Quiero exponer varias cuestiones sobre la realidad que estamos viviendo y que no se pueden aislar unas de otras. Con ello quiero llamar la atención de la sociedad, aportando algunas cuestiones e invitando a reflexionar sobre ellas.

Se dice con frecuencia…
que quien es condenado por corrupción debe ir a la cárcel y devolver lo robado. Pero algunos ni van a la cárcel, ni devuelven lo robado.

La razón se fundamenta en nuestro ordenamiento jurídico y trae su desarrollo en la L.O. Penitenciaria del 79, que tiene como fin primordial la reeducación y la reinserción social.

Se dice…
que no van a la cárcel todos los delincuentes que merecen ir. Unos por ser socialmente muy considerados, otros, porque tienen amigos muy influyentes, otros porque tienen mucho dinero y saben comprar.

Se dice también…
que los imputados en causas graves deben ser detenidos cuanto antes, para que no puedan fugarse ni destruir pruebas. ¿Se hace? Claro que al decir “cuanto antes” convendría no olvidar que esto siempre debe llevarse a cabo con las garantías legales, en el marco de nuestra C.E. y el principio de la presunción de inocencia que debe presidir el régimen de los preventivos.

Se dice…
que los juicios duran demasiado; meses y meses, y años y años; mientras que en otros países se resuelven con celeridad. Y es que la justicia lenta no es justicia. Y me pregunto: ¿No hay modo alguno de que haya una mayor rapidez y celeridad en la resolución de los asuntos? Indudablemente, es lógico que debería haber una mayor dotación de medios personales y materiales.

Se dice…
que se van “de rositas” los evasores de grandes fortunas, porque nunca restituyen todo, aunque cumplan condena de privación de libertad y, así, se quiebra nuestra Constitución que consagra que la justicia es igual para todos.

Y digo yo
Que estoy escribiendo este artículo para pedir públicamente que vayan a prisión todos los delincuentes condenados por sentencia firme y que se les
condene civilmente a la restitución, reparación de lo defraudado, devolviendo el dinero y los bienes trampeados, hasta el último céntimo, y que se dejen de privilegios y aforamientos, que ya parecen “aforramientos” como dijo un periodista.

Pero esto sólo es posible si los jueces mantienen su independencia también a la hora de juzgar a terroristas, evasores de grandes fortunas o a políticos corruptos. A un juez que le tiembla la mano al firmar una sentencia o que se le doblega por dinero, miedo o presión, no se le debe considerar capacitado para administrar justicia.

Ciertamente, llegar a todo esto supone al mismo tiempo corregir de lleno la podredumbre que hay en la corrupción con que nos encontramos en cada momento y que en vez de ir buscando lo que es ventajoso para mí o para mi partido, creo que hay que buscar de verdad lo que es mejor para el bien de la sociedad, es decir, para el bien común. Es cierto también que mientras no se equilibren los sueldos y mientras haya las grandes diferencias que hay entre unos y otros, no se va a poder llegar a una actitud de paz social.

¿Es frecuente oír de los poderosos y ricos, políticos y no políticos, desprenderse de cantidad notable de dinero y dedicarlo a aliviar el hambre y la miseria de tanta gente necesitada de ayuda? Pero, al decir cantidad notable, no me refiero sólo al dinero público sino al personal, aunque éste provenga de grandes sueldos públicos.

Y aprovecho la ocasión para decir que tanto como se habla de la Iglesia y se la critica, cuando los pobres tienen necesidad de ayuda, ¿acuden pidiendo ayuda a los centros sindicales y políticos o hacen cola en las instituciones de la Iglesia?

Recuerden las palabras de San Juan Crisóstomo en el oficio de lecturas que leemos todos los días sacerdotes y fueron tema recientemente de otro artículo y seguro que las leerán o releerán a gusto.

José Gea