Bajo el lema de "Sí a la vida" miles de personas participaron en los actos celebrados en toda España con motivo del Día Internacional de la Vida. Unas trescientas organizaciones respaldaban la reivindicación del respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte.
 
Entre los asistentes a la manifestación convocada en Madrid el sábado 26 de marzo se encontraban el eurodiputado popular, Jaime Mayor Oreja, y el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Y resulta sorprendente que, en dicho acto, se señale —como hizo la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya— que “los españoles sabemos que leyes que contemplan el aborto como un derecho son injustas e inconstitucionales, y pueden y deben ser derogadas democráticamente” al mismo tiempo que se insiste en la desvinculación del acto con cualquier iniciativa en el terreno propiamente político. En el programa de la cadena COPE La palestra del fin de semana, se entrevistaba el sábado a Manuel Ortuño, Coordinador general del Día Internacional de la Vida, y afirmaba el presentador: “en absoluto yo creo que pueda hablarse de politización porque… estamos pidiendo la defensa del derecho a la vida independientemente de quien legisle, ya sea el PSOE, el PP, CIU, quien sea”. La respuesta de Ortuño daba por descontado el acierto de la interpretación.
 
El presunto apoliticismo de los defensores de la vida, se pone una vez más al servicio de determinadas opciones políticas que, sin caracterizarse precisamente por la defensa de estos principios, acuden a pescar en el río revuelto del mal menor.
 
Al margen del éxito numérico de iniciativas de este género, no podemos olvidar que se sitúa en el momento de uno de los más tristes balances en lo que a la defensa de la vida se refiere. Apenas un año después de la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que no es sino la última secuencia de una larga serie de derrotas.
 
Con ocasión de la ampliación de la legislación permisiva del aborto, los obispos españoles han repetido lo que se hizo en 1985: limitarse, en el mejor de los casos, a recordar la doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos. Tampoco hemos encontrado ninguna alusión a la posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas con esta ley, como ya lo estaban con la hasta ahora vigente.
 
Incluso se ha llegado más allá del lamentable precedente de 1985 cuando, hablando en nombre del resto de los miembros de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino otorgó un aval anticipado a la moralidad de la actuación del Jefe del Estado, responsable de la sanción de los textos legales de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución
 
Tampoco hemos oído a los prelados que se han ocupado de la cuestión del aborto, denunciar las raíces de la legalización del crimen en una Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral. El entonces Obispo de Cuenca, D.José Guerra Campos hacía en relación con ley de 1985 unas afirmaciones que mantienen plena vigencia o incluso adquieren ahora mayor actualidad:
 
“El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?)”.

Este proceso nos sitúa ante las últimas consecuencias del modelo político implantado en España a partir de 1978 y sostenido sobre cuatro pilares: la ruptura de la unidad nacional, la disolución de la familia, la degradación cultural y la destrucción de la vida.
 
Desde entonces, y con absoluta indiferencia, miles de católicos acuden a las urnas una y otra vez para respaldar a los partidos que vienen protagonizando tan radical ofensiva. Y es previsible que lo seguirán haciendo en sucesivas convocatorias.

Porque en España no existe nada ni remotamente parecido a lo que pudiéramos llamar un voto de identidad católica. Ni siquiera alcanzamos una representatividad significativa incluyendo en el voto católico —y es mucho conceder— a las formaciones pro-vida y pro-familia que se mueven en el ámbito de las opciones que respetan el común marco liberal.


Los católicos españoles siguen optando mayoritariamente por el PP y el PSOE, fieles a las consignas oficiales que se les han hecho llegar sin viraje constatable durante los pontificados de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI y que pueden sintetizarse en la frase: "nada de partidos católicos; católicos en los partidos". Y el perfil de alguno de esos católicos en los partidos, lo dan políticos como los que desde el PSOE o el PNV apoyan la nueva ley del aborto o como los que, desde el PP, se muestran partidarios de la ley de 1985 y promueven una oposición de tono bajo a la recientemente aprobada.
 
El resultado es que el voto de los católicos (todavía hoy una inmensa mayoría en España) sostiene en las urnas a unos gobiernos que, a su vez, se sirven del poder para imponer el laicismo. Mientras, los obispos se convierten en los palmeros del sistema, convalidando escandalosas actuaciones como la del Jefe del Estado al sancionar la ley del aborto y lamentando teóricamente lo que los políticos nos presentan como irreversibles avances sociales.
 
Esa tolerancia de hecho ante ésta y tantas otras realidades legislativas que van transformando la esencia de nuestra sociedad es, probablemente, la responsabilidad más grave de los jerarcas y de los católicos españoles que, salvo honrosas y minoritarias excepciones, han renunciado a cualquier consecuencia cultural y social de su fe.
 
De los asistentes a los actos en defensa de la familia que tendrán lugar estos días cabe pensar lo que se dijo del Cid al verle errante por los campos de Castilla, desterrado de Burgos: “¡Dios, qué buen vasallo si oviera buen señor!”.

El buen señor, capaz de conjugar el mantenimiento de las correctas posiciones doctrinales en la defensa de la vida (sin caer en sentimentalismos ni equívocas reivindicaciones de derechos) con la oferta de un respuesta política a la demolición que, desde la política, se viene haciendo no solo de la vida como mera supervivencia física sino de la existencia entendida en un sentido espiritual, nacional y cristiano.

Ante esta situación, solamente cabe esperar que quienes todavía se movilizan estérilmente en defensa de la vida inocente abandonen su actual estrategia y comiencen a apoyar a aquellos movimientos políticos que coinciden en la defensa de los Principios No Negociables expuestos por Benedicto XVI y continuamente negados y traicionados en su doctrina y en su práctica por los partidos que recogen mayoritariamente el voto en España:
 
"...el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural; la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer; la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana" (Sacramentum Caritatis, 83).
 
Porque resulta contradictorio dar por bueno un sistema que lleva a efectos inadmisibles por vía jurídica y no es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por corregirlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir.

NOTA. En relación con el contenido de este artículo resulta muy esclarecedora la información que aparece en el enlace que Javier Garisoain ha puesto en su comentario