Las “participaciones preferentes” es otro de los engaños en el que han quedado atrapados muchos ahorradores. Sorprende, por ello, que Federico Jiménez Losantos diga que en España no es posible un corralito y que la gente no debe temer por sus ahorros. Pues no sólo es posible sino que a muchos ya les ha sucedido. Y para el resto, no podrá haberlo mientras permanezcamos en el euro, ¿pero seguro que vamos a permanecer en el euro? Las declaraciones de Pinocho son lo suficientemente ambiguas como para no descartar tal posibilidad, aún cuando esta pueda parecer remota.
Las participaciones preferentes es una forma de deuda que los bancos venían emitiendo desde hace bastantes años –desde el ‘89 hay en circulación unas de Bancaja, por ejemplo-. El producto tenía un carácter “perpetuo”, lo que significa que no tenía una fecha predeterminada para su vencimiento. Proporcionaba un interés también a perpetuidad, pero para desprenderse del producto la única opción era venderlo a través de un opaco mercado secundario llamado AIAF. Los propietarios del producto no podían acceder directamente al mercado. Los comerciales u operadores de las entidades comercializadoras –los bancos- son los que negociaban en nombre de sus clientes, sin que el cliente tuviese un control directo sobre el producto que les habían “colocado”. ¿Oscuro? Como un agujero negro.
Así, en diciembre de 2011, la EBA (Autoridad Bancaria Europea por sus siglas en inglés) decidió que las participaciones preferentes no podían formar parte del “capital propio de máxima calidad” de las entidades –el llamado Core Capital Tier I-. Este cambio afecta a la calificación crediticia del banco, siendo la gota que provocó el colapso de un producto que han comercializado todas las entidades públicas y privadas, y algunas empresas como Telefónica o Repsol, por ejemplo. Así mismo, al exigir la EBA que se capitalicen de otra manera, fueron los operadores de la banca los que dejaron de pujar por las preferentes. Lógicamente, el precio se hundió al mes del cambio normativo. Además, mucho me temo que las últimas preferentes que vendieron durante el 2011, cuando estos cambios normativos ya debían de estar sobre la mesa, lo hicieron a sabiendas que estos ahorradores iban a perder su dinero. ¿O a caso la EBA cambia las normas sin realizar consultas con la banca y los propios reguladores? Y si no lo sabían, lo tenían que saber de la misma manera que un técnico sanitario tiene que saber qué leches le está inyectando a un paciente y sus efectos secundarios.
El origen del litigio está en el cómo se vendieron todos estos productos. No dudo que, en muchos casos, los compradores sí fuesen inversores cualificados. Ahora, no fue el caso de quienes lo compraron sin conocer y que, por la complejidad del producto, dudosamente lo pudieron solicitar por propia iniciativa, Sr. Becerra. Así, los comerciales de la banca vendieron estas participaciones como “plazos fijos” o “fondos” sin riesgo y plena disponibilidad. Por ello, no duden que muchos clientes de la banca hayan sido sin saberlo propietarios de estas participaciones, pero sólo los últimos en mover ficha, por mera casualidad, han sido las víctimas de un plan bochornoso para capitalizar la banca. En muchos casos, tal y como denuncia la asociación ADICAE, las propias entidades rellenaron los test en los que se evaluaba la idoneidad del “supuesto inversor” y se los entregaron para que los firmasen: “ya saben, formalidades legales”. Lógicamente, los clientes se fiaron de su empleado de banca de toda la vida. Incluso la CNMV reconoce que han habido “problemas puntuales”, minimizando la cuestión cuando ADICAE habla de “700.000 familias”. Y al final, una gran parte han resultado ser jubilados y personas a quienes nunca se les debería haber ofrecido semejante producto. Pero, por lo visto, las necesidades acuciantes de la banca estaban muy por encima de los intereses de sus clientes.
Así, las participaciones preferentes se han convertido en una obra maestra de ingeniería financiera para capitalizar entidades insolventes con el dinero de jubilados y personas ajenas al mercado financiero. Y conforme al plan trazado, en febrero, Bankia, por seguir con el ejemplo, ofreció un canje de preferentes por acciones, sometiendo a sus clientes a un chantaje inaceptable que el tahúr Rodrigo Rato llamó “plan de fidelización”. Según el “plan”, el ahorrador estaba obligado a mantener la mayor parte de las acciones que le estaban colocando hasta junio del 2013. Si su perfil no era apto para las preferentes, imaginen para tener acciones que Bankia les obligó a comprar a un precio superior de lo que cotizaban en el mercado. De esta manera, el banco le ha birlado el 25 % del dinero al ahorrador que, sometido al canje, decidiera vender inmediatamente para recuperar al menos una parte del dinero. ¿Corralito? No, corralazo. Además, Bankia se ha quedado con otro 20 % en la operación de venta de las acciones, que surge de la diferencia entre el precio al que Bankia colocó las acciones y el precio al que el ahorrador pudo quitárselas de encima. Esa diferencia no “se ha perdido”. Denle unas vueltas y verán como también se la ha quedado Bankia. Y quién haya mantenido la recomendación del comercial de su sucursal –“imposible que bajen”- le han retenido un 25 % de su dinero, que queda pendiente del pago en acciones que Bankia emitirá en diciembre de este año y junio del próximo. Llevan ya un 69 % de pérdida de sus ahorros en el valor de las acciones que les impusieron en marzo –se las colocaron a 3,20 y cotizan a un euro-. ¿Y no quieres sopa? Toma tres tazas, puesto que la emisión de acciones nuevas diluye el precio de las que ya circulan en el mercado, provocando mayores caídas de su cotización. En definitiva, una encerrona en toda regla que les obligará, en todos los casos, a recurrir a los tribunales.
Y para que no quede duda de la “garantía del Estado” en todo el asunto, el gobierno prepara una reforma para favorecer a las entidades, embarullar más todo el asunto y dificultar aquellas sentencias que impongan la devolución del dinero. A tenor del cómo se comercializaron las preferentes, cómo se han impuesto los canjes, y en función de lo que ya están dictaminando algunos jueces, parece más bien que el gobierno pretende evitar a toda costa la devolución del dinero, sacrificando más si cabe la confianza en un sector financiero marrullero del que el Estado forma parte, regula, vigila y al que siempre respalda.
La próxima semana, el tercer artículo de la serie. Mientras tanto, teman por sus ahorros y desconfíen de cualquier producto que les ofrezcan los comerciales de la banca.