El presidente de los abortorios españoles asociados bajo las siglas ACAI (Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo), Santiago Barambio, ha advertido este lunes, hablando de la Ley Aído que “tenemos una ley que se tiene que poner en marcha, pero cuyo texto no es lo suficientemente esclarecedor para decir cómo lo vamos a hacer”.

             Las críticas que realiza el Sr. Barambío a los miembros del Gobierno implicados en el tema, y aun a pesar de haberle resuelto a él y a sus colegas el negocio para los próximos años, no son baladíes. Dice el Sr. Barambío que “cuando salga la ley, creemos que no sabremos aplicarla”. Y a modo de ejemplo, expone el caso concreto de la menor que se presenta en un abortorio y dice tener diecisiete años y haber informado ya a sus padres: “¿Nos lo creemos o le pedimos un documento que lo acredite ante notario, o ha de venir su padre a decir que realmente se lo ha dicho?”
 
            El caso parece preocupar mucho al Sr. Barambío que aún añade:

            “La ley también prevé que si la mujer de 16 ó 17 años considera que decírselo a sus padres le puede causar un problema, no tiene por qué decírselo. Nos vendrán [estas mujeres], a los que hagan la interrupción voluntaria del embarazo [el aborto para que nos entendamos, que el embarazo más que interrumpirse –como dice el presidente de la Comunidad Navarra sólo se interrumpe lo que luego puede proseguirse- se aborta], que no se lo dice a sus padres porque la van a matar o la van a echar de casa. ¿Su sola declaración vale, o ha de ser una declaración ante un juez, ante un fiscal, un trabajador social, o un notario? No está explicado”.
 
            Se pregunta también el Sr. Barambío por lo más importante de la ley y lo que, como no podía ser de otra manera, más interesa a él y a los profesionales a los que representa, a saber, las pelas, vamos, que quien le paga a él la facturita (¿o alguien creía que los aborteros trabajan por amor al género humano?):
 
            “La ley dice que [el aborto] ya es un derecho a cargo de la sanidad pública, pero no sabemos si lo van a hacer los hospitales públicos, los concertados o si los hospitales tendrán que hacerlo o subcontratar el servicio".
 
            (¡¡¡El servicio, señores, el servicio!!! Había visto llamar cosas a un aborto... ¡¡¡pero un servicio!!!)
 
            Y denuncia también Barambío que todas estas dudas han sido ya planteadas “muchas veces” , y que aunque se han pedido entrevistas con los representantes de los ministerios de Sanidad, Justicia e Igualdad encargados de elaborar el reglamento, éstos, de momento, o “no tienen nada que decirles, o no les ha interesado lo que les tienen que decir”.
 
            A lo mejor hay que explicar a la Sra. Aído y a las miembras de su equipo, que aún cuando se trate de la eliminación de los únicos embriones del mundo animal que son concebidos sin especie, en un país, por otro lado, “discutido y discutible”, -¡que ya es mala suerte, nacer en España y no ser ni humano ni español!-, la Ley que convierte ello en un abominable derecho de su madre ha de ir acompañada de su correspondiente reglamento. Sí, Sra. Ministra, "reglamento", eso de lo que decía aquél que se los dejaran hacer a él mientras los demás hacían las leyes, un tal Romanones, según creo. ¿Le suena a Vd. Romanones, Sra. Aído? No, mujer, un emperador romano no. El enano del Circo Price tampoco, mujer, uno que era conde y que fue Presidente del Consejo... ¿le dice algo ahora?
 
            Con tan inmenso poder en sus beneméritas manos... ¿y lo va a desaprovechar Vd., sra. ministra?