Resulta alarmante abrir varias páginas de noticias y encontrarnos que “x” o “w” personas -dígase funcionarios o colectivos- pretenden clausurar parroquias, prohibir procesiones, suprimir la materia de religión, expropiar bienes eclesiásticos, etcétera. Cuando uno lee estas cosas, tiene la impresión de haber retrocedido varios siglos atrás. Parece mentira que en pleno siglo XXI se siga poniendo en duda un Derecho Humano como lo es la libertad religiosa. Y es que, la mayoría de las veces, se aplica a favor de todos menos de la Iglesia Católica y esto no deja de ser un gesto significativo de tratar de reducirla al ámbito meramente privado.
Cualquier sociedad civilizada, democrática, sabe que no se pueden tomar acciones que violenten el orden constitucional. En este caso, el respeto a las expresiones religiosas siempre que tengan fines pacíficos, propositivos. ¿Cómo que se va a clausurar una parroquia?, ¿bajo qué justificación? Mejor decir que la voz de la Iglesia estorba, incomoda y que no faltan los que quisieran verla al margen de lo que está sucediendo a nivel mundial y que requiere de respuestas críticas. Los regímenes dictatoriales del siglo pasado intentaron hacer algo parecido. Salvo los países afectados por el fundamentalismo, en el resto del mundo se emplean medios más sutiles, pero que entrañan un mismo objetivo: eliminar las raíces cristianas de la sociedad. ¿El resultado? Personas sin rumbo. El Estado, al prescindir de los aportes de la fe, nunca podrá llenar las expectativas del ser humano que busca la felicidad. En cambio, la opción de la Iglesia, sí. Por lo tanto, no se gana nada generando una nueva oleada de tensiones y persecuciones religiosas en países que ya han dado el salto hacia los Derechos Humanos. Sería retroceder, frenar la humanización de la sociedad.
La historia sirve para no repetir los mismos errores. Pues bien, cada vez que algún sector quiere prohibir procesiones o clausurar colegios católicos, contribuye a un abismo social importante, porque implica restaurar una serie de slogans que terminaron en la eliminación de la libertad. Nos llenamos la boca de decir que somos muy avanzados, humanistas, pero ¿qué pasa ante tales noticias que amenazan con destruir el progreso que se ha ido alcanzando desde el punto de vista legislativo?
Las voces que pugnan por la confiscación de bienes eclesiásticos chocan con el orden constitucional en el que se encuentran previstos los Derechos Humanos. Entonces, si de verdad están a favor del desarrollo, deben recordar que el muro de Berlín cayó en 1989 y que no tiene ningún caso volver a fragmentar. Se autodenominan progresistas, pero sus postulados son trasnochados. Ahora bien, ¿qué nos toca a los que defendemos la libertad religiosa? Estar al pendiente de la situación y, sobre todo, contar con católicos expertos en materia legal. El objetivo no es caer en un vericueto de demandas, pero sí saber cómo defender pacíficamente los espacios en los que la fe se enseña. Mirar para otro lado es dar paso a una nueva oleada de laicismo. Vale la pena apelar a la razón y, sobre todo, subrayar que estamos en el siglo XXI y que no se pueden pedir acciones que corresponden a una época rebasada, fuera de lugar, cuyos efectos se tradujeron en hechos violentos de los que hoy la humanidad se arrepiente. Sigamos adelante con la libertad religiosa. Es un Derecho Humano.
Cualquier sociedad civilizada, democrática, sabe que no se pueden tomar acciones que violenten el orden constitucional. En este caso, el respeto a las expresiones religiosas siempre que tengan fines pacíficos, propositivos. ¿Cómo que se va a clausurar una parroquia?, ¿bajo qué justificación? Mejor decir que la voz de la Iglesia estorba, incomoda y que no faltan los que quisieran verla al margen de lo que está sucediendo a nivel mundial y que requiere de respuestas críticas. Los regímenes dictatoriales del siglo pasado intentaron hacer algo parecido. Salvo los países afectados por el fundamentalismo, en el resto del mundo se emplean medios más sutiles, pero que entrañan un mismo objetivo: eliminar las raíces cristianas de la sociedad. ¿El resultado? Personas sin rumbo. El Estado, al prescindir de los aportes de la fe, nunca podrá llenar las expectativas del ser humano que busca la felicidad. En cambio, la opción de la Iglesia, sí. Por lo tanto, no se gana nada generando una nueva oleada de tensiones y persecuciones religiosas en países que ya han dado el salto hacia los Derechos Humanos. Sería retroceder, frenar la humanización de la sociedad.
La historia sirve para no repetir los mismos errores. Pues bien, cada vez que algún sector quiere prohibir procesiones o clausurar colegios católicos, contribuye a un abismo social importante, porque implica restaurar una serie de slogans que terminaron en la eliminación de la libertad. Nos llenamos la boca de decir que somos muy avanzados, humanistas, pero ¿qué pasa ante tales noticias que amenazan con destruir el progreso que se ha ido alcanzando desde el punto de vista legislativo?
Las voces que pugnan por la confiscación de bienes eclesiásticos chocan con el orden constitucional en el que se encuentran previstos los Derechos Humanos. Entonces, si de verdad están a favor del desarrollo, deben recordar que el muro de Berlín cayó en 1989 y que no tiene ningún caso volver a fragmentar. Se autodenominan progresistas, pero sus postulados son trasnochados. Ahora bien, ¿qué nos toca a los que defendemos la libertad religiosa? Estar al pendiente de la situación y, sobre todo, contar con católicos expertos en materia legal. El objetivo no es caer en un vericueto de demandas, pero sí saber cómo defender pacíficamente los espacios en los que la fe se enseña. Mirar para otro lado es dar paso a una nueva oleada de laicismo. Vale la pena apelar a la razón y, sobre todo, subrayar que estamos en el siglo XXI y que no se pueden pedir acciones que corresponden a una época rebasada, fuera de lugar, cuyos efectos se tradujeron en hechos violentos de los que hoy la humanidad se arrepiente. Sigamos adelante con la libertad religiosa. Es un Derecho Humano.