procedimiento, se convocaba a todos aquellos que hubiesen sido agraviados por el funcionario encausado, a fin de que formularan sus acusaciones y aportaran las pruebas correspondientes. Todos los funcionarios debían someterse al juicio, que revisaba su trayectoria en la administración de un lugar concreto, y respondían con su salario de los daños por los que fuesen condenados.

Especialmente sonado y representativo fue el de Hernán Cortés, “sometido a un severo juicio con más de 140 cargos que duró casi 20 años, proliferando demandas y testimonios en contra de su persona”.

“Se le acusó de delitos contra los aztecas sometidos, abusos de recaudación del diezmo real y del asesinato de su primera mujer”, enumera el especialista. “Apeló en su defensa las conquistas hechas para la Corona y la exitosa propagación de la fe cristiana. Rebatió todas las acusaciones y resultó absuelto, aunque todo su prestigio decayó desde entonces”.

4º) La Corona no dudó en ejecutar a quienes se excedían o esclavizaban indígenas 

Debido precisamente a las limitaciones que suponían las Leyes Nuevas de 1542 -entre otras, la supresión de la herencia de las encomiendas-, los encomenderos recurrieron a Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador, para rebelarse contra su aplicación y el poder real.

Con el avance y victorias sucesivas de los pizarristas, el rey nombró un nuevo virrey para el Perú con incremento de la fuerza militar, Pedro La Gasca (que era clérigo y llegaría a ser obispo de Sigüenza), escogido como voluntad inquebrantable del rey para hacer cumplir sus leyes. Junto a Diego Centeno y sus huestes, las fuerzas leales a la corona derrotaron a los instigadores, Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal, en Jaquijahuana. Ambos fueron condenados a muerte y ejecutados por desacato a las leyes.

Tras su muerte, Francisco Hernández Girón continuó la rebelión contra las leyes nuevas, pero su suerte no fue distinta a la de sus predecesores. Derrotado en Chuquinga, fue capturado, juzgado, condenado a muerte y ejecutado en 1554.

“A la autoridad regia no le tembló el pulso a la hora de imponer sus disposiciones legales a toda costa. Fue sangre española la derramada a manos de otros españoles para hacer cumplir un mandato que no tenía otra finalidad que la protección de los nativos indígenas de América”.

 Como recoge Morillas, siempre que “la Corona tuvo noticias y conocimientos del desafuero provocado por sus súbditos españoles, procuró reprimirlo castigando con severidad a los que solo pretendían un régimen de esclavitud o explotación de los nativos en contra de las leyes”.

A lo largo del libro se hace patente, además, la generalización de la observancia de la ley, ya que a la Corona no le temblaba el pulso para sentenciar a grandes personalidades y conquistadores como Colón, Pizarro o Cortés, rigor que también se aplicaba para con los pobladores y súbditos.

Estas escenas, relata el autor, bastan para mostrar que “la resistencia de algunos españoles a acatar las Leyes de Indias no denigra la voluntad de la monarquía española de dotar de justicia a las relaciones con los nuevos vasallos”.

“Si bien hubo quien se resistió a su cumplimiento”, añade, “también hubo quien entregó la vida para defender las leyes y los derechos de los indios”.

Presentación de "Leyes de Indias", de Julio José Henche Morillas.

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