El hecho de que los jueces del Tribunal Constitucional español sean nombrados por los partidos políticos hace sospechosa toda decisión suya. Ha habido, en estos años, infinidad de ocasiones en que esta sospecha se ha confirmado, con el consiguiente descrédito para la administración de la Justicia y para su más alto organismo.
Pero quizá nunca como en esta ocasión los propios jueces del Constitucional han dado pruebas de esa ideologización. Me refiero a la argumentación con que han justificado el aval concedido al matrimonio homosexual y han rechazado el recurso presentado hace cinco años por el Partido Popular. Según el propio Constitucional, la Carta Magna no puede interpretarse en lo que llama “sentido originalista”, es decir literalmente, sino en un sentido “evolutivo”, como un “árbol vivo” que “se acomode a las realidades de la vida moderna”. Esto puede sonar muy bonito, pero más allá de la demagogia de la música, lo que queda es la realidad de las palabras y de los hechos que se desprenden de ellas. Con esta interpretación evolutiva de la Constitución, que siempre debe dar gusto a lo que desean la mayoría de los ciudadanos –previamente manipulados para conseguir que piensen como desean los poderosos-, simplemente la Constitución está muerta. Los Parlamentos recogen ese sentir ciudadano, expresado cada cuatro años en España a través del voto, y con razón o sin ella, legislan según las mayorías alcanzadas en las elecciones. Pero la Constitución está precisamente para que esas mayorías –que son siempre variables y temporales, pues en las siguientes elecciones pueden cambiar- no legislen contra las minorías, estableciendo unos diques que sólo una mayoría cualificada de dos tercios en el propio Parlamento puedan cambiar. Si resulta que esos diques también deben fluctuar en función de los gustos populares, no sirven para nada. La Constitución y desde luego el Tribunal que supuestamente la protege, están de más, son inútiles. Basta con que el Parlamento legisle en función el capricho de los que están en el poder en ese momento. ¿Para qué un Tribunal que va a dar la razón a los legisladores, en parte porque ha sido nombrado por ellos y en parte porque no importa lo que la propia Constitución dice sino lo que supuestamente la gente quiere?
La Constitución española está muerta y sus asesinos han sido precisamente los que debían protegerla. No sé si descansará en paz, pero los que no estamos en paz somos todos aquellos que ahora nos sentimos, aún más que antes, sin amparo legal y a merced de lo que los poderosos quieran hacer. Afortunadamente nos queda Dios, que sí hace justicia, en la tierra y en el cielo.
http://www.magnificat.tv/es/node/2390/2 Pero quizá nunca como en esta ocasión los propios jueces del Constitucional han dado pruebas de esa ideologización. Me refiero a la argumentación con que han justificado el aval concedido al matrimonio homosexual y han rechazado el recurso presentado hace cinco años por el Partido Popular. Según el propio Constitucional, la Carta Magna no puede interpretarse en lo que llama “sentido originalista”, es decir literalmente, sino en un sentido “evolutivo”, como un “árbol vivo” que “se acomode a las realidades de la vida moderna”. Esto puede sonar muy bonito, pero más allá de la demagogia de la música, lo que queda es la realidad de las palabras y de los hechos que se desprenden de ellas. Con esta interpretación evolutiva de la Constitución, que siempre debe dar gusto a lo que desean la mayoría de los ciudadanos –previamente manipulados para conseguir que piensen como desean los poderosos-, simplemente la Constitución está muerta. Los Parlamentos recogen ese sentir ciudadano, expresado cada cuatro años en España a través del voto, y con razón o sin ella, legislan según las mayorías alcanzadas en las elecciones. Pero la Constitución está precisamente para que esas mayorías –que son siempre variables y temporales, pues en las siguientes elecciones pueden cambiar- no legislen contra las minorías, estableciendo unos diques que sólo una mayoría cualificada de dos tercios en el propio Parlamento puedan cambiar. Si resulta que esos diques también deben fluctuar en función de los gustos populares, no sirven para nada. La Constitución y desde luego el Tribunal que supuestamente la protege, están de más, son inútiles. Basta con que el Parlamento legisle en función el capricho de los que están en el poder en ese momento. ¿Para qué un Tribunal que va a dar la razón a los legisladores, en parte porque ha sido nombrado por ellos y en parte porque no importa lo que la propia Constitución dice sino lo que supuestamente la gente quiere?
La Constitución española está muerta y sus asesinos han sido precisamente los que debían protegerla. No sé si descansará en paz, pero los que no estamos en paz somos todos aquellos que ahora nos sentimos, aún más que antes, sin amparo legal y a merced de lo que los poderosos quieran hacer. Afortunadamente nos queda Dios, que sí hace justicia, en la tierra y en el cielo.