Las cinco comunidades autónomas españolas que advierten de que no aplicarán la ley de la reforma educativa el próximo curso pretextan que entre la redacción del desarrollo de la norma, los informes pertinentes, la consulta preceptiva y la aprobación no les dará tiempo para el sí quiero. Estoy por argumentar lo mismo cuando Hacienda decrete una nueva subida de impuestos, pues como repercute en la economía familiar me obliga a diseñar un plan de acción que no se hace en dos días ni se estudia en dos tardes. Y a someterlo a mi familia para que lo apruebe siempre que haya quórum.
El tiempo, por supuesto, es la excusa, el pretexto con segundero, ya que la razón de la sinrazón es que los gobernantes insumisos consideran que la ley favorece a la asignatura de Religión, segrega por sexos, arrincona las lenguas autóctonas y cuenta la historia de otra manera. Dicho en lenguaje político, consideran que invade competencias de las autonomías. Y es así si se refieren a las competencias ideológicas, por supuesto, lo que sitúa a los gobernantes de estas comunidades en el mismo plano de quienes añoran la España de las regiones. Al fin y al cabo, el 15-M no es más que un 20-N con menos gabardinas.