Una ley, llamada Ley Clare en razón de la persona que justifica su promulgación, que va a entrar en vigor en breve en ese laboratorio de “la desigualdad en nombre de la igualdad” que es actualmente el Reino Unido, -a la cabeza del mundo por lo que a atentados contra la igualdad se refiere- y que, como dice el enunciado inicial, permitirá a unas personas acudir a la policía en demanda de los antecedentes penales de otras.
 
            A uno que estudió derecho hace ya unos añitos, le enseñaron que los grandes logros del estado de derecho consistían precisamente en la garantía de los derechos personales y procesales; en la presunción de inocencia; en la salvaguardia de la intimidad de las personas; en el derecho de los delincuentes a rehabilitarse; en que más valía que se escapara un delincuente a que se castigara a un inocente... En palabras de la gran Concepción Arenal, "odiar el delito, pero compadecer al delincuente"…
 
            Con ser importante el paso que la Ley Clare, como muchas otras antes de ella, da en la dirección contraria a aquélla en la que se dirigen todos esos principios que a uno le enseñaron, lo más importante todavía no es esto, sino que dicho derecho de pedir antecedentes penales de una persona no nos va a asistir a todos, no, sino sólo a algunos, ya que para poder hacerlo, hay que ser mujer.
 
            Y esto no es todo. Es que para que dicha mujer pueda pedir esos certificados de antecedentes penales de los que hablamos, la persona sobre la cual lo haga no podrá ser cualquiera, no, sino que ha de ser necesariamente un hombre.
 
            ¡Y a uno que le habían enseñado también que todos éramos iguales ante la ley; que nadie tenía más derechos que otro; que todos los hombres y todas las mujeres éramos iguales en dignidad, derechos y responsabilidades…! Principios todos ellos a la basura, en base al revolucionario principio que impregna el nuevo derecho, aquél que convierte a unos grupos sociales en buenos, y a otros grupos sociales en malos.
 
            Acudimos ante la impasibidad general a una auténtica aberración, que para colmo de males, no se reconoce como lo que es, a saber, como una revolución del derecho a favor de la desigualdad y de la discriminación, exactamente igual de aberrante que cuando las mujeres habían de pedir permiso a los hombres para realizar operaciones mercantiles. Sino que bien al contrario, y dentro del espíritu adulterador de las palabras que caracteriza los tiempos que corren, se pretende presentar como culminación del logro de la igualdad y de las garantías en el campo de la ciencia jurídica.
 
            A partir de este momento, los seres humanos ya no somos iguales en dignidad y derechos, e iguales ante la ley. A partir de ahora hay colectivos que son presuntamente inocentes y colectivos que son presuntamente culpables; seres humanos que son presuntamente mejores y seres humanos que son presuntamente peores.

            O atajamos de una vez el cáncer que nos aqueja, o pronto estamos de vuelta en el feudalismo.
 
 
            ©L.A.
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