No es en la ocasión excepcional sino en el día a día, en lo cotidiano, donde el ciudadano disfruta o padece el Sistema Político y su régimen jurídico que ampara o transgrede esos derechos y libertades.

“Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces“

Este refrán, que recoge la experiencia de la sabiduría popular, es especialmente apropiado al comportamiento de la clase política dominante en nuestra nación, la cual se llena la boca hablando de derechos abstractos y substrae las libertades reales y los derechos inherentes a la dignidad de los ciudadanos de la calle.

No es en la ocasión excepcional sino en el día a día, en lo cotidiano, donde el ciudadano disfruta o padece el sistema filosófico que inspira la legislación y administración que ampara o transgrede esos derechos y libertades.

Sin embargo la presión del “discurso dominante del sistema“, con la connivencia de los mass media, nos impide ser conscientes de la constante vulneración de nuestros derechos, de nuestra dignidad, de nuestra prerrogativa a la intimidad…

Al ciudadano no le sirven las grandes declaraciones de derechos, si luego se quedan en el papel, sino el desarrollo diario de los mismos en las actividades cotidianas. Y es ahí donde los españoles somos constantemente zaheridos.

Uno de los fundamentos de un Estado de Derecho* es la presunción de inocencia, que implica que al ciudadano, por principio, no se le supone mala fe ni culpable de ningún delito, por lo que no tiene que ir demostrando su honradez.

Parece que el respeto a este elemental principio debiera estar aumido por los ciudadanos y éstos serían consciente de su conculcación, provocándoles la misma el enfado y la respuesta.

Sin embargo es vulnerado diariamente, sin grandes escándalos pero produciendo continuos trastornos en el devenir diario. Como muestra:

La gente ve con normalidad (¡!) la prohibición de aparcar delante de edificios públicos. “Por razones de seguridad” se alega. Esto supone la consideración general de que cualquier conductor de ese automóvil es un presunto terrorista que va a colocar un coche bomba

En los edificios de la administración pública, a los que no elegimos ir, sino que estamos obligados, como p.e. Hacienda, agentes privados contratados**, sin ser siguiera agentes de la autoridad, vulneran nuestra intimidad hurgando nuestras carteras y bolsos y cacheando nuestros cuerpos.

Los actos en que intervienen autoridades producen un estado de excepción, con cortes de circulación, prohibición de accesos, controles ciudadanos, etc… que paralizan la actividad cotidiana de los ciudadanos del lugar y les causan graves perjuicios****.

Los ciudadanos pierden su derecho a la libre circulación en determinadas zonas y horarios, por su inseguridad, y si alguien es asaltado en ellas todavía es visto como un temerario imprudente, mientras las autoridades, que debieran garantizar la seguridad de los españoles en todo el territorio nacional, usan los medios, que pagan los contribuyentes, en asegurar de forma privilegiada a la clase dominante*****.

Mientras los auténticos terroristas editan diarios con publicidad de empresas públicas (cuyos directivos nombra el gobierno), mantienen asociaciones, sindicatos y partidos que reciben subvenciones de las administraciones públicas, son absueltos por tecnicismos legales en la obtención de pruebas que son concluyentes de su culpabilidad, etc…

Y los delincuentes, convictos y confesos disfrutan de reducciones de penas, medidas de reinserción, y demás subterfugios legales que hacen que vuelvan a estar en la calle cuando las víctimas de sus delitos todavía no se han repuesto de los mismos******.

No entremos, puesto que haría interminable la descripción, ni en el campo del trabajo donde los asalariados ven perder todas sus conquistas sociales de generaciones, sus derechos laborales y el trabajo mismo, mientras los sindicatos y sus dirigentes, auténticos parásitos sociales, en componenda continua y al margen de los intereses sociales, viven a costa de los presupuestos, ni en las relaciones de prepotencia de la Administración sobre el administrado (que sin embargo es quien sostiene a la primera y a quien debiera servir), donde el abuso y el menosprecio son moneda corriente.

Y todo ello (tanto los abusos sobre los ciudadanos decentes, como los prerrogativas que disfrutan los delincuentes, los sindicalistas y políticos liberados y los terroristas) no por la fatalidad, sino en función de unas leyes, reglamentos y derroteros establecidos por unos políticos que pontifican sobre derechos pero que tiranizan a los ciudadanos mientras les engañan con la complicidad de los medios creadores de opinión publica.

Por lo menos, por dignidad, no debemos aceptar que lo corriente, lo que sucede repetidamente, nos parezca normal, de acuerdo al principio, y ser plenamente conscientes, de que a pesar de la reiteración, la mentira sigue siendo mentira, y que nuestros derechos, los reales y cotidianos, son constantemente vulnerados

 

--------------

* Sea un estado Liberal o no, “Estado de Derecho” significa que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del estado a través de sus órganos de gobierno.

Es más generalmente los estados liberal-relativistas suelen ser poco afectos al estado de derecho pues vulneran las leyes justificándose en que está en el gobierno por voluntad popular a la que ellos representan y de la que son intérpretes

**Mientras se usan “seguratas” privados para el control de edificios públicos, guardias civiles y municipales, pagados con fondos públicos, sirven de guardaespaldas a cantantes y famosos en conciertos o actividades que reportan beneficios a empresas privadas, y són “cómplices” en vulneraciones de la ley para ofrecer privilegios (Todos recordamos la escolta por parte de policias municipales madrileños a ciertos futbolistas, cortando la circulación de los ciudadanos, abriéndoles paso desde el aeropuerto a velocidades ilegales como recoje la Agencia EFE 07/04/200316:11(GMT) Madrid, 7 abr (EFE).-)

***a) Jurídicamente el “cacheo” está reservado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como funcionarios de policía judicial que tienen la obligación de investigar los delitos, practicar las diligencias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial

b) Únicamente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están facultados “...al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos...”

c) Jurisprudencialmente, el “cacheo” es un acto de investigación policial, efectuado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que consiste en el registro de una persona para saber si ocultan elementos que puedan servir para la prueba de un delito

****Ahora ya no solo en Madrid, sino también en cada una de las capitales de cada uno de los cacicados autonómicos, donde las comitivas de automoviles de cada viceconsejero autonómico cortan la circulación.

***** Noticia de esta semana: las vacaciones del rey movilizan varios miles de policias a Mallorca (que se retraen de la seguridad de los ciudadanos privados)

****** Un preso en España sale más caro que un funcionario medio. Mantener a un recluso en España supone un gasto medio de 54,79 euros al día, según datos oficiales. La cifra varía dependiendo de la Comunidad Autónoma. Por ejemplo, en Cataluña, cada preso costó 66,08 euros al día en 2008, tal como reflejan las estadísticas facilitadas por la Consejera de Justicia de la Generalitat, Montserrat Tura, y “El coste de un preso da para prestar asistencia social a cien personas” según indica la Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla en noticia de ABC (Martes , 16-06-09)