Circula por ahí la versión según la cual el bloqueo en la aprobación y promulgación de la reforma de la Ley de aborto por el Gobierno del Partido Popular sería empeño personal de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que pretendería así proteger al Gobierno Rajoy, o por mejor decir, a las expectativas electorales del Partido Popular, del desgaste y perjuicio que la promulgación de dicha ley podría producirle en futuras convocatorias electorales.
 
            La llamada Ley Aído constituye una verdadera aberración jurídica, por mucho que leyes parecidas, y aún peores, estén vigentes en otros países, en cuanto supone la consagración del derecho de la madre a eliminar a su hijo dentro de su propio vientre, algo nunca visto, iba a decir desde los tiempos en que en Roma se fundó el derecho, pero diré mejor desde los tiempos de Esparta o de Saturno.

            Ahora bien, más allá de lo que constituye el contenido de la ley, el diagnóstico atribuído a la Sra. Sáenz de Santamaría sobre sus posibles consecuencias en términos meramente electorales es absolutamente desacertado, lo que llama particularmente la atención en la que todos tienen por uno de los cerebros mejor amueblados que ha tenido la política española en los casi cuarenta años que lleva nuestro país de democracia.
 
            La NO aprobación de la reforma de la ley de aborto va a producir el desapego hacia el Partido Popular de un sector muy importante de su electorado, teniendo en cuenta que la mayoría del sector indiscutiblemente pro-vida de España, que no asciende a menos de un 25% de la población española (cercano al 50% si hablamos del electorado del Partido Popular), le otorga a él su voto, como todo el mundo sabe y las encuestas demuestran.
 
            A mayor abundamiento, dicho sector se halla particularmente sensibilizado (y movilizado), con la importancia que dicha sensibilización (y movilización) tiene en la conformación de la opinión pública y el voto, pudiendo constituirse la no reforma de la Ley Aído en el argumento definitivo que muchos de los desencantados votantes del Partido Popular estén esperando para no volver a votarlo, en un porcentaje que como poco ascenderá a un 10% de los votos populares, pero que fácilmente puede alcanzar el 25 y hasta más (el 50% si todos los pro-vida adoptaran dicha posición), es decir, la diferencia que existe entre una mayoría absoluta (muy improbable en próximas citas electorales) y una mayoría no absoluta… la diferencia que hay entre una victoria y una derrota, entre permanecer en el gobierno o pasar a la oposición.
 
            A sensu contrario, como nos enseñaban a analizar las cuestiones cuando yo estudiaba derecho, de la no realización de la susodicha reforma no debe esperar el Partido Popular la captura de un solo voto –y digo bien, un solo voto- proveniente de la izquierda… ¡ni uno!
 
            Resta preguntarse sobre el efecto que en los sectores menos pro-vida del electorado del PP -que también los hay, por desgracia- pueda producir la reforma por el Gobierno de la Ley Aído. Pero este efecto me atrevo a pronosticar que será nulo, y de existir, será, sin duda de ninguna clase, muy inferior al que en los sectores pro-vida, más extensos y sobre todo más sensibilizados, está llamado a tener la no realización de la reforma.
 
            De ser verdad la versión que circula por ahí, veo a la Vicepresidenta víctima, y no otra cosa, de esa cobardía que aqueja a todos y cada uno de los miembros del Partido Popular. Una cobardía que les lleva a menudo, como es el caso, a desafortunados diagnósticos de los que, sin duda, dependerán futuros resultados electorales. Sólo que, muy probablemente, en el sentido contrario al que algunos se temen.
 

                Dedicado a Lourdes Del Fresno, gran amiga y fiel lectora de esta columna, con quien conversa que te conversa, vimos juntos nacer este artículo.
 
 
            ©L.A.
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