«La Santa Sede no puede ser acusada de responsabilidad directa en casos de abusos sexuales cometidos por cualquier exponente del clero en el mundo». Así comienza el artículo del diario del Vaticano, L´Osservatore Romano, a propósito de la sentencia de la Court of Appeals for the Ninth Circuiten el estado de Oregón, en los Estados Unidos, del pasado 5 de agosto de 2013 (cf. «Negli Stati Uniti respinto l´appello contro la Santa Sede su presunte responsabilità in un caso di abusi»).
Se trata de una decisión importantísima en cuanto que, a partir de ahora, se sienta jurisprudencia para casos análogos. El litigio en cuestión (conocido como «John V. Doe vs Holy See») databa de 2002 y decía relación con un sacerdote irlandés que fue acusado de abuso a un menor en 1965. Por entonces la orden religiosa a la que pertenecía el sacerdote lo reportó a la Santa Sede y pocas semanas después la persona en cuestión fue reducida al estado laical por el Vaticano (es decir, «dejó» de ser sacerdote).
La demanda pretendía responsabilizar directamente al Vaticano, suponiendo que la Santa Sede tiene un control inmediato sobre todos los sacerdotes del mundo, por lo que se le podría acusar de responsabilidad directa en casos de abusos cometidos por cualquier sacerdote. Según esa mentalidad, el Papa sería un especie de «Chief Executive Officer» y, por tanto, también a él se le podría llevar a la cárcel.
La idea ampliamente difundida de que todo es controlado desde el Vaticano es algo que, sin embargo, no corresponde a la estructura auténtica y real de la Santa Sede. Sin embargo, esta forma de pensar ha permeado el modo de concebir a la Iglesia por muchos, en parte gracias a que la prensa lo ha transmitido así.
Volviendo al caso, «El juez ha tenido la oportunidad de seguir cercanamente los hechos, ha podido encontrar todas las partes y los testimonios relacionados con el sacerdote y esto le ha permitido examinar cercanamente eventuales relaciones con la Santa Sede, determinando que la Santa Sede ha sido informada sólo en el momento en que le había llegado la petición de reducción al estado laical del religioso por parte de sus superiores locales», explicó Jeff Lena, abogado y representante legal del Vaticano en este y otros litigios internacionales, a los micrófonos de Radio Vaticana.
El caso «John V. Doe vs Holy See» era la restante denuncias de las tres que originalmente tuvo que afrontar el Vaticano en los Estados Unidos, en la última década, apelando a situaciones análogas.
Los litigios «O´Bryan vs Holy See», en Kentucky, y «John Doe 16 vs Holy See» (mejor conocido como «caso Murphy»), en Wisconsins, fueron los que anteriormente poblaron la prensa mundial y sirvieron de plataforma para presentar como culpable a la Santa Sede sin que siquiera hubiera un juicio abierto. Esos otros casos fueron retirados por los mismos demandantes al darse cuenta que no tenían esperanza de prosperar.
Apenas hacerse pública la resolución de la corte, Jeff Lena, abogado de la Santa Sede, emitió un comunicado donde subrayaba que el litigio fue presentado con bombo y platillo por los medios en 2002 (el desenlace apenas si ha tenido cobertura) y comentando el ambiente circense con que fueron también presentados las otras dos acusaciones, especialmente la de Wisconsins (2010).
En una entrevista para la revista «Famiglia Cristiana» del pasado 12 de junio de 2013, Jeff Lena, respondía y matizaba así al entrevistador que le interrogaba sobre las acusaciones contra la Santa Sede en los Estados Unidos por casos de pedofilia: «Cuando se trata de estos casos, antes que nada debemos tener en cuenta que hay víctimas que han sufrido terriblemente. Estos nos son fantasmas inventados para desacreditar a la Iglesia. Pero también es verdad que las personas que explotan los sufrimientos de las víctimas para desacreditar a la Iglesia no contribuyen a la búsqueda de soluciones auténticas». Uno de los abogados que llevaban una de las causas contra el Vaticano y que han sido retiradas es Jeffrey Anderson, el abogado que más ha lucrado con el tema de acusaciones por pedofilia (véase «Anderson, el abogado que demandó al Vaticano, vuelve a primera plano con la búsqueda publicitaria de más casos»).
Y más adelante añade: «La solución está en una honesta colaboración basada sobre una Iglesia que reconoce los problemas donde existen, pero se necesita también que quien continúa a criticar duramente a la Iglesia reconozca que hay muchos ejemplos en los que la Iglesia si ha convertido en ejemplar en la lucha contra estos crímenes. También es inútil hablar sólo de la Iglesia cuando se sabe ya muy bien por las estadísticas elaboradas en estos años que el problema existe como en muchas escuelas públicas, en los hospitales e incluso al interior de las familias. En definitiva, «el coraje para reconocer el problema» no es un deber en relación nada más a la Iglesia».
Jeffrey Lena es americano. Estudio jurisprudencia en Milán y posteriormente alcanzó el grado de iuris doctor. Se ha encargado de defender a la Santa Sede en diferentes casos de acusaciones internacionales, desde crímenes de guerra, pasando por reciclaje de dinero, hasta los abusos por parte de algunos miembros del clero. Más recientemente, desde 2012, también ha sido parte del equipo que trabaja en las reformas del sistema financiero del Vaticano.