Una propuesta más para salir de la crisis: que la Iglesia renuncie a una parte de lo que los contribuyentes le damos libre y voluntariamente. ¿O quizás se trata de otro tipo de financiación pública, por ejemplo la que reciben como salario todos los profesores de la escuela concertada católica, que no corre por cuenta de lo recaudado a través del IRPF? No sé a qué se refería Tomás Gómez, hábil economista socialista, pero en cualquier caso merece la pena considerar esas revolucionarias hipótesis macroeconómicas.
Si se trata de que la Iglesia renuncie a lo que YO le he dado voluntariamente a través de mi declaración del IRPF, encuentro de primeras algunas cosas que no me encajan. Veamos pues. YO le doy al Estado cada año una parte importante de mis ingresos en concepto de tributos para que el Estado pueda hacer frente al gasto de todos los servicios públicos, y de este modo contribuir a la consecución del bien común.
De ese dinero que YO le he dado al Estado, éste hace un uso según le parece conveniente, y de esta forma utiliza MI dinero para pagar a asociaciones lésbicotransbigaysexuales, para subvencionar asociaciones de memoria histórica, para que Cataluña pueda abrir embajadas en Nepal, para las dietas de los dirigentes de CC.OO y UGT, que incluyen mariscadas en algunos casos, para pagar carteles por toda España en los que pone “Plan E” o para sufragar estudios sobre el uso lingüístico de la palabra “bebé” y la conveniencia de sustituirla por la palabra “criatura”.
El Estado, entonces, se gasta MI dinero sin mi permiso en todas esas cosas y otras muchas; sin embargo, el dinero que va a la Iglesia Católica es ni más ni menos que el único dinero que YO he decidido que se destine a tal fin, por lo que la Iglesia no puede renunciar a él sin pedirme previamente permiso a MI, que soy el que se lo ha dado. Y como es natural, a mi no me da la real gana que la Iglesia renuncie al dinero que le he dado YO, simplemente porque me salía de las narices hacerlo.
Por tanto, en este primer supuesto, lo que plantea Gómez Keynes no puede ser, ya que para eso me tienen que pedir permiso a MI, que soy el que pone las pelas, y si yo he decidido dárselas a la Iglesia ahí se van a quedar, porque ya me cansa bastante ver cómo la otra parte de MI dinero se la dan a las asociaciones protectoras de la foca monje, y esta vez sin MI permiso.
Pero si se trata del segundo supuesto, la cosa ya se complica más todavía. Resulta que a los profesores de los colegios concertados católicos, por poner un ejemplo, les paga su salario la administración educativa correspondiente, que también recibe ese dinero de MI bolsillo. Resulta que a ellos también les van a bajar el salario un cinco por ciento, al igual que a los funcionarios, pero con la diferencia de que ellos NO SON FUNCIONARIOS, como tampoco lo son los profesores de religión y moral católicas de la escuela pública. Pero venga, seamos solidarios y apliquemos las medidas para funcionarios a los que no son funcionarios.
Pero claro, si lo que propone Milton Gómez se refiere a una renuncia voluntaria por parte de la Iglesia en esta parte del gasto público que son los sueldos de este colectivo, nos encontramos con que lo planteado por él es ni más ni menos que la renuncia de este colectivo de trabajadores a la totalidad de su sueldo, no sólo a ese cinco por ciento que ya les van a rebajar por NO SER FUNCIONARIOS.
Aunque quizás la principal partida del ahorro que propone Gómez proceda de otros ámbitos del gasto público, quizás del que se destina a Patrimonio. Eso sí tienes muchos visos de credibilidad: hay recursos públicos que se destinan a la conservación de nuestro patrimonio que pueden suprimirse sin causar daños a la supervivencia de familias enteras: la Catedral de Burgos puede dejar de consumir parte de esos recursos si es derribada y así deja de provocar esa sangría de fondos de los contribuyentes, que deben tener su correcto uso en programas de formación sobre la igualdad de género para las mujeres wolof del Senegal.
Igualmente pueden derribarse el resto de catedrales, monasterios, conventos y demás. Por supuesto, hay que empezar por el Valle de los Caídos, desde el cual Franco ha conseguido liquidar al juez Garzón como si se tratase de un Negrín cualquiera. Las proezas que está consiguiendo este hombre a sus 118 años dejan muy pequeñas incluso a las del Cid Campeador.
Se trata, en fin, de la solución definitiva al problema de déficit presupuestario. Procede, cuanto antes, aprobar mediante decreto-ley la medida propuesta por Gómez y la presentación inmediata de la misma ante Bruselas, el FMI y el propio Obama, que de este modo quedarán completamente convencidos de la firme determinación del gobierno español de sanear la economía, devolverá la confianza a los mercados y provocará un cambio de ritmo en nuestro producto interior bruto que volverá a crecer a un ritmo superior al de China. Ya tarda el Sr. Zapatero.