Se despide el 2010 con diversas convocatorias promovidas desde instancias diocesanas en el entorno de la fiesta de la Sagrada Familia.
 
Ocurre esto en el año en que hemos asistido a uno de los más tristes balances en lo que a la defensa de la vida y la familia se refiere. La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo no es sino la, por ahora, última consecuencia de una larga serie de derrotas.

Lejos queda ya el año 1981 en que, con los votos de sedicentes católicos y la complicidad de la inmensa mayoría del episcopado español, el Parlamento aprobaba una ley del divorcio que despojaba al matrimonio de una de sus notas esenciales: la indisolubilidad.

Ahora no cabe sorprenderse de los resultados pues nadie ignora el pernicioso efecto pedagógico que puede tener una ley, aún más negativo en este caso después de reformas como la del llamado “divorcio Express”. Según las estadísticas oficiales del INE, en 1998 fueron 35.834 los divorcios, en 2009 ascendieron a 98.359. Haciendo balance de la presente ley en su 25 aniversario, afirmaba Pablo Sagarra, que a ella se debe la destrucción jurídica del matrimonio en el derecho español; la prohibición legal del verdadero matrimonio y particular falseamiento del contraído por los católicos, así como el deterioro de las familias y la sociedad en su conjunto.

Tampoco vamos a entrar en detalle en las disposiciones legales que han alterado la esencia del matrimonio aplicando ese nombre a otro tipo de uniones ni en las que han destruido el marco humano de la sexualidad y de la reproducción con la indefensión en que quedan los embriones. Basta referirnos a la entrada en vigor el 5 de julio de 2010 de la ley que convierte el crimen del aborto en uno más de los derechos reconocidos por el democrático estado español y que otorga carta de legalidad a la muerte del inocente.


Con ocasión de la ampliación de la legislación permisiva del aborto, los obispos españoles han repetido lo que se hizo en 1985: limitarse, en el mejor de los casos, a recordar la doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos.
 
Tampoco hemos encontrado ninguna alusión a la posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas con esta ley, como ya lo estaban con la hasta ahora vigente.
 
Incluso se ha llegado más allá del lamentable precedente de 1985 cuando, hablando en nombre del resto de los miembros de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino otorgó un aval anticipado a la moralidad de la actuación del Jefe del Estado, responsable de la sanción de los textos legales de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución
 
Tampoco hemos oído a los prelados que se han ocupado de la cuestión del aborto, denunciar las raíces de la legalización del crimen en una Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral. El entonces Obispo de Cuenca, D.José Guerra Campos hacía en relación con ley de 1985 unas afirmaciones que mantienen plena vigencia o incluso adquieren ahora mayor actualidad:
 
“El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?)”.
 
Semejante reacción nos permite demostrar que, en contra de lo que sostienen algunos con mejores deseos que análisis de la realidad, no se está produciendo un cambio a mejor del episcopado español y nos encontramos ante la enésima reedición de la auto demolición en su más ibérica versión pos-taranconiana.


 
El año 2010 nos pone ante las últimas consecuencias del modelo político implantado en España a partir de 1978 y sostenido sobre cuatro pilares: la ruptura de la unidad nacional, la disolución de la familia, la degradación cultural y la destrucción de la vida.

Con absoluta indiferencia, miles de católicos han acudido a las urnas en las pasadas elecciones autonómicas catalanas para respaldar a los partidos que, a lo largo de tantos años, vienen protagonizando tan radical ofensiva: PSOE, PP y los nacionalistas. Y es previsible que lo seguirán haciendo en sucesivas convocatorias

La tolerancia de hecho ante ésta y tantas otras realidades legislativas que van transformando la esencia de nuestra sociedad es, probablemente, la responsabilidad más grave de los jerarcas y de los católicos españoles que, salvo honrosas y minoritarias excepciones, han renunciado a cualquier consecuencia cultural y social de su fe.


De los asistentes a los actos en defensa de la familia que tendrán lugar estos días cabe pensar lo que se dijo del Cid al verle errante por los campos de Castilla, desterrado de Burgos: “¡Dios, qué buen vasallo si oviera buen señor!”.

Ante esta situación, solamente cabe esperar que quienes todavía se movilizan en defensa de la familia y de la vida inocente abandonen su actual estrategia y comiencen a apoyar a aquellos movimientos políticos que coinciden en la defensa de los Principios No Negociables expuestos por Benedicto XVI y continuamente negados y traicionados en su doctrina y en su práctica por los partidos que recogen mayoritariamente el voto en España:

«...el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural; la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer; la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana» (Sacramentum Caritatis, 83).

Porque resulta contradictorio dar por bueno un sistema que lleva jurídicamente a efectos inadmisibles y no es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir.