A diferencia de la objeción de conciencia, opción reconocida y protegida en todos los textos internacionales de derechos humanos como una de las libertades individuales fundamentales frente a los deslices más o menos totalitarios del poder, la desobediencia civil es un incumplimiento deliberado e intencionado de alguna ley que se considera especialmente lesiva por determinados colectivos. Y como todo incumplimiento, acarrea unas consecuencias que es preciso conocer y asumir.
Vayamos al caso de la Educación para la Ciudadanía. Si hemos llegado al caso en que los más altos tribunales han fallado en contra de los establecido tanto por la Constitución española como por esos textos internacionales suscritos y ratificados por España, negando la existencia de la objeción de conciencia, es más que legítimo plantearse el paso a la desobediencia civil como opción. Sin embargo, las consecuencias de esta elección pueden ser demasiado costosas para las familias que se han plantado frente a la invasión de la privacidad y la conciencia operada por el gobierno zapateril.
Antes de analizar esas consecuencias, conviene repetir por enésima vez que la objeción de conciencia no se planteó tanto por ciertos contenidos concretos de la materia, que es hacia donde el Gobierno y el Tribunal Supremo han decidido reconducir el asunto, sino por una cuestión de principio: el Estado no tiene legitimidad ni está revestido de legalidad para invadir el ámbito privado de las convicciones; simplemente, no puede hacerlo, lo tiene prohibido. Si el Estado se salta la legalidad e invade un área en la que no puede entrar a legislar, los afectados quedan legitimados para desobedecer.
Pues bien, la desobediencia civil implica en primer lugar unas consecuencias jurídicas para los padres, a los que puede acusarse bien en vía civil o bien en vía penal de insumisión. Siendo titulares de la patria potestad sobre los hijos, los responsables directos de esa insumisión son los padres a los que los poderes públicos pueden acusar, como en los casos que ya se dan en España de homeschooling, de abandono familiar. Estas acusaciones pueden verse agravadas por la presunta lesión de derechos fundamentales de los hijos, tales como el derecho a la educación. La consecuencia más probable sería el intento de privar a esos padres de la patria potestad sobre sus hijos, pasando la misma a manos de los poderes públicos. No hace falta reseñar que tales medidas son propias de las peores dictaduras.
La desobediencia civil, siendo como es la opción más radical, debería hacerse extensiva por lo tanto a la totalidad del sistema educativo, y no sólo a la asignatura concreta de Educación para la Ciudadanía. Y las alternativas a ese sistema educativo pasarían necesariamente por el homeschooling, la educación en casa, o por la escolarización de los hijos en centros de nueva creación en régimen de cooperativa y totalmente privados, independientes por completo de los fondos públicos, pero con un plan de estudios homologado a efectos de validez de las titulaciones.
Esto supone que la desobediencia civil implica en segundo lugar una enormidad de esfuerzos y sacrificios económicos para cualquier familia media española, que hoy por hoy son inasumibles por las mismas. Pero lo que sí es posible es la creación progresiva de pequeños núcleos de resistencia, siempre y cuando se olvide definitivamente la posibilidad de concertar esos centros de nueva creación. La libertad y la independencia completas vendrían dadas únicamente si esos centros son privados. En esta línea ya hay casos en España.
Si se consigue ir creando una pequeña red de centros escolares privados y completamente independientes de los poderes públicos, la desobediencia civil ya no sería tal. Los hijos estarían debidamente escolarizados, y no habría caso para juzgar sobre la patria potestad de los padres. En este proceso, como es lógico, no cabe contar con ninguna de las administraciones públicas, pero tampoco con instituciones como la Iglesia Católica. Nada hay más impensable en estos momentos en el seno de la comunidad educativa católica que una renuncia a los conciertos educativos. No obstante, tal cosa sería la opción más radicalmente evangélica que podría darse.
Hay iniciativas en marcha en este sentido: la Compañía de María de Talavera de la Reina (Toledo) renunció ya en 1985 al concierto educativo que trajo la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación). Hoy es el centro educativo con más solicitudes de escolarización de toda la provincia, si no de toda la Comunidad Autónoma, la congregación es la que más vocaciones tiene y ya han abierto un centro filial en Valdemoro (Madrid). Al parecer, los hechos hablan por sí mismos.
Emprender este camino sólo requiere de la existencia de núcleos de familias en la sociedad que tengan verdaderamente asumido el valor irrenunciable de la libertad y el derecho a educar a sus hijos de la mejor forma posible. Estoy convencido de que existen.