Había oído hablar de lo que podríamos llamar “la vía navarra de aplicación de la Ley de aborto”, vía ensalzada por muchos como un modelo “sostenible” de rebeldía o resistencia a la nefanda práctica del aborto. Mucho me he preguntado cual era el modelo, y ayer, gracias a un artículo de ABC y que este mismo diario reproduce, firmado por la propia consejera de salud del Gobierno navarro, María Kutz Peironcely, he podido conocerlo de primera mano.
Consiste el mismo, en primer lugar, en la no realización de abortos en el sistema de seguridad social, dado que el número de objeciones de conciencia entre el personal sanitario que forma parte de la red pública es tan enorme, que resulta imposible realizar los abortos en la misma. Hasta ahí nada que no ocurra en otras comunidades autónomas, en todas en realidad, pues lo cierto es que el porcentaje de intervenciones abortorias producidas en la red pública es verdaderamente ínfimo, y no lo es por otra razón que por la negativa de los profesionales a actuar en contra del juramento hipocrático que formularon al realizar su carrera.
Se une a ello, en segundo lugar, la inexistencia de abortorios privados en el territorio navarro, algo que se ha conseguido de alguna manera que desconozco y que, de hecho, la consejera navarra no explica en su artículo.
Y en tercer lugar, como colofón del sistema y la gran clave del mismo, el que lo hace posible, sostenible y, en definitiva, factible. Nos lo cuenta la propia consejera:
“Navarra garantizará la prestación de la IVE [sic, quiere decirse la “interrupción voluntaria del embarazo”] a través de la derivación a una clínica de otra comunidad autónoma, elegida por la paciente en función de su accesibilidad, asumiendo los costes derivados del desplazamiento y dietas de la paciente y acompañante, así como la factura de la prestación”.
Pues bien, si esto es lo que algunos ensalzan como vía de rebeldía contra el aborto, que me expliquen que es lo que tiene de ensalzable. No estar con el aborto es no estar con el aborto. Pagar a otro para que lo haga y, además de eso, enviar a la persona que se somete a la misma a la comunidad “de su elección”, con todos los gastos pagados ¡¡¡y con un acompañante!!!, como si de un viajecito de placer se tratara... me parece cualquier cosa menos estar contra el aborto.
Discúlpenme pero lo que se practica en Navarra ni es insumisión ni nada que se le parezca, y por suponer, incluso supone el peor desarrollo que se puede hacer de una ley como la Ley Aído –orgullosa puede estar la joven ministra de haber ligado su nombre a semejante legado- o como aquélla a la que reemplaza, otorgando a la misma un doble plus a cada cual más indeseable: de un lado, un plus de sobrecoste nada despreciable en los tiempos que corren, con “dietas” [sic], alojamiento, pensión completa... ¡y todo ello multiplicado por dos! Y de otro, y lo que es aún peor, un plus de legitimidad, ya que hacer correr al erario público con todo ese sobrecoste, no representa otra cosa.
Si lo que está ocurriendo en Navarra es lo que describe la consejera de salud, y no tengo motivos para creer que no es así, forma parte, a mi entender, de un espectáculo bochornoso e indigno, que más se parece al canallesco acuerdo alcanzado por el Sr. Carod con la ETA cuando negoció que los asesinatos se cometieran lejos de Cataluña, que a un ejercicio de rebeldía o resistencia ante la Ley.