Los cuerpos policiales y militares de Venezuela mataron a 1.611 personas en los primeros seis meses de 2020, un promedio de 9 personas por día. La mayoría de las víctimas eran jóvenes pobres, de entre 18 y 30 años. Los datos publicados son el resultado de un trabajo conjunto realizado por la fundación del Centro Gumilla de Caracas, filial de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), dirigida por los jesuitas, y el Programa de Educación y Acción en Derechos Humanos de Venezuela (Provea). Las dos organizaciones han iniciado un proceso de control social de la violencia institucional, policial y militar desde el año pasado.

 

Crímenes impunes

Las miles de víctimas provocadas por la violencia institucional en Venezuela son, según los autores del informe, “la consecuencia de una política de Estado que conjuga el estímulo de las altas autoridades para cometer abusos y la impunidad estructural, dado el dominio del sistema de administración de justicia por parte del poder político oficial. Los funcionarios actúan con plena libertad ante la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, ya que cuentan con el apoyo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.

 

El informe reporta algunos ejemplos documentando que si, por el contrario, personas cercanas al régimen de Maduro son víctimas de hechos delictivos, las autoridades intervienen en muy poco tiempo. Los funcionarios actúan con plena libertad ante la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, ya que cuentan con el apoyo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.

 

Las ejecuciones extrajudiciales se justifican como si las víctimas hubieran sido asesinadas mientras utilizaban armas contra la policía y el ejército. De hecho, sostiene el estudio, las personas son arrestadas y posteriormente asesinadas.