Cuando tal cual hago hoy, me propongo opinar sobre un hecho como el que da título a este artículo, me debato, -al igual que ya me ocurrió cuando lo hice sobre la eventualidad de que el Rey no sancionara la nueva ley de aborto, y hasta sobre la posible excomunión del monarca si lo hacía-, entre lo que son mis simpatías naturales y me pide el corazón, y lo que requiere de mi la responsabilidad y me pide la razón.
 
            Me solidarizo plenamente con el presidente de la región de Murcia, el Sr. Valcárcel, y le alabo su buena voluntad y su gallardía, en la lucha personal que desde una de las más pequeñas regiones de España, se propone realizar contra una ley inicua que es, desde luego, amoral, y que puede tener consecuencias irreparables aun cuando el Tribunal Constitucional, vaya Vd. a saber dentro de cuantos años (¡qué vergüenza el espectáculo brindado con el Estatuto catalán!), tome la única decisión que sobre la Ley Aído puede tomar, a saber, la de su devolución al Gobierno. A no ser que el Constitucional opte definitivamente por su suicidio, y en abierta contradicción con lo que ya expresó en su propia sentencia 53/1985, decida que la Ley Aído es constitucional.
 
            Deseo asimismo al Sr. Valcárcel que sus razones sean mejores que las mías y que las de todos los que le están criticando cuando afirma que no va a aplicar en Murcia la Ley Aído (¡orgullosa puede estar Vd., jovencita, de dejar su nombre unido a semejante legado!). Pero mientras en España rija la Constitución de 1978, y mientras en la Ley orgánica del Tribunal Constitucional no haya lugar para el recurso previo de constitucionalidad y el alto tribunal, como podría y debería hacer, no determine la suspensión cautelar de la Ley hasta que dicte sentencia, el imperio de la ley y el estado de derecho no permiten al Sr. Valcárcel negarse a poner en práctica una ley, aunque esa ley sea la Ley Aído, o, en otras palabras, la más inicua del ordenamiento jurídico español. Es el famoso debate de las formas, tan importantes en cualquier sistema constitucional. Establecer el precedente contrario tiene para la convivencia entre españoles, consecuencias que no serán menos irreparables que las que el Sr. Valcárcel se propone evitar con su conducta.
 
            Esto dicho, me gustaría saber dónde están todos los fundamentalistas que surgen hoy a la vuelta de cada esquina, cuando se han producido otras violaciones constitucionales de calado muchísimo más grave, repito, infinitamente más grave, y que no han sido amagos como está llamado a ser el del Sr. Valcárcel, sino golpes directos al corazón de la Constitución española, como por ejemplo, las que se producen a diario ya, desde una región que está instalada en la desobediencia civil, la cual no es otra que Cataluña, con cientos de pueblos convocando referenda que son abiertamente anticonstitucionales, con leyes que también lo son, con amenazas intolerables en un estado de derecho procedentes de las más altas instituciones catalanas, y hasta con un municipio, Puerto de la Selva en Gerona, que en abierta aplicación de la ley que le da nombre, se ha declarado unilateralmente independiente. Todo ello ante la total y más inimaginable indiferencia de los mismos juristas que ahora se rasgan aparatosamente las vestiduras porque el amago lo hace un representante del Partido Popular y no, por ejemplo, de los “respetabilísimos” partidos nacionalistas que surgen en España por doquier.
 
            Ponga orden el Gobierno en Cataluña, donde la Constitución hace mucho tiempo que pasó a ser papel mojado, y reclame entonces en el resto de las regiones españolas su cumplimiento. Pero mientras eso no sea así, hoy será el Sr. Valcárcel con la infame Ley Aído, la ley más repugnante que esta democracia española ha podido aprobar; mañana serán todos lo gobiernos o el municipio que se le encarte sobre la totalidad del ordenamiento jurídico. Hasta hacer este país ingobernable.

            Una más de las actuaciones por las que la Historia pedirá responsabilidad a este Gobierno nefasto que gobierna España desde hace seis interminables años, cuando su más alto representante pronunció el llamado Principio de Pascual, enunciado en estos términos:

                     “¡Aprobaré Pascual,
                      cualquier cosa que venga
                      del Parlamento catalán!” 

            Como si Pascual y él mismo (y eso que según nos han dicho, alguna vez estudió derecho), estuvieran por encima de la Ley.