JEFATURA DEL ESTADO
3514
Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica [...]
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.
Madrid, 3 de marzo de 2010.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
O sea, D.Juan Carlos (sí, el que subió al trono como representante de la Monarquía católica, social y representativa definida en las Leyes Fundamentales) firma un texto en el que se dice: "Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica" ¿Y no tiene ninguna responsabilidad en conciencia?
Por favor, que alguien me explique dónde estudiaron moral los Obispos de la Conferencia Episcopal Española
«A veces, se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se redujese a hacer de testigos, registradores o notarios de la «voluntad popular». Ellos verán. A Dios no se le engaña. Lo cierto es que, por ejemplo, el Jefe del Estado, al promulgar la ley a los españoles, no dice: «doy fe». Dice expresamente: "MANDO a todos los españoles que la guarden".
Los que han implantado la ley del aborto son autores conscientes y contumaces de lo que el Papa califica de "gravísima violación del orden moral", con toda su carga de nocividad y de escándalo social. Vean los católicos implicados si les alcanza el canon 915, que excluye de la Comunión a los que persisten en "manifiesto pecado grave". ¿De veras pueden alegar alguna eximente que los libre de culpa en su decisiva cooperación al mal? ¿La hay? Si la hubiere, sería excepcionalísima y, en todo caso, transitoria. Y piensen que los representantes de la Iglesia no pueden degradar su ministerio elevando a comunicación "in sacris" la mera relación social o diplomática.
La regla general es clara. Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de gobierno, promueven o facilitan —y, en todo caso, protegen jurídicamente— la comisión del crimen del aborto, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Como tales habrán de ser tratados —particularmente en el uso de los Sacramentos—, mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos».
Monseñor José Guerra Campos, Obispo de Cuenca, en 1985
Por favor, que alguien me explique dónde estudiaron moral los Obispos de la Conferencia Episcopal Española
«A veces, se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se redujese a hacer de testigos, registradores o notarios de la «voluntad popular». Ellos verán. A Dios no se le engaña. Lo cierto es que, por ejemplo, el Jefe del Estado, al promulgar la ley a los españoles, no dice: «doy fe». Dice expresamente: "MANDO a todos los españoles que la guarden".
Los que han implantado la ley del aborto son autores conscientes y contumaces de lo que el Papa califica de "gravísima violación del orden moral", con toda su carga de nocividad y de escándalo social. Vean los católicos implicados si les alcanza el canon 915, que excluye de la Comunión a los que persisten en "manifiesto pecado grave". ¿De veras pueden alegar alguna eximente que los libre de culpa en su decisiva cooperación al mal? ¿La hay? Si la hubiere, sería excepcionalísima y, en todo caso, transitoria. Y piensen que los representantes de la Iglesia no pueden degradar su ministerio elevando a comunicación "in sacris" la mera relación social o diplomática.
La regla general es clara. Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de gobierno, promueven o facilitan —y, en todo caso, protegen jurídicamente— la comisión del crimen del aborto, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Como tales habrán de ser tratados —particularmente en el uso de los Sacramentos—, mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos».
Monseñor José Guerra Campos, Obispo de Cuenca, en 1985