El Colegio Santa María, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Salta (Argentina), está siendo sometido a "un verdadero linchamiento mediático, judicial y político por parte de quienes defienden el totalitarismo de género, vulnerando los derechos a la libertad de enseñanza, a la libertad contractual y a la libertad civil en materia religiosa". 

Así lo expresa el comunicado de solidaridad con el colegio que firman ocho establecimientos educativos porteños y de la Provincia de Buenos Aires, así como una treintena de profesores que denuncian que "los ataques reiterados que vienen sufriendo los centros educativos de gestión privada por parte del llamado 'colectivo LGBT' nos muestran la mentalidad totalitaria de sus activistas y de la ideología de género".

Por ese motivo hacen un llamamiento "a los padres de familia, a las entidades representativas de los colegios privados y a los políticos defensores de las libertades concretas de las personas, las familias y los cuerpos intermedios, para que pongan todos los medios a su alcance a fin de detener esta embestida despótica y en el caso que nos ocupa, defiendan la autonomía institucional del Colegio Santa María de la ciudad de Salta".  

El origen del ataque al colegio proviene de la denuncia de un alumno a quien se le pidio que se quitase una pulsera LGBT por ser contraria al ideario del centro. Aunque finalmente se le permitió conservarla, cuatro compañeros le apoyaron difundiendo por redes sociales imágenes ofensivas contra los símbolos del centro, por lo que fueron sancionados. Tras una intensa y agresiva campaña mediática y política contra el colegio, éste fue sancionado por Analía Berruezo, ministra de Educación de Salta, con una multa de 100.000 pesos (2318 euros) y la obligación de readmitir a los alumnos.

Intervención del abogado del Colegio Santa María en un medio de comunicación, explicando los pormenores de los hechos.

"Los colegios públicos de gestión privada tienen un Ideario y un Acuerdo Institucional de Convivencia que deben ser respetados por los alumnos", afirma el comunicado de solidaridad con el colegio: "Los padres que eligen libremente y sin coacción alguna que sus hijos cursen la escolaridad obligatoria en un colegio privado, saben de antemano cuál debe ser la conducta de sus hijos respecto de los valores y símbolos de un colegio, de modo que no pueden acusar de injusta discriminación al establecimiento por sancionar y/o no matricular a sus hijos para el siguiente curso lectivo, cuando han cometido una falta muy grave".

Por su parte, el colegio Santa María considera que ha sido víctima de "un procedimiento administrativo ilegítimo e ilegal", en el que se han "violentado y vulnerado" sus "garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal". Además, y "en violación de la Ley de Procedimientos Administrativos", se les han impuesto "plazos absurdos, imposibles de cumplir", para la recopilación de documentación que permitiese "demostrar la inexistencia de discriminación alguna".