Como es lógico dados los muchos acontecimientos que por estas fechas se concentran en torno a ella, es mucho lo que estos días estamos oyendo hablar sobre la nueva Ley de aborto que el Gobierno se propone aprobar. En foros, tertulias y demás corrillos hemos oído toda clase de argumentos a favor y en contra de la Ley. Y sin embargo, algo han tenido en común, con escasísimas excepciones, tanto las opiniones favorables como las contrarias. Y es que todas o casi todas han obviado lo que es el verdadero meollo de la cuestión, a saber, los derechos inherentes al feto, considerado en la importantísima sentencia 53/1985 emitida por el Tribunal Constitucional [1] en la claúsula 5c de sus fundamentos jurídicos, como bien jurídico objeto de derechos. Y mientras hablemos del derecho de la mujer a una maternidad digna, del derecho a disponer de su cuerpo, de su vida y de su futuro y de tantos otros derechos de los que sería y es titular, y no le opongamos el derecho fundamental con el que colisiona cuando de un aborto se trata que no es otro que el que el feto tiene a la vida, todo debate es insustancial e innecesario.
Y es que precisamente ahí radica la dificultad del problema, en que por muy dramática que pueda llegar a ser la situación de una mujer embarazada, cuando la solución a su drama consiste en un aborto, dicha solución implica un mal superior, el que se causa al sujeto de derechos al que, impidiéndole su nacimiento, se le viola en el principal de sus derechos, el que tiene a la vida. Lo cual admite poca objeción desde el momento en que nuestra Constitución cita el de la vida como el primero de los derechos, y el Tribunal Constitucional acepta que hay vida desde el mismo momento de la gestación (sentencia 53/1985 cláusula 5a de los fundamentos jurídicos).
Son muchas las personas bien intencionadas y muy preparadas e inteligentes, a las que estos días hemos visto dar la cara contra la Ley que ahora se propone aprobar el Gobierno. A muchas de ellas se les notaba a la legua que su lucha no era sólo contra la ley que ahora quiere aprobar el Gobierno, sino contra las prácticas abortivas en general. Ha sido muy triste verlas luchar con un brazo atado, el de la defensa de los derechos de los que es titular el feto, entretenidos con los cebos que el autor de la ley les ha puesto para que piquen (la comunicación de las menores de edad a su padres, si doce semanas o catorce, la objeción de conciencia) y en consecuencia, y por desgracia para los que estábamos con ellos, verlos derrotados en el debate. Casi siempre contra gente peor preparada y con peores argumentos, pero que remaba en aguas favorables y no se autoimponía censura alguna, proponiendo sus argumentos con un lenguaje descarnado por el que quizás alguna vez la Historia les demande la responsabilidad que les corresponde en esta escabechina que, sólo en España, se ha llevado ya la vida de un millón de inocentes.
[1] Texto de la sentencia en: