La propuesta de la Junta para zanjar la polémica por la titularidad de la Catedral de Córdoba es la versión andaluza del timo de tocomocho, con la presidenta en el papel de Tony Leblanc intentando colar al obispo un sobre lleno de arcos de herradura con la argucia de que lleva también estampitas de la Virgen. Susana Díaz, que propone para el templo culto católico y titularidad pública, pretende ser equidistante, pero su neutralidad es idéntica a la del árbitro salido de la cantera del Atleti que tiene que decidir si el empujón descarado de Miranda a Carvajal en el área chica es carga reglamentaria o penalti claro. 
El aficionado colchonero que incluye en el apartado muestras de cariño las collejas del cholo al cuarto árbitro realiza un ejercicio de parcialidad inferior al de la presidenta que propone al dueño del templo quitarle el templo con el argumento tramposo de que le faltan papeles incunables. Todo el que tiene cincuenta euros en el bolsillo sabe que son suyos aunque no lleve encima el extracto bancario que certifique el reintegro, pero Díaz considera que gestionar ocho siglos el templo no confiere ningún derecho al cabildo. Actitud que favorece la pretensión del Estado Islámico de retornar a Al-Andalus. Huelga decir que esta mujer debía de estar de viaje de estudios en Guadalete el día en que en clase explicaron Covadonga.