No creo que el sistema político español sea el más corrupto del mundo. Para empezar, habría que aceptar que está menos corrupto que sistemas políticos definibles, más allá de democráticos o dictatoriales, como de esencialmente corruptos. Entre los sistemas con los que aspiramos a homologarnos, los democráticos occidentales, tampoco debe de ser el nuestro exactamente “el más corrupto” –tan dudoso honor, mucho me temo recaiga sobre el italiano-, aunque ahí sí, -me da la impresión-, rayamos a un nivel nada despreciable.
Entrando de lleno en lo que es nuestro sistema político y nada más que él, quiero rehuir ante todo de todo enfoque partitocrático, por lo que me niego a sumergirme en la cuestión de quienes son más corruptos o corrompibles, si los unos o los otros. De hecho, soy de los que cree que el político corrupto que ostenta un cargo público con mi voto, me estafa doblemente, la primera como ciudadano y contribuyente, la segunda como elector. Por lo que, personalmente, estoy dispuesto a ser incluso más crítico y exigente con él, que con aquél a quien no he votado.
Creo que la corrupción española es, en definitiva, la consecuencia lógica y casi inevitable de casi todos los males que atenazan a nuestro sistema político y económico. En primer lugar, la existencia de unos nichos de dinero negro superiores a los que generan otros sistemas económicos, lo que, obviamente, hace más fácil ocultar el rastro hediondo que deja a su paso la corrupción. Y para seguir, el tamaño indecente que está adquiriendo el Estado, que ha convertido cualquier cosa en subvencionable, y en cuanto subvencionable, en arbitrario, y en cuanto arbitrario, en una invitación a la corruptela.
Pero no sólo eso. Es también consecuencia de la categoría de personas que ha puesto el nido en la política, hallando en ella un modus vivendi “que no está nada mal”, las cuales, al tener mala salida profesional en todo otro campo que no sea el de la política, se aferran a ésta conscientes de que todo lo que no amasen en ella, no lo van a amasar en otro sitio. Se hace imprescindible que la política vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser: si me permiten Vds. la exageración, un cementerio de elefantes al que sólo lleguen los mejores, después de haberse desarrollado plenamente en el campo de sus respectivas profesiones, con un espíritu de servicio claro, con un proyecto, y sin necesidad alguna de medrar más allá de sobre aquello que afecta a su propio prestigio personal y social.
Por otro lado, es consecuencia de uno de los grandes lastres de nuestro sistema democrático: la nada bien conseguida independencia judicial, con un tercer poder cuyo sometimiento al ejecutivo, -y me duele decirlo-, es cualquier cosa menos el que debería ser, lo que tiene severas consecuencias en la lucha contra la corrupción, la cual se refugia en ningún sitio como en ese poder ejecutivo, a todos sus niveles, desde la más pequeña administración local, hasta la central, pasando pesadamente por una administración que se ha mostrado particularmente proclive a ella, la autonómica.
Hemos oído hablar del polvo del camino del que debían ensuciarse las togas a quien, portando una, -por cierto, más que empolvada, enfangada-, había olvidado que nada debe haber más nítido y limpio en un sistema democrático que las togas de quienes imparten justicia. Es hora, desde luego, de plantearse la absoluta independencia de los órganos de gobierno de los jueces, así como del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional –una de las grandes decepciones, si no la mayor, del sistema constitucional español-; y posiblemente también, la del Fiscal general del Estado, y no digamos, la del Fiscal anticorrupción, que no pueden seguir siendo nombrados por el mismo órgano que constituye el principal objeto de su vigilancia: el Gobierno.
En esa misma línea, es preciso dotar de mayores medios -y de mayor capacidad de acción también-, a uno de las instituciones de la que menos se habla y que más importante es para el correcto funcionamiento de un sistema democrático: el Tribunal de Cuentas.
Si a todo ello añadimos otro de los grandes males del sistema constitucional español estrechamente vinculado al anterior, como es el de la lentitud con la que se imparte justicia en nuestro país, el cóctel está servido.
Es hora también de plantearse la aprobación de una ley que imponga medidas cautelares como la consistente en la inhabilitación temporal de todo aquél cargo público imputado por un delito de corrupción. Es cierto que, sin salir de España, hemos acudido al lamentable escarnio de políticos que después de haber sido juzgados, han sido absueltos, sin que ello sirviera para enderezar sus carreras políticas. Lo siento sinceramente. Pero si en el terreno de las responsabilidades penales el principio no puede ser otro que el de “in dubio pro reo”, en el de las responsabilidades políticas éste ha de ser sustituido por el de “in dubio pro societas”, y más vale que un político tenga que abandonar la actividad política por culpa de un escándalo que le estalló en las manos sin ser penalmente responsable, que no que la sociedad haya de soportar el gobierno de un político sobre el que pesa el gravoso fardo de la sospecha, intolerable en quien administra lo que es de todos, y encima, pagar sus estipendios a cargo del erario público.
A estos efectos, el mal no sería tan grande si nuestros políticos cumplieran con el primero de los principio enunciados, y la política no fuera para ellos un modus vivendi al que aferrarse porque no conocen otra manera de salir adelante y sí, en cambio, una actividad en la que están en la medida en la que sirven al bien común y nada más. Tampoco sería tan grande si la agilidad del entramado de justicia fuera mayor de la que lamentablemente es, de manera que la inhabilitación temporal impuesta al imputado por corrupción, se limitara a unas semanas o a unos pocos meses, en vez de durar como hemos visto ocurrir, años que han parecido siglos.
And last but not least, por último pero casi diría, por encima de todo, es absolutamente preciso que la sociedad se implique más en su propio gobierno, a través de las plataformas de participación; a través de los medios públicos; a través de un ejercicio responsable del voto que excluya definitivamente el españolísimo “es que es de los míos” (¿desde cuando es de los míos el que me mete la mano en el bolsillo?); a través de otro de esos procesos inacabados de la democracia española cual es la democratización de los partidos; a través, en definitiva, de tantos y tantos caminos como le son dados para hacerlo.
Ningún sistema constitucional, por contrastado y pulido que sea, es suficiente para garantizar los ejercicios democráticos, -y el de la lucha contra la corrupción es uno de ellos, vaya si lo es-, si la sociedad no se empeña en salvaguardar la democracia como el más preciado de sus tesoros. Y a veces me pregunto con pesar, si los españoles estamos en eso.