Como es sobradamente conocido, se debate estos días en el Parlamento catalán la posibilidad de abolir las corridas de toros, prohibiendo su celebración en cualquier ciudad de la comunidad autónoma catalana. Todo parte de una iniciativa legislativa popular (ILP) acompañada, a lo que parece, de 180.000 firmas, la cual ha sido admitida a trámite por los parlamentarios catalanes.
Más allá de consideraciones identitarias que lamentablemente impregnan cada debate de los que se producen en la entrañablemente española región catalana, la pregunta que me hago ante la iniciativa presentada en el Parlamento catalán es la siguiente:
¿Cuantos entre los postulantes de la prohibición de la fiesta de los toros que han firmado esta ILP firmarían también una ILP dirigida a prohibir las prácticas abortivas que ponen fin a la vida de inocentes seres humanos a los que, por demás, ni siquiera se les ahorra el sufrimiento, al recibir la mayoría de ellos la muerte por literal destrozamiento de sus órganos y miembros?
¿Quieren que les diga mi opinión? Algo me dice, corríjanme Vds. si creen que yerro, que con dificultad, con gran dificultad, se conseguiría que entre los firmantes de la ILP presentada para abolir lo que ellos llamarían sin sonrojarse el holocausto taurómaco, un 5%, apenas un 5%, se prestara a firmar una ILP exigiendo la abolición del holocausto infantil que representan las prácticas abortivas.
Miserias del pensamiento neoprogresista del s. XXI, donde las incoherencias se suceden las unas a las otras, y donde lo único claro es que el deseo irracional y visceral de derribar el edificio de principios y valores preexistente, no viene acompañado de la capacidad de articular una alternativa al mismo que sea mínimamente coherente. A no ser que, como en el caso que nos ocupa, se piense que un toro vale más que un ser humano, en cuyo caso, el sistema se muestra sumamente coherente, y nada tengo que decir.