Una de las polémicas que ha saltado en las últimas semanas del confinamiento ha sido el inicio de la tramitación parlamentaria de la nueva ley de educación, la LOMLOE. En el mundo educativo ha causado sorpresa este paso dado por el gobierno. Todos los sectores implicados en la educación vienen manifestando, desde hace tiempo, la necesidad de llegar a un amplio acuerdo sobre el modelo educativo para nuestro país. Es mucho lo que nos jugamos. La izquierda española, que desde la oposición reclamaba consensos, pactos y sentido de Estado en materia educativa, tras alcanzar el poder, ha borrado por completo esta actitud. Y ahora pretende abocarnos, de forma atropellada, como si no hubiera un mañana, a un “trágala” sin contemplaciones, tramitando su LOMLOE, con nocturnidad, con premeditación y alevosía. Para comenzar, lo hace con la comunidad educativa maniatada, a espaldas de los afectados, sin debate social previo, sin el menor talante de escucha. Lo de siempre: Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ni siquiera tienen mínimamente en cuenta lo que sabiamente afirmaba Julio Caro Baroja: “Crea usted en lo que quiera, pero no empuje”. Escuelas Católicas, la organización que agrupa a los centros educativos católicos, ha señalado con claridad y precisión los aspectos problemáticos de la nueva ley de educación, que, al menos, deberían ser discutidos y consensuados: primero, “se elimina la demanda social como criterio de programación de plazas gratuitas"; segundo, “permite la distribución del alumnado por la administración educativa sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres como responsables de sus hijos”; tercero, “inventa un derecho a la educación pública”, cuando el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación; cuarto, “olvida los derechos de los padres como responsables de sus hijos, introduce un comisario político en los centros concertados, posterga la enseñanza de la Religión, impone una asignatura en valores éticos y cívicos que no se apoya en valores consensuados, limita la autonomía de los centros, ataca a la educación diferenciada y pone en duda la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial”. Como podemos apreciar, la nueva ley plantea una lucha, en vez de un diálogo y un consenso. Por eso, nadie entiende la educación como una “guerra” entre pública o concertada, entre el gobierno y las familias. Nadie entiende que el proyecto haya sido tramitado por vía de urgencia, sin dictamen del Consejo de Estado. Nadie entiende que se marginen a los principales actores del campo de la enseñanza, a los padres. La primera responsabilidad educativa proviene de los padres. El profesor Rémi Brague afirma que el gran problema es educar para la libertad. Pone un ejemplo divertido: un taxi vacío no se sabe a dónde se dirige, lo mismo sucede con la persona que no ha cultivado su libertad. La razón quizá estriba en que hay una clara pretensión política en materia educativa: "Construir" una nueva ciudadanía que se ajuste a los postulados ideológicos de los que gobiernan. Está claro: No aprendemos de nuestra historia. Será la octava ley educativa desde 1978. Alguien ha dicho, que “de la educación de la juventud depende la felicidad de las naciones”. Y alguien ha escrito: “Se proponen cargar lo que funciona. Y nos ofrecen un único modelo: el suyo”. Lo de siempre: ¡Qué país, qué paisaje, qué paisanaje!