Ayer, el programa de Televisión Española 59 segundos nos ofreció un sucedáneo de lo que habría sido un debate entre la portavoz de Derecho a Vivir, la doctora Gádor Joya, y el Presidente del Gobierno. En su lugar, el doctor Luis Chiva, miembro del consejo de expertos de Derecho a Vivir y ginecólogo, mantuvo un encorsetado debate con el doctor Javier Perez Salmean, también ginecólogo y asesor de la Ministra de Igualdad Bibiana Aído.

El debate se emitió a la 1:30 de la madrugada, hora en la que los españoles estamos durmiendo y en la que casi nadie pudo verlo. Los turnos de intervención, como marcan las reglas del programa, se limitaban a 59 segundos, hábilmente interrumpidos por algunos de los tertulianos allí presentes. No obstante, el doctor Luis Chiva tuvo una muy brillante intervención dando las claves casi telegramáticas de los principales argumentos de los defensores del derecho a vivir.

Sin embargo, quiero fijarme en uno de los argumentos esgrimidos por el doctor Javier Perez Salmean, pues se deslizó de un modo muy sibilino en el debate y se trata de algo que ha calado en la opinión pública mucho más de lo que parece en estos momentos, y que se refiere a la posibilidad de que las jóvenes de dieciséis años puedan abortar sin conocimiento paterno. Y es necesario desmontar todas y cada una de las estrategias propagandísticas del gobierno, pues su impacto en la sociedad es mayor de lo que habitualmente se supone.

Sostuvo el doctor Perez Salmean que la regulación del aborto para niñas de dieciséis años resulta imprescindible si se quiere acabar con la clandestinidad y los altos riesgos para la salud de la embarazada que ésta conlleva. Desde mi punto de vista, se trata de un argumento de una eficacia demoledora, y no se le ha prestado la suficiente atención hasta ahora. Formulado en el lenguaje de la calle, quedaría más o menos así:

“Si una joven de dieciséis años se encuentra ante un embarazo no deseado y decide abortar, la posible presión del entorno familiar y social en el sentido contrario puede inducirle a buscar la solución a su problema por vías clandestinas, lo que supone un grave riesgo para su salud al realizarse estas prácticas en condiciones sanitarias muy deficientes y en muchos casos por personal no especializado. En conclusión, si no autorizamos el libre acceso al aborto de las niñas de dieciséis años, éstas pueden llegar a poner en riesgo su vida”

La clave de la falacia del argumento reside en la expresión “libre acceso”, y conviene desmontar esta falacia punto por punto. En primer lugar, hay que precisar cuál es el objeto, la “prestación”, como la llama el entorno de la Ministra de Igualdad, a la que se pretende dar "libre acceso". Esta supuesta “prestación”, el aborto, es en sí misma un mal objetivo, y en este punto hay acuerdo general en todos los ámbitos. Es un caso análogo al del consumo de drogas, caso en torno al que aún subsiste el mismo debate, el que intenta justificar el “libre acceso” a este tipo de sustancias, es decir, la legalización de su comercialización.

Por esta razón, y en segundo lugar, aquello que es considerado con acierto como un “mal objetivo” como es el caso de las drogas y sustancias estupefacientes por la simple razón de que tienen un efecto altamente nocivo sobre la salud individual y colectiva, hecho ya probado científicamente, tiene un acceso restringido por ley. Los países que como Holanda han despenalizado no ya el consumo, sino la comercialización de estas sustancias, han visto cómo se disparan los casos de adicción y los múltiples trastornos derivados de la misma. Y ello realizado bajo el pretexto de acabar con el mercado negro y las mafias, argumento inválido en el momento en que las mafias siguen existiendo igual en el mercado regulado y que el gran daño no se produce por la libre comercialización de estas sustancias, sino precisamente por su consumo.

Por lo tanto, el “libre acceso al aborto” no sólo no acabará con las prácticas clandestinas, como bien puso de manifiesto el caso del doctor Morín, sino que aumentará exponencialmente el “consumo” de esta “prestación” por parte de las adolescentes y jovencitas, con la consiguiente expansión de los graves males que conlleva, tales como los daños a la salud reproductiva de la madre y el conocido “síndrome postaborto”.

Derivadamente, genera y extiende la concepción del uso del propio cuerpo y la sexualidad como algo banal, de usar y tirar, con el terrible agravante de que en este caso lo que se banaliza es ni más ni menos que la vida y la muerte de otro ser humano, lo que conforma una mentalidad social indiferente ante la vida de las personas y que las concibe como algo de lo que se puede disponer libremente según sean las circunstancias personales y vitales del momento. Y esta es la peor quiebra que cualquier orden social puede soportar.

Por esta razón, es importante reforzar esta analogía: no se permite a las mafias de traficantes de drogas prestar abiertamente sus “servicios” porque estos “servicios” conllevan efectos altamente perniciosos para la salud de los que “acceden libremente” a ellos, por lo que tampoco se puede permitir a las “mafias de traficantes de abortos” prestar legalmente sus servicios, pues éstos suponen también graves daños para la salud de las chicas que “acceden libremente” a ellos. De este modo, el lenguaje manipulador empleado por la ideología de género queda desenmascarado:

“Prestación de un servicio” = tráfico de sustancias y actos perjudiciales para la salud

“Libre acceso” = consumo indiscriminado de sustancias y actos perjudiciales para la salud

“Acabar con la clandestinidad” = facilitar a las mafias la realización legal y regulada de sus delitos

“Derecho a decidir” = permitir el acceso de cualquier persona a su autodestrucción

Es evidente que el suicidio ni está ni podrá estar nunca regulado por ley, pues es un acto por completo individual que es ejecutado por la persona al margen por completo de la colectividad y el tipo de regulaciónes legales que estén vigentes sobre la misma. Técnicamente, es un acto de imposible regulación legal. Igualmente, el acceso de cualquier persona a su autodestrucción como tal es algo sobre lo que sólo se puede legislar en un sentido preventivo y negativo, tal y como se hace con sustancias perjudiciales como el alcohol y el tabaco. Y el aborto es algo bastante peor y mucho más perjudicial que un cigarrillo o una caña de cerveza.