Todo lo que estamos viendo ocurrir en Cataluña sobre todo, y en otras autonomías también, aunque menos y casi siempre al rebufo de la que marca el rumbo y la cadencia que es aquélla, sólo permite obtener como conclusión que el Gobierno de la nación, como representante del estado central, y éste como institucionalización de la nación (la española, la única constitucional e históricamente existente), es, en estos momentos, absolutamente incapaz de poner coto a ninguna iniciativa que se proponga una autonomía, por ilegal que sea.
Algunos españoles sólo se han dado cuenta de la prepotencia y la omnipotencia de nuestros gobernantes regionales cuando han visto prohibir las corridas de toros en una entrañable región española con gran tradición taurina por cierto, algo que, por demás, ni siquiera es nuevo y había ocurrido ya en otras regiones españolas, concretamente en las Islas Canarias. Sin embargo, muchas cosas de infinita mayor gravedad han ocurrido antes, no han recibido respuesta alguna y hasta han pasado por los medios y por la escena política en el silencio y la tranquilidad del moribundo que no tiene fuerzas ya ni para evaluar la gravedad de su situación.
El espectáculo de un Tribunal Constitucional que ante un cúmulo de despropósitos anticonstitucionales se limita –después de cuatro años de cobarde silencio- a realizarle un lavadito de cara a una ley, el Estatuto de Cataluña, anticonstitucional de pies a cabeza porque parte del principio anticonstitucional de dos naciones que se tratan de tú a tú; el no menos estrafalario de un presidente del Gobierno de la nación que asustado de las amenazas que recibe de partiditos con una representatividad mínima a nivel nacional afirma que cambiará las leyes para mediante cambios legales convertir en constitucional lo que es anticonstitucional hasta para el Tribunal Constitucional ¡que ya es decir!; el atentado que contra la más elemental de las libertades, la de expresarse en la propia lengua, sufren en una región española sobre todo, pero en otras cuatro en menor medida también, sus ciudadanos; el esperpento de una región sobre todo, pero de muchas otras también, que se maneja en la escena internacional con ínfulas de gran potencia en uso de una atribución, la de la política internacional, que le está expresamente vetada a las regiones por la Constitución; el nuevo desafío mediante el que se pretende cambiar la estructura provincial de España desde un Parlamento regional; y sobre todo, el de los continuos referenda convocados y celebrados en pueblecitos que ni policía municipal tienen algunos, permite corroborar que el Gobierno de la nación es, en estos momentos, absolutamente incapaz para imponer el orden constitucional allí donde se conculca, algo que, aunque nos empeñemos en mirar para otro lado, ha ocurrido ya demasiadas veces en España.
Desde tal punto de vista, es preciso reconocer que, después de todo, le debemos todo a la "moderación" de los Gobiernos autonómicos y a la de los partidos nacionalistas que los sustentan allí donde son partidos nacionalistas los que lo hacen –en otras, se bastan para hacer lo mismo los partidos de ámbito nacional-, porque la sensación que se tiene en todos los ámbitos de la política española es la de que cualquier desafío realizado desde ellos contra la unidad nacional y el orden constitucional quedaría, en estos momentos, sin respuesta ninguna por parte de la administración central y su Gobierno. Una sensación que por otro lado, no se limita al ámbito nacional, y abarca también al internacional.
Esta es la triste realidad española: una nación que, como diría Santa Teresa, vive ya, y desde hace bastante tiempo, “sin vivir en si, y tan alta vida espera, que muere porque no muere”.